El juez Vomero archivó el caso el 3/10/06 donde decía: “La muerte de Nibia Sabalsagaray pudo ser producto de una decisión de la occisa, empujada a ella por las condiciones de encierro e interrogatorio a que eran sometidos los prisioneros en las unidades militares…”. Luego expresó: “…en autos se trata de determinar las circunstancias de la muerte de Nibia Sabalsagaray, lo que pese al largo tiempo de investigación no ha sido posible”.
Apelando a la trampa de que habían intervenido civiles en el arresto, el caso fue quitado de la “ley de caducidad”. Se realizaron investigaciones y ex presos declararon no haber visto nunca civiles en el cuartel. Entonces accionaron contra los militares y en este caso contra Dalmao, convirtiendo el caso en “emblemático”. Así surgen los nuevos y milagrosos declarantes que presentó la Dra. Guianze en 2008, los que recordaron haber oído de un soldado, desconocido, que la joven había fallecido y al “cabezón Dalmao” se le había ido la mano. Nadie vio ni oyó nada a pesar de la proximidad de los calabozos entre sí, de éstos con la guardia, con los vagones en los que se encontraban otros presos y con la vía pública. Con ese fundamento, Vomero cambia de parecer, desarchiva el caso y lo procesa “por convicción” por coautoría de un crimen especialmente agravado, le aplica el art. 123 del Código Penal, que refiere a la peligrosidad de la persona, alarga en un tercio la pena y la hace no excarcelable.
¿Peligroso Dalmao? ¿El mismo Dalmao al que le otorgaron los dos últimos gobiernos la confianza de comandar la División Ejército IV, con casi 2.500 hombres armados, más artillería y blindados? ¿Fueron tan inconscientes e imprudentes el ex presidente Vázquez y el actual presidente Mujica, uno por nombrarlo y el otro por ratificarlo en el cargo? ¿Les parece que si existiera una mínima sospecha de que hubiera cometido un crimen le iban a confiar semejante poder real?
Culminada la primera etapa, se apeló el procesamiento ante el Tribunal, integrado por los Dres. Borges, Minvielle y Olivera Negrín. Su cometido, dejar o no firme el procesamiento para que se lleven adelante las investigaciones. Pero fue más allá de sus competencias. Tomó posición sobre el fondo del asunto y prejuzgó, afirmando, entre otras cosas, que se trató de un homicidio ocurrido en una sesión de tortura y que en el mismo participó Dalmao como coautor. El tribunal hace su propio relato. Si esto no es prejuzgar, ¿entonces qué es?
Esta sentencia fue cuestionada públicamente, entre otros, por el Dr. Pablo Mieres en una entrevista que le realizó Aldo Silva en Metrópolis FM. Al iniciar el reportaje uno de los periodistas dice: “Yo he hablado con muchos dirigentes del Frente que no lo dicen públicamente, pero dicen: el Poder Judicial está en una situación muy complicada. Merecen reparos algunos procedimientos, la actuación de algunos jueces y algunos fiscales. Por ejemplo, no lo van a decir públicamente, lo han dicho delante de varios de nosotros los periodistas, por ejemplo caso Dalmao (...), pero no lo dicen en voz alta”.
Respecto del caso Dalmao, el Dr. Mieres se refiere de esta manera: “Hay casos que a uno lo sorprenden. Debo confesar que la sentencia del Tribunal de Apelaciones me sorprendió en cuanto a la confirmación del fallo de primera instancia. Yo soy abogado, no ejerzo, no soy especialista”.
Aldo Silva: “¿Por qué lo sorprendió?”.
Mieres: “Porque leyendo la sentencia me dio la misma sensación que al abogado defensor, la sensación de que no había elementos de prueba. En la justicia penal la prueba es fundamental porque uno no puede fallar por convicción”.
Aldo Silva: “¿Qué pudo haber pasado acá?”.
Mieres: “No sé, no tengo idea, por eso me sorprendió. Estamos hablando de un fallo unánime de tres ministros del Tribunal de Apelaciones. Entonces uno tiene que valorar esas cosas pero de acuerdo a un buen juicio del análisis de la información que había y los argumentos que se sostuvieron en la sentencia, me sorprendió el fallo final”.
