Establecer ese marco me parece “adecuado” en la medida en que, como nos enseñara luminosamente nuestro prócer José Artigas, “es muy veleidosa la probidad de los hombres (y) solo el freno de la Constitución puede afirmarla”. Además, obviamente, la diferencia de raíz con Oddone y otros defensores del régimen mixto está en que cuando piensan en la seguridad social en ningún momento se cuestionan las fuentes de financiamiento, y parten siempre de la base de que un sistema de reparto debe fundarse en los aportes ya existentes provenientes principalmente del trabajo, y no apuntan a que provengan de modo prioritario del capital (cuyas exoneraciones hace tiempo deberían avergonzarnos). A partir de esa base, esos defensores del statu quo (tal vez a pesar suyo) se comen a sí mismos la cola y terminan buscando soluciones que inevitablemente terminan en “trabajar más, cobrar menos, y estar menos tiempo vivos como jubilados”.
También, lo que hace especialmente “adecuada” la reforma propuesta (es decir “correspondiente, apropiada, ajustada exactamente a las condiciones, circunstancias u objeto” según la RAE) es que objetivamente es la única manera de eliminar el régimen mixto con carácter obligatorio tal como lo conocemos. Ya hemos visto cómo en los tres períodos en los que estuvo a cargo del gobierno el Frente Amplio no las eliminó, y no hay razón alguna para suponer que por la vía de la ley pueda llegar a hacerse en el futuro. Guste o no guste, a las AFAP las eliminará el pueblo en las urnas o continuarán in eternun: entonces, el momento “oportuno” es en octubre de 2024 y no otro. Allí el soberano habrá de manifestarse libérrimamente y a su voluntad deberemos atenernos. De no ser así, seguiremos sujetos a lo que la embrionaria “casta” decida y a lo que algunos think thanks nos recomienden.
Por otra parte, Oddone considera que es “inconveniente” que se establezca la edad mínima de retiro en la carta magna. Aquí, debemos volver a Artigas y recordar que: a) en su campaña electoral de 2019 el presidente Lacalle Pou recorrió el país diciendo que no iba a aumentar esa edad para quienes estuvieran trabajando hasta ahora, así como tampoco iba a cambiar otras reglas de juego; b) ese discurso contribuyó a reafirmar una opinión mayoritariamente consolidada en nuestro pueblo, especialmente entre la juventud: la de no aumentar obligatoriamente la edad referida, y en todo caso promover estímulos económicos al momento de jubilarse (como también prometiera Luis en 2019) para que la postergación del retiro sea voluntaria (curiosamente esa misma opinión fue sostenida por el economista del Banco Mundial Sr. Apella, sin que nadie lo acusara de formar parte del FA-PIT como irónica, equivocadamente y al borde de la náusea dicen algunos y algunas); c) si la opinión reiteradamente expresada en decenas de encuestas de opinión por la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras es contraria a ese aumento obligatorio, ¿por qué no ponerle un freno constitucional a quienes desde el llano prometen una cosa y luego desde el poder hacen otra? (Si en el futuro esa opinión cambiara, perfectamente el nuevo Parlamento o algún otro que se elija en el futuro, o el 10% de los entonces habilitados para votar podrían promover su nueva reforma constitucional y volver a cambiarlo).
Finalmente, la califica de “imprudente” “porque la iniciativa condicionará severamente la política económica en el futuro, en particular la del próximo gobierno”. Esta calificación se asienta más en cuestiones ideológicas que en fundamentos económicos y financieros inmodificables, ya que es tal la prudencia de la iniciativa que deja a los miembros de los futuros Poder Ejecutivo y Legislativo la redacción de muchas modificaciones que la realidad reclama. (Por ejemplo la constitución de un pilar no obligatorio de ahorro, de capitalización colectiva, administrado por alguna entidad estatal).
Efectivamente, en línea con lo anterior, el aumento de las pasividades mínimas o el retorno a un sistema de reparto propuestos ha llevado a muchos a sostener que si los mismos prosperan, no será posible aumentar el llamado gasto público en la infancia y adolescencia, en educación y salud. Los más veteranos lectores seguramente recordarán conmigo que algo parecido se decía cuando el llamado plebiscito “de los jubilados” de 1989. Sin embargo, el plebiscito triunfó por abrumadora mayoría y no ocurrió ninguna catástrofe económica.
