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Todo ejercitante de la política sabe que su cerno es el poder y que toda ella gira en su entorno.
Todo estudiante de Ciencia Política sabe que, según se ejerza el poder en una sociedad, será el grado de libertad y de estabilidad que aquella tenga.
Los primeros capítulos de los manuales de Ciencia Política nos dicen que en una democracia el poder reposa sobre dos pilares: la legitimidad y el consentimiento, para aclarar rápidamente que la legitimidad no basta, debe ir acompañada de efectividad y que el consentimiento puede darse de diversas maneras, desde el tácito hasta el entusiasta.
Por último, un observador medianamente avezado de la política sabe que en la realidad no existe el vacío de poder, al menos no por mucho tiempo: si alguien no lo ejerce o lo descuida, aparecerá otro que lo ocupe.
Después vienen todas las teorías acerca del gobierno, preconizando fórmulas como la separación de poderes, el presidencialismo, el parlamentarismo, etc.
Pues bien, a la luz de todo esto, del universo teórico (muy abreviado), ¿dónde está parado nuestro Uruguay?
¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién lo ejerce? Y eso, ¿qué consecuencias tiene para nosotros?
Pero antes, una pequeña digresión politológica: en una democracia, el análisis del poder y su ejercicio práctico no se detiene en los aspectos jurídicos (competencias y potestades) y su ejercicio. También debe incluir la realidad de la opinión pública, en un aspecto medular: la agenda. Quien determina la agenda de opinión en una democracia, ya detenta una importante cuota de poder.
Pero volvamos a la pregunta: en el Uruguay, ¿quién tiene el poder? En el Uruguay real, obviamente, no en el de los manuales y los discursos.
¿El Poder Legislativo, acaso? ¿Por qué no? Siempre se dice que es la base de la democracia.
Pues en nuestro país el Poder Legislativo ejerce muy poco poder. Mucho menos que el que la Constitución le confió y la teoría le adjudica.
La sujeción al Ejecutivo y la pérdida, casi total, de ascendencia moral sobre la opinión pública, lo han tornado en un factor de poder secundario, algo que mucho habría preocupado a Montesquieu, aunque no parece quitar el sueño a nuestros contemporáneos.
Por similares motivos y por ser prácticamente el único escenario político para el grueso de sus actores (aun aquellos oficialistas), tampoco los partidos son hoy, en el Uruguay, fuente relevante de poder. Todo lo contrario. La gente cada vez los aprecia menos y los valora peor.
¿El Poder Judicial? Sí, aunque por distintos factores, internos (capacidad, eficiencia) y externos (presupuesto), su poder es acotado y más pasivo (defensivo) que activo.
¿Qué hay entonces de todos esos núcleos, institucionales o sociales, que suelen esgrimirse, sobre todo en los discursos contestatarios y hasta subversivos? ¿El poder en Uruguay lo tienen los empresarios, los latifundistas, los ricos…? La realidad no dice eso. Nuestra democracia no se mueve al influjo de esos factores. Por el contrario, son universos que se ven a sí mismos a la defensiva. ¿Entonces, los medios de comunicación, el quinto poder? Tanto oímos hablar de la manipulación de información y otros engendros maléficos. Pues tampoco. Hace mucho tiempo que en nuestro país los medios no consiguen imponer la agenda y, mucho menos, sus candidatos. Lo ocurrido con la reciente Ley de Medios es claro ejemplo de lo acotado que está su poder.
¿Qué va quedando? ¿La Iglesia? Menos. Entonces, ¿qué?
Dos centros efectivos y reales de poder. Primero: el Ejecutivo. No todo él: hay ministerios con escaso poder y, por otro lado, no es solo el Poder Ejecutivo: organismos como Ancap tienen una importante cuota de poder. Pero el núcleo está en la presidencia (nótese bien, no solo en el presidente) y en dependencias como la DGI. El debilitamiento del Poder Legislativo, un manejo poco apegado a formalismos jurídicos y una red de actores relacionados por vínculos ideológicos ha decantado en que el ciudadano viva una realidad de sometimiento al poder efectivo del Estado como nunca antes en períodos de democracia (y hasta fuera de ella).
A lo cual se suma, por lo dicho acerca de que no hay vacíos de poder en la política, la segunda fuente de poder efectivo en nuestro Uruguay de hoy: los sindicatos.
Alentados por la fuerza política mayoritaria, apoyados en la subcultura política dominante del Uruguay urbano, cobijados institucional y jurídicamente y muy entonados ideológicamente, el poder sindical es el segundo en magnitud (cuando no impone su posición al propio Poder Ejecutivo).
Entonces, volvamos a los comienzos. En la democracia uruguaya, ¿cuál es la legitimidad en el ejercicio efectivo, verdadero, del poder?
¿Y cuál el consentimiento sobre el que reposa? Si llegamos a responder adecuadamente ambas preguntas, seguramente se nos abrirán los ojos acerca del tipo de democracia en la que vivimos.