Terminada la instancia del Tribunal y como la Dra. Guianze había sido nombrada en la Institución de Derechos Humanos, se nombra fiscal interino al Dr. Carlos Negro, que en pocos días convirtió a Dalmao, por obra y gracia del Espíritu Santo, en autor de “homicidio político en grado de autoría, a título de dolo eventual”, solicitando 28 años de penitenciaría. Cadena perpetua. Siempre el mismo expediente, sin pruebas. Desesperante.
Llegado el caso a manos de la jueza Sánchez, que sustituyó a Vomero por su ascenso, tomó parte del relato disparatado del Tribunal, sumó la increíble acusación del fiscal Negro y lo abonó con detalles de su autoría. En una sentencia que habla de los derechos humanos en el mundo, en el tiempo y de la Revolución Francesa, lo condena a Dalmao a 28 años de cárcel. Hace un relato que no figura en el expediente, en el que, primero, dice que Sabalsagaray fue llevada por personas “no identificadas” y luego se contradice y dice que “atento a la posición de Dalmao en la OCOA, es lógico concluir que había participado en la decisión y obviamente ese día esperaba la llegada de la detenida”, que “debía interrogarla (...) y en el transcurso del interrogatorio bajo tortura (...) sobrevino la muerte”. Por primera vez se dice que mi esposo pertenecía a la OCOA.
Leído esto averigüé qué era la OCOA y me informaron que era un órgano que dependía de la División de Ejército I y era un destino militar, por lo que figura en los legajos de aquellos que sirvieron en él. ¿Habrá estudiado el legajo de mi esposo? Allí figuran sus 23 destinos militares; ninguno de ellos es la División de Ejército I - OCOA, porque jamás fue destinado a esa unidad. ¿De dónde sacó esa información? Todo es imaginación, sin sustento alguno. Nadie, en todo el expediente, afirma semejante cosa.
No hay pruebas de que la interrogaran y menos que lo haya hecho mi esposo, ni que la torturaran, ni que falleciera a consecuencia de todo lo que la jueza describe. Existe una autopsia de la occisa, realizada inmediatamente de sucedidos los hechos, la que en plena democracia fue sometida a un comité de ética médica que, con fecha 1º/12/89, la validó por no encontrar que haya existido falta ética en el protocolo de autopsia. El juez Vomero la había validado al archivar la causa en 2006.
La jueza ubica el caso en el marco del Plan Cóndor, plan que se habría instrumentado un año y medio después de la muerte de Sabalsagaray. ¿Con qué fin lo menciona? ¿Por qué los mismos que tanto reclaman por el respeto de los derechos humanos violan descaradamente los de mi esposo?
Guianze estudió seis años el caso y nunca probó la existencia de un crimen. Afirma en “El Diario” digital: “No tengo probado plenamente que él fue el que la mató, pero sí que estaba en el grupo de gente que la torturó y la mató. El coautor tiene la misma pena que el autor; a mí no me quita el sueño que hayan puesto autor o coautor”. También dijo: “Si Dalmao sabe quién la mató que diga quién la mató”. O sea, ¿si dice un nombre se salva? ¿De dónde surgen relatos tan distintos? ¿Todo viene bien?
Se lo procesó por “convicción”, como manifestó Vomero, pero no se puede condenar por convicción: se necesitan pruebas irrefutables y no las hay, ni testigos, ni crimen. Le atribuyen potestades y responsabilidades que no correspondían a su rango, con la sola intención de arribar a la meta fijada: condenarlo de por vida. Se ha perseguido sin piedad, desde el Estado mismo, a un hombre inocente, bueno, íntegro y leal. Se le destruyó vida, salud y carrera profesional, sometido al escarnio público y por ende a sus hijos, madre, familia y a mí. Nuestros hijos —uno adolescente aún— han debido salir a la calle y enfrentarse a vecinos, amigos, compañeros o simples conocidos, debiendo soportar miradas de indiferencia, lástima u odio. Soportaron conceptos durísimos e insultantes sobre su padre y lo que representa, en forma injusta e inmerecida.
