El problema de las drogas

Está bastante claro que la política internacional de prohibición, liderada por Estados Unidos y codificada en las tres convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988, no ha producido los resultados deseados —reducción del consumo y desmantelamiento de las estructuras criminales— sino más bien lo contrario: aumento del consumo en la región, sobre criminalización de los cultivadores de coca y de los consumidores y los conocidos efectos secundarios (crecimiento del mercado negro, aumento de precios en la cadena de comercialización, corrupción y, como efectos más negativos, violencia y militarización).

Claro está que estas posiciones no contienen propuestas lo suficientemente concretas para ser implementadas a nivel regional o nacional —incluyendo la propuesta de crear una Corte Penal de Unasur para los delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico, la cual además de tener un enfoque demasiado represivo, equipara esta criminalidad con los crímenes más graves internacionales de la Corte Penal Internacional (http://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/8138-%C2%BFes-conveniente-crear-la-corte-penal-de-unasur.html).

De todos modos, este nuevo discurso muestra una nueva consciencia en el continente que debe ser usada para influir en las discusiones durante la Ungass. Inclusive, podría convertirse en un movimiento a favor de una Convención Latinoamericana sobre Drogas que podría hacer los cambios necesarios al modelo básicamente prohibicionista y represivo de las tres convenciones del siglo pasado. Ya es hora de que los latinoamericanos, que han sido los que más han sufrido la mal llamada “guerra contra las drogas”, proclamada por nosotros, los países consumidores, lideren un movimiento para reformar las convenciones de la ONU, sobre todo la Convención de Viena de 1988.

En términos más concretos, es absurdo que esta Convención obligue en su art. 3 a los Estados parte a penalizar el consumo y así, siguiendo una interpretación estricta, de renunciar a la Convención para poder implementar una política más liberal en su propio territorio. Si bien uno podría interpretar la referencia a los principios constitucionales de los Estados parte en este artículo como una posible salida frente a la jurisprudencia constitucional (alemana y colombiana) a favor del consumo de la dosis personal, ante todo no debería existir tal norma. Pero una Convención Latinoamericana también podría tratar un tema que es tal vez el obstáculo más grande para una lucha transnacional contra el narcotráfico más eficaz, o sea la deficiente o más bien inexistente cooperación policial y judicial entre los Estados de la región. Basta pensar en la relación entre Colombia y Venezuela donde prácticamente no existe algún tipo de cooperación.

En resumen, un proyecto de Convención sería una excelente oportunidad de presentar al mundo la perspectiva latinoamericana frente a un problema que no tiene sus raíces en este hermoso continente.

Kai Ambos

Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)

Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad

Juez del Tribunal Provincial de Göttingen