Si no fuera porque el problema y sus derivaciones son graves, uno podría pensar que en la empresa Cifra no tenían mucho trabajo y decidieron inventar un plebiscito inexistente para ejercitar sus instrumentos de medición. El problema es que ese invento y ese trabajo primero lo vendieron, luego lo hicieron y en simultáneo lo difundieron a todo el país, con todos los riesgos que ello trae siempre aparejado.
Quienes leen Búsqueda saben bien que nunca es un problema menor el manejo equivocado de la información. Su mala práctica suele terminar dando de comer a los enemigos de una sociedad que quizás cada vez más debería querer ser radicalmente democrática y libre, bien informada, necesariamente crítica y transformadora. Para ese fin, una encuesta de opinión pública, cuando está bien hecha, puede aportarnos elementos que permiten una mejor comprensión de eso que llamamos realidad en que vivimos.
¿Pero qué pasa si esa encuesta está notoriamente mal hecha? ¿Qué pasa o puede pasar, además, si un sector ampliamente mayoritario del periodismo reproduce las “conclusiones” de esa encuesta presuntamente objetiva sin a su vez someterla al más estricto juicio de la razón y el entendimiento que solo puede ser posible si se estudian en profundidad los temas? 1.
Creo humildemente que así la democracia en que vivimos se fragiliza y lastima aún más y el Uruguay por el que casi todos dicen desvelarse continúa alejándose del mejor horizonte posible.
¿Una encuesta cifrada? Hace unos días Cifra decidió abiertamente salir a formar opinión, de modo sesgado, difundiendo los resultados de un presunto examen tentativo de opinión que, lamentablemente, no tiene desperdicios y debe ser analizado para intentar reducir los daños de una equivocación tan grande.
Cifra afirma que “se están juntando firmas para convocar a un plebiscito para derogar la reforma al sistema jubilatorio que se aprobó hace un año. (…) ¿Qué harían los electores si en octubre, junto con las elecciones nacionales, pudieran optar por poner una papeleta a favor de la derogación?” 2.
A partir de esa pregunta y las presuntas respuestas obtenidas concluye que un tercio de la población votaría a favor de la “derogación”, otro tercio votaría por mantenerla, y el tercio restante no sabe o no tiene aún definida su posición. Termina con algunas observaciones que oscurecen la comprensión del problema llevando agua —se quiera o no— hacia el molino de quienes se oponen al plebiscito.
Textualmente, nos dice lo que toda persona sensata y con memoria ya sabe: que “la experiencia sugiere que para ganar un plebiscito se debe contar con grandes mayorías que lo apoyen incondicionalmente”. Pero en el final se despatarra y vuelve a asegurar que “no parece ser el caso. ¿Puede cambiar el clima? Sí, claro que puede, pero eso requeriría un esfuerzo mucho más vigoroso de los proponentes (…). En principio, no parece un escenario muy probable”. En suma: deja subyacente la idea de que el plebiscito estaría yendo camino a una derrota inevitable para sus impulsores.
Lo que Cifra oculta es lo que mayor valor tiene. Así las cosas, creo tener la obligación ética de decir que efectivamente el problema para la empresa referida es que lanzó irresponsablemente a la población una pregunta a partir de datos que no existen y que, por lo tanto, falsifican lo que sí es la propuesta en discusión de la ciudadanía. Es decir, el error de Cifra no es uno más entre tantos posibles, no: es un error muy grave.
Porque el verdadero plebiscito, si uno se toma el trabajo de leer con atención la papeleta con la cual estamos juntando firmas —para empezar y como gran línea gruesa—, no deroga nada. Es más, si se recorre a lo largo y a lo ancho el texto debajo del cual se debe estampar la firma, se comprueba que la palabra derogación no está escrita en ningún momento ni en ningún lado.
Lo que sí hay es un planteo compacto y relativamente claro de un grupo de cambios y transformaciones esenciales propuestos para nuestro sistema jubilatorio y pensionario que mejoran a quienes ganan pasividades mínimas y eliminan el lucro hoy vigente en el sistema. (La inmensa mayoría de los artículos de la “reforma” aprobada en el 2023 no son siquiera tocados: eso deberá resolverse por el próximo gobierno y el Parlamento electos en un plazo de máximo de dos años).
