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Palo porque bogas y porque no bogas, palo. Recuerdo, quizá por lo peculiar, una situación que se daba algunas veces en el ámbito del Derecho Internacional. Se denomina “la raquette”. En síntesis se trata de casos en que frente a un tema litigioso, la legislación de determinado país, en principio competente para resolverlo, determinaba, de acuerdo a su normativa interna, que la legislación aplicable y la jurisdicción competía a otro Estado y éste, a su vez, al anterior u otro diferente, que a su vez volvía a derivar, en algunos casos, al primero en cuestión. Todo esto, obviamente producía un problema casi insoluble.
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Este escenario circular que determinaba la famosa “raquette” tiene similitudes con la actitud de los actores políticos en la relación gobierno-oposición cuando aparecen hechos que, necesariamente, dan lugar a la controversia.
Intentaremos echar, al menos, un haz de luz sobre este tema.
Una precisión trascendente: los conceptos que se manejarán en el correr de esta nota son absolutamente válidos con independencia de cualquier coyuntura política. Son válidos en esta, en la que el Frente Amplio es gobierno, como lo fueron y serán si la actual oposición llega al poder, en la medida que estas herramientas de contralor son inherentes a cualquier gobierno democrático.
Es claro que hoy día el país atraviesa por una diversidad de problemas serios. Esto constituye una circunstancia objetiva aceptada por gobierno y oposición.
La situación de la seguridad; el sistema penitenciario; la brutal desconfianza sobre el sistema de salud: la enseñanza; etc.
A todos estos problemas, se le ha agregado, en los últimos días, la situación con Argentina por el dragado del canal Martín García.
Demoras; denuncias de corrupción; procesamiento del presidente de la delegación argentina en la CARU por fraude en su participación en la organización de un evento internacional; dos empresas holandesas enfrentadas, etc., etc. Elementos todos que conforman una especie de “maraña” en la que seguramente existan muchos aspectos interrelacionados.
Pero aquí viene el sentido de esta reflexión. Existe un hecho indubitable; los problemas son reales y de extrema gravedad.
¿Qué acciones adopta la oposición? Las que le otorga la Constitución y, por tanto, hace uso de las herramientas jurídicas tendientes a aclarar situaciones no del todo claras o denunciar lisa y llanamente conductas omisas, inoportunas, ilegales o incluso delictuales eventualmente imputables a jerarcas de la Administración.
¿Cuál es la actitud del gobierno frente a ello? Descalificar los planteos con el argumento de atribuir a sus promotores intenciones menores de politiquería electoral, con la finalidad única de arrimar agua para su molino, cuando en realidad lo correcto sería “tratar estos temas con la seriedad que la trascendencia de los mismos ameritan”.
Entonces, frente a esos hechos reales y graves, ¿cómo debería actuar la oposición? ¿Actuar solidariamente con el gobierno haciéndose cargo de problemas de cuyo acaecimiento no es responsable? Esto sería absurdo en cualquier sistema político.
Es claro que la oposición siempre tiene una intención política cuando realiza este tipo de planteo. Sería ingenuo pensar que cuando se hace uso de la herramienta de la interpelación se tengan en cuenta exclusivamente “los altos intereses del país”.
La oposición —cualquier oposición— en un régimen democrático, tiene como objetivo alcanzar el gobierno y por tanto resulta no sólo absolutamente lícito sino imprescindible en la consecución de ese objetivo, aprovechar los flancos débiles del oficialismo con fines electorales.
Y este sesgo “electoralista”, ¿invalida que se apunte a que el gobierno explique asuntos trascendentes en que aparecen mezcladas la mala gestión con elementos de corrupción, admitidos incluso por el gobierno?
En definitiva si interpelo soy demagogo. Pero si no interpelo, y esto es lo fundamental, no solo no soy oposición, sino que me convierto en coautor o cómplice de la comisión de esos hechos.
Ahora: en esta disyuntiva, el pecado venial (si puede calificarse como pecado) es tratar de sacar una ventaja electoral colateral manejando estos hechos casi escabrosos, pero el pecado mortal e imperdonable es utilizar el vil instrumento de la descalificación para no dar explicaciones; no ya a la oposición, sino a la totalidad de la ciudadanía.