Por el contrario, si miramos como lo hemos hecho otras veces detenidamente, la evolución del gasto público social en el período 1985-2018,2 podemos encontrarnos con datos que quizá a algunos sorprendan. En tal sentido, no es de recibo, ni está comprobado por los hechos, que A) lo que se destina al BPS no permite dicha inversión. Si miramos la evolución3 del llamado “gasto” público vemos que pasó de ser un 15% del PBI en 1985, a casi el doble en el 2018, año en que tres cuartas partes de los “gastos” del gobierno central se destinaron a áreas sociales: vivienda y servicios comunitarios (1% PBI), educación (5%), salud (6%) y seguridad y asistencia social (14%) [sumándose en este último rubro todas las prestaciones del BPS (jubilaciones, pensiones, seguro de paro, asignaciones familiares, seguro de enfermedad, etcétera) más el Mides, el INAU, y más las “cajas” Militar y Policial (destinándose a estas dos más de la décima parte de la función)]. Es particularmente relevante el siguiente cuadro, referido a la distribución:
AÑO Seguridad y Asistencia Social Educación Salud
1985 ——————- 64,1% ————————————————- 14,5% —————— 16,5%
2005 ——————- 56,8% ————————————————- 15,6% —————— 20,1%
2018 ——————- 50,8% ————————————————- 18,4% —————— 24,3%
Es decir, el aumento objetivo de lo invertido en seguridad y asistencia social no solamente no limitó el “gasto” en educación y salud, sino que porcentualmente aquel se redujo, y estos dos últimos aumentaron. Reforzando aún más nuestra visión, debe tenerse en cuenta que en el período se crearon dos ministerios nuevos: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (1990) y el Ministerio de Desarrollo Social (2005). Por lo tanto, lo que realmente define son las decisiones de política económica y social que se adopten: quién recibe y usufructúa qué derechos, y quiénes los pagan.
Por otra parte, la sola eliminación de las AFAP provocará un significativo cambio económico financiero inmediato y a mediano plazo, lo que permitirá, por ejemplo, —como con justicia pide Gabriel Pereyra— que puedan destinarse los 100 millones de dólares de los que habla la ONU para terminar “con la pobreza monetaria en los hogares uruguayos con niños menores de dos años”. ¿Por qué decimos lo anterior? Porque en cuanto la reforma constitucional quede firme, el BPS recuperará anualmente más de 1.200 millones de dólares que alcanzarán para eliminar el “déficit”, que el año pasado fue de 560 millones de dólares.
Ciertamente una parte de esas mejoras será absorbida por el “costo” de aumentar las pasividades mínimas, pero también aquí hay cosas para decir. ¿A dónde terminará esa importante masa de dinero en más que pasarán a cobrar los y las titulares de esa nueva pasividad mínima? “El aumento que se propone impacta directamente en una reactivación de la demanda y producción interna ya que el ‘pasivo’ invierte ese aumento en el pequeño almacenero, el productor agropecuario familiar y pequeño industrial. Según datos de Naranjo Sotelo (2014), que evalúa la incidencia del monto de las jubilaciones en el total de los ingresos de los hogares, y ofrece una caracterización de estos según tipo de ingresos, dice que estudiando únicamente a los hogares que tienen entre sus integrantes algún jubilado de cualquier organismo, los ingresos asociados a jubilaciones representan cerca del 40% del ingreso total del hogar, porcentaje que se ubica en 35% al considerar a los jubilados por BPS. Adicionalmente, el autor analiza la incidencia de los ingresos por jubilaciones de BPS en los ingresos totales del hogar de acuerdo con el nivel de este. Los resultados encontrados indican que en los hogares considerados en la categoría de ingresos más bajos y que tienen al menos un jubilado por BPS, la incidencia de las jubilaciones asciende a un 37% de los ingresos totales. No solo brindaríamos un piso digno de jubilación y pensión, sino que contribuiríamos a un aumento de los ingresos en los hogares más pobres, dando mayor sustento a las infancias y adolescencias que conviven” en ellos.3
¿Con qué números y restricciones se encontrará el próximo gobierno solo por la aprobación de la reforma jubilatoria ya votada e independiente del plebiscito? Como ha escrito recientemente el economista Antonio Elías, se “generan altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto” (BPS) “y aportan al sistema privado, mientras que la mayoría de las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán hasta que empiecen a jubilarse por el nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado”.
Llegamos así a la eliminación de las AFAP, verdadero corazón de una parte importante de los males que padece el país en cuanto a las magras jubilaciones que todo el mundo sabe que pagan, el llamado “déficit” del BPS, y la escandalosa ganancia en cientos de millones de dólares que hasta ahora han obtenido a costa de trabajadores y trabajadoras.
Al respecto se han dicho muchas cosas, algunas de las cuales son verdaderas barbaridades. El inefable ministro de Defensa, Javier García, y la soberbia candidata Laura Raffo han llegado a hablar de “robo de los ahorros de los trabajadores”. Si nuestra sociedad no fuera tan generosa, merecían perfectamente ser denunciados penalmente por tamaño desatino y tan furibunda mentira. Otros han sido más precavidos y han hablado de “confiscación” o “apropiación” de los aportes realizados.