La encuesta que no se hizo. Si se hubiera buscado conocer correctamente lo que puede pasar, debieron haberse hecho las preguntas correctas, en un todo coherentes con el texto de la papeleta. Esas preguntas, ciertamente, no son demasiado complicadas: 1) ¿está usted de acuerdo con que sea el pueblo quien decida sobre algunos aspectos muy importantes del sistema jubilatorio y pensionario?; 2) ¿usted está de acuerdo con aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas hasta igualar el valor de un salario mínimo nacional?; 3) ¿usted está de acuerdo con que la edad de retiro para jubilarse sea a los 60 años (sin perjuicio de la esencial libertad de cada uno o cada una de postergarla voluntariamente)?; 4) ¿está usted de acuerdo con que las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) sean eliminadas de todo el sistema, dejando sin efecto el cobro mensual de comisiones que realizan a los aportes de los trabajadores y trabajadoras y devolviendo el rol integral de protección previsional al BPS y otros organismos paraestatales, mejorando las futuras pasividades para la inmensa mayoría de la población trabajadora?; 5) ¿está usted de acuerdo con que el BPS recupere 1.300 millones de dólares por año?
Si algo como lo anterior se hubiera preguntado, entonces sí podríamos hablar del verdadero proceso plebiscitario en curso. ¿Y los resultados habrían sido los mismos? No lo sabemos (y seguiremos sin saberlo hasta que las urnas efectivamente se expresen). Pero podemos imaginarnos qué podrían llegar a pensar y votar quienes hoy cobran una jubilación o pensión mínima, o qué pasaría por la cabeza de las decenas de miles de jubilados y pensionistas que hoy están cobrando cifras escandalosamente bajas producto de la acción del régimen mixto vigente y las AFAP (como “rentas vitalicias”).
Solo formulando las preguntas anteriores será posible aproximarnos a un estado de opinión que no tenga sesgo alguno: con la encuesta realizada por Cifra lo único que podemos asegurar es que las personas encuestadas fueron muy erróneamente informadas por la empresa sobre el plebiscito previsional, habiéndoseles preguntado lo que no había que preguntar y omitiendo lo que sí correspondía.
Solo el intercambio y la información veraz permitirán decir que estamos decidiendo. Como dije, la difusión de estas “conclusiones” fue amplificada por la casi totalidad de los medios de comunicación, que lo repitieron sin rigor crítico alguno. Así, sectores importantes de nuestra población que consumen esos medios pueden tener en su cabeza la idea algo borrosa de un presunto estado de opinión bastante pesimista sobre el éxito del plebiscito que, por lo menos, objetivamente conspira sobre lo que puede pasar con el plebiscito real.
El gran desafío entonces sigue estando en poder llegar a la mayor cantidad de personas con la información textual de lo propuesto. Si alcanzamos eso diariamente, se está viendo que el camino se desbroza con relativa claridad y las expectativas podrían llegar a diferir de la opinión que imponen los defensores del statu quo.
De nuestra parte, lo que necesitamos son más compañeras y compañeros que participen activamente en la campaña hasta que finalice el plazo de recolección de firmas y continúen luego por todos los medios difundiendo objetivamente lo que proponemos para decidir el último domingo de octubre.
Si así lo hiciéramos, estaríamos contribuyendo a que la decisión popular se tome con la mayor cantidad de datos precisos e información correcta. ¿Quién nos dice que tal vez (como ya pasó con el plebiscito de los jubilados en 1989 y la recordada minirreforma constitucional en 1994) unos cuantos tengan que pedir disculpas y reconocer la inteligencia y sana valentía de nuestro pueblo, más allá de banderas partidarias?
Quizás el resultado del plebiscito les tape la boca a muchos irresponsables y los obligue a repensarse para que cumplan sus importantes funciones sociales a conciencia.
Adolfo Bertoni 3
Expresidente de ATSS
CI 3.289.304-5
1) La encuesta reciente fue ampliamente difundida, acríticamente, por medios o programas de un amplio espectro que incluye desde El Observador y El País hasta Caras y Caretas, pasando por programas como En perspectiva y todos los informativos de TV y radios de Montevideo y el interior.
2) Textualmente, la pregunta exacta formulada a las personas encuestadas fue: “Si se hace un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social, ¿Ud. votará por derogarla o no?”.
3) Al finalizar, algo tampoco menor. Cifra informa que la encuesta “es multicliente y financiada por empresas públicas y privadas, partidos políticos, organismos del Estado y organizaciones internacionales”. Por ello corresponde formular algunas preguntas más. ¿Cuáles son esas empresas públicas? ¿Cuáles son los organismos del Estado vinculados con este desatino? ¿Qué intereses persiguen al pagar este tipo de encuestas? ¿Con cuáles objetivos? ¿Corresponde a sus responsabilidades dilapidar los dineros públicos en cualquier cosa sin un mínimo de auditoría y sin ningún tipo de explicación a la ciudadanía? La opacidad reinante da para poner el grito en el cielo. Es dinero de quienes habitamos el país: ¿quién nos pidió autorización para gastarlo en estas barbaridades?
