El procesamiento del ex intendente Zimmer

No es habitual en mí empecinarme con un tema ni con una posición por más asumida que la tenga. Generalmente dejo decantar los acontecimientos, busco la mayor cantidad de pareceres sobre un hecho, voy formando mi opinión y recién ahí, cuando la confirmo, me aferro a una decisión.

Pero disponer la cárcel cuando las pruebas no podían ser afectadas porque estaban en poder del Juzgado y porque sencillamente la guerra de las patentes ya es historia, es otra cosa.

Creo que hay que insistir en que nadie puede ser juzgado sin una norma que fundamente una presunta acción ilegal pasible de ser penada por la ley.

Sin entrar en el simplismo de sostener si Zimmer se excedió o traspasó la barrera de la discrecionalidad, para entrar de lleno en la arbitrariedad, es un hecho que la jueza tomó como referencia —en su resolución— una fecha: el 1º de enero de 2008, como la manejada por la ley para considerar desde cuándo sucedieron las adulteraciones de las fechas de los trámites de reempadronamientos.

Recuérdese que la gente buscaba reempadronar en Colonia para pagar menos impuestos y ese plazo —el 31 de diciembre de 2007— era el límite entre beneficiarse o perder.

Y la jueza tomó esa fecha, insisto, el 1º de enero de 2008, porque a su criterio era la que se consignaba en el artículo 2º de la ley 18.456, aunque en realidad el artículo en cuestión era el 8º, el que a su vez y por aplicación de otra ley, la 18.860, había modificado el plazo del 2008 al 2012.

De ser así, ya no por una realidad virtual sino por la lógica de los hechos y su sucesión en el tiempo, los vehículos que generaron este problema estarían fuera del plazo de inhibición y por ende no comprometían a Zimmer en abuso de funciones, porque hoy, en 2014, los vehículos hasta el 2011 están legalmente exonerados de ser reempadronados en el departamento de la residencia de su propietario. Es precisamente por esto que no puede hablarse de la continuación de un delito de falsificación ideológica que no tuvo principio de ejecución en enero de 2008.

Es evidente que si las fechas de la ley se modificaron y pasaron —obviamente que también por ley— de 2008 a 2012, la jueza no podía invocarla como la causal de su reproche penal.

El abogado defensor de Zimmer, Gastón Chávez, confirmó esto pero dijo que la sentencia no tuvo en cuenta estos extremos formales y que por eso decidió no considerar este argumento para entrar en otros más profundos, más dogmáticos, más trascendentes, como la inconstitucionalidad del abuso de funciones, y desechó, también él —al igual que la jueza lo omitió cuando sentenció—, juzgar a Zimmer por lo que hizo y no por lo que pudo haber hecho.

Mientras la jueza juzgó con una fecha equivocada (que los abogados defensores tampoco consideraron), Zimmer sigue preso y quizá así sea hasta que un Tribunal —demostrando sus integrantes un conocimiento superior sobre quienes somos ciudadanos comunes— aplique el más elemental de los principios jurídicos: el de la legalidad.

Finalmente, del examen más profundo de los alcances de la ley 18.860, la que además de regular nuevamente las fechas de inhibición de los empadronamientos sin el justificativo de la residencia, también trata las penas para aquellos intendentes que no cumplan con la ley. Y para tenerlo bien presente lo subrayamos: la obligación hoy es empadronar de 2012 en adelante según el lugar de residencia y respetar aforos, valores de patente, precios y demás tributos que, aprobados por el Congreso de Intendentes, se apliquen como un compromiso de gestión. El que no cumple no incurre en abuso de funciones, sino que es penado con la rebaja del 3,3% al 2,9% de los fondos que el gobierno nacional debe traspasarle mensualmente.

Esperemos que ahora la Junta Departamental de Colonia, para la cual estos temas del Sucive son parte de su materia esencial como legisladores, pueda observar que Zimmer ha sido procesado porque la fecha de imputación del delito fue mal aplicada: 2008 no era el límite; el límite era el 2012.

César García Acosta

CI 1.450.486-0