En el libro del diputado Fernando Amado, “Bajo sospecha”, entrevista a la Dra. Azucena Berrutti, ex ministra de Defensa y defensora de detenidos en la dictadura. Bajo el subtítulo de “El garrón de Dalmao”, expresa: “Yo tuve una excelente relación con el general Dalmao. Ahora está procesado y yo creo que está absolutamente mal procesado”. Al ser consultada acerca de si comparte la postura de quienes sienten que Dalmao se “está comiendo un garrón” exclama con convicción: “Absolutamente. Mire que yo investigué ese asunto. Para mí el tema de la represión a esos grados era un tema que me tocaba muy profundamente. Entonces investigué, revolví papeles, leí, trabajé, busqué. Me consta lo que sufrió el general Dalmao esa situación. Personalmente, creo que el general Dalmao, que era alférez, no tiene relación. A lo mejor puede haber tenido más conocimiento pero autoría ninguna. De acuerdo a las normas que yo conozco no debería estar procesado, pero lo está”.
Está condenado a 28 años de prisión por un crimen que no existió y nunca escondió ningún hecho a las autoridades. Jamás sacrificaría a su familia por ocultar información, ni se escudaría en terceros, mintiendo para salvar su pellejo como pretendía la ex fiscal.
En otra parte del libro, la senadora Lucía Topolansky habla sobre la designación del actual comandante en jefe del Ejército, Gral. Pedro Aguerre. Dice: “Era un hombre que nada tenía que ver con la dictadura, porque él era un niño”.
Concuerdo totalmente con la senadora: mi esposo era igual de niño que el señor comandante, ya que ingresaron el mismo día a la Escuela Militar, fueron compañeros los cuatro años y se recibieron el mismo día también.
La Justicia se puede criticar, pero se debe acatar, dijo el Sr. Presidente Mujica. Eso ha hecho mi esposo, silenciosamente: confiar en una justicia que no existió para su caso.
No me resigno a esto, golpearé las puertas que tenga que golpear para que se reconozca que se ha cometido una injusticia con mi esposo, pero me niego a creer que en este bendito país no haya una sola persona que levante la voz y haga algo para parar este atropello. Este es un tema político que se llevó al ámbito jurídico. Entonces, que el poder político lo subsane y lo libere.
Conceptos de personalidades de nuestro país sobre el caso:
Dr. Pablo Mieres (abogado y sociólogo) (Semanario “Voces”): “Referente al Gral. Dalmao hemos tenido acceso al contenido de la sentencia que determinó la prisión del general y compartimos la opinión del senador Fernández Huidobro cuando afirmó que ‘se había comido un garrón’. No es posible encontrar en todo el desarrollo de la argumentación del juez una sola prueba concreta que determine la responsabilidad del general con respecto a la muerte de la víctima. El razonamiento del juez se sustenta en suposiciones, posibilidades y deducciones, pero carece de todo elemento probatorio”.
Ministro Fernández Huidobro: “Se había comido un garrón”.
Senador Rosadilla (“El País”, 12/11/10): “Los que estuvimos presos sabemos que a los alférez no los dejaban ni pisar los calabozos”.
Dr. Carlos Ramela (abogado, integró la Comisión para la Paz) (Semanario “Voces”): “Soy de los que coinciden con la teoría del ‘garrón’”.
Denuncia del CEDDHHU: “Ante el procesamiento con prisión del Gral. Miguel Dalmao, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (CEDDHHU) denuncia la prosecución de decisiones judiciales que tienden a hacer realidad una ‘justicia del enemigo’, al dictar esa condena ‘por convicción’, sin un apoyo efectivo de pruebas que la avalen”. Hugo Ferrari, Presidente.
También se han expresado sobre su inocencia el ex presidente Luis A. Lacalle, el senador Penadés y el Dr. Hebert Gatto, entre otros.
Dicen que la justicia es independiente. Esto no es justicia ni es independiente y todos lo saben pero igual dejan que se sacrifique a un inocente.
Alicia Burgueño de Dalmao
CI 1.372.281-1