En sentido estricto, el Fisco confisca cuando expropia un bien y no otorga nada a cambio. En el caso en cuestión, una vez eliminadas las AFAP y al quedar los ahorros de los trabajadores en un fideicomiso, ¿quienes trabajan no recibirán nada a cambio cuando se jubilen? Por supuesto que sí, porque de triunfar el plebiscito la única jubilación que pasará a pagarles el BPS, será más plata que “las dos jubilaciones juntas” (BPS más AFAP vía Banco de Seguros) que nos habían prometido Sanguinetti y compañía en 1995.
Álvaro Delgado salió a decir que queremos “expropiar los ahorros de los trabajadores”. Con todo respeto, ¿puede ser que el mismo que decidió junto con el gobierno perjudicarlos en su jubilación futura ahora se erija en su “defensor”? ¿Cómo les resulta tan fácil pasar de victimarios a defensores de las víctimas? ¿En qué circo aprendieron a hacer esas volteretas de gimnastas de cuarta?
Hay decenas de miles de jubilados y jubiladas por el régimen de las AFAP que están cobrando por la parte que a ellas les corresponde por el “ahorro individual” sumas de 80 pesos, 140 pesos, 400 pesos, mil, dos mil, tres mil… después de haber aportado más de 40 años al BPS. ¿Quién les “confiscó” y sigue “confiscando” el monto que hubieran cobrado si no existieran las AFAP? Pues los responsables de que las mismas existan.
Por la ley de “cincuentones”, miles están cobrando desde que se retiraron un 10 por ciento menos que quienes estaban en el Régimen de Solidaridad del BPS. ¿Quién les “confiscó y confisca” ese 10% menos todos los meses? También los responsables de que eso se haya decidido a nivel parlamentario. ¿Quién se ha hecho la autocrítica por estas acciones u omisiones y las corrige?
(Tal vez los que podrían ponerse nerviosos con el plebiscito sean los 27.000 compatriotas que hoy ganan más de 236.000 pesos —entre ellos, todos los legisladores y las legisladoras— porque si triunfara el plebiscito, van a tener que empezar a aportar al BPS por la totalidad de sus sueldos, también por encima de esa cifra, y tal vez devolver los aportes que no hicieron y se guardaron en el bolsillo o sí ahorraron todos estos años. Aun así, el Parlamento que surja de la próxima elección tendrá dos años para resolver el último problema y hasta condonar esa “deuda”).
Se ha hablado también de juicios contra el Estado. De ganar el Sí en el plebiscito, la Constitución dirá: “La entrada en vigencia de esta reforma, no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP”. Por mi parte, simplemente recuerdo que en Bolivia lo que serían nuestras AFAP se eliminaron en la Constitución: ¿alguien ha leído o escuchado que el Estado boliviano haya sufrido o perdido algún juicio en su contra? ¿Argentina los tuvo? ¿Los 18 países que en el mundo han revertido las privatizaciones según la OIT, también tuvieron esos problemas? No.
El problema de fondo tal vez sea el de que, si la Reforma Constitucional triunfara, habrá que pensar en ampliar nuevas fuentes de financiación para el sistema y como dijimos más arriba —de una vez por todas— dejar de hacerle el caldo gordo al gran capital. En fin, lo anterior ha pretendido ser una respuesta a cosas escritas y dichas con las que discrepo. Se podrán compartir o no, pero no caben dudas de que dan una visión diferente a la proporcionada por los cuestionadores de la reforma constitucional. Por ella ya firmé y militaré para que en octubre de 2024 se transforme en realidad. El formidable poeta griego Iannis Ritsos ha sostenido que “la verdadera estatura del hombre se mide con el metro de la libertad”. El pueblo uruguayo nos dirá qué uso quiere hacer de ella: no hay nada más adecuado, conveniente, oportuno y sin vergüenza que un verdadero magisterio de esa libertad.
Juan Adolfo Bertoni 4
CI 3.289.304-5
Expresidente de ATSS
1 Citado por Constanza Moreira en “Resistencia política y ciudadanía: plebiscitos y referéndums en el Uruguay de los 90”. Universidad de Salamanca, 2004.
2 Dinem Mides. “El gasto público social en Uruguay. Actualización de la estimación hasta 2018. Documento de trabajo. Febrero del 2020”. (Cuadro: elaboración del autor con base en el gráfico 4 de dicho texto).
3 “Manual para militantes”, de los promotores del plebiscito, 2023.
4 Parte de lo anterior no podría haber sido escrito sin diversas lecturas de los economistas Antonio Elias, Jorge Notaro y Carlos Viera.
