N° 1930 - 10 al 16 de Agosto de 2017
América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí la que registra la mayor desigualdad económica y social. Situación que ha sido tierra fértil para descontentos y protestas sociales. Para la acción de caudillos demagogos e irresponsables. Para el desarrollo de guerrillas procubanas en la segunda mitad del siglo pasado. Y, tras el derrumbe de la Unión Soviética y el fracaso del comunismo, abrió camino a una oleada de gobiernos progresistas que invocando el mejor interés de los pueblos, la honradez y la moral pública, prometieron acabar con “roscas oligárquicas” que por décadas habían controlado el poder en sus países.
La ola progresista se expandió en la región con el compromiso de reducir las desigualdades mediante políticas públicas impulsadas por un Estado más activo; mejorar la calidad de vida de la gente; crear un nuevo modelo de sociedad en la que los ciudadanos fuesen el centro de las preocupaciones gubernamentales.
Sueño esperanzador, convocante. Trabajar para alcanzar la utopía y crear —y echar a andar— el hombre nuevo. Pero los sueños, las utopías, se topan con una realidad insuperable: la naturaleza humana.
En estos tiempos de globalización, de revolución tecnológica y científica, en tiempos en que la competencia entre las naciones se intensifica, la ola progresista latinoamericana hace agua por todos lados. Y lo peor: los principales abanderados de este movimiento, que tiene sus raíces en el Foro de San Pablo —creado en 1990 tras la caída del Muro de Berlín por el Partido de los Trabajadores de Brasil con pleno respaldo de Cuba— enfrentan, desprestigiados y enlodados por casos de corrupción, autoritarismo e hipocresía, el desencanto de sus simpatizantes.
Acusaciones frente a las cuales se apela a una pobre defensa: una campaña articulada por la derecha política, accionada por poderosos medios de comunicación y la participación de jueces que buscan notoriedad.
Ola progresista que se puso en marcha con Hugo Chávez (1999) y se extendió en años siguientes: Lula y Néstor Kirchner (2003), Vázquez (2004), Evo Morales (2005), Daniel Ortega y Rafael Correa (2007), Fernando Lugo (2008), Mauricio Funes, (El Salvador, 2009).
Disponiendo a piacere de las reservas petroleras de su país, Chávez procuró reemplazar a Fidel Castro en el liderazgo de la izquierda latinoamericana. Mientras, a su sombra, discreta y sutilmente, Lula expandía su influencia en la región y la proyectaba en África (promoviendo los negocios de constructoras brasileñas corruptoras) con la aspiración de volver a la presidencia y que su país pasara a jugar en las grandes ligas.
La ola se potenció gracias a una década de bonanza generada por el boom de las materias primas que permitió reducir la pobreza y mejorar la situación de millones de latinoamericanos. Pero no siempre las circunstancias son favorables y cuando cede la euforia el panorama cambia, se vuelve más real.
En estos días, el vicepresidente Raúl Sendic lucha por su sobrevivencia política (aunque su abogado ya lo consideró “cadáver político”) por haberse atribuido un título académico inexistente, por su responsabilidad en la mala gestión en Ancap y más recientemente por el uso que dio a la tarjeta corporativa. Por todo ello enfrenta cuestionamientos de sus correligionarios y deberá responder ante la Justicia.
No ha sido el único vice progre en complicaciones por abuso de funciones.
Veamos otras perlas del mismo collar.
La semana pasada el flamante presidente ecuatoriano Lenin Moreno (vice y delfín de Correa, asumió el cargo en mayo) firmó una resolución por la que retiró “todas las funciones asignadas” a su vicepresidente Jorge Glas.
La decisión fue tomada tras conocerse declaraciones del representante de Odebrecht en Quito, José Conceiçao, ante un juez brasileño en las que dijo haber entregado US$ 14,1 millones a Glas para lograr la adjudicación de obras en Ecuador. Glas, que hizo toda su carrera política a la sombra de Correa, ya había sido acusado de ello durante la reciente campaña electoral. Siendo vice y ministro del anterior gobierno, Glas fue acusado de plagiar su tesis de grado; de haber protegido a su padre (sentenciado a 20 años de prisión por haber violado a una menor que quedó embarazada, siendo rector de una institución educativa), y de ser responsable político de numerosos casos de corrupción en el área petrolera y en sectores estratégicos que investiga la Justicia.
En El Salvador el expresidente Funes, sucedido en el cargo en 2014 por Salvador Sánchez Cerén, excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que fue su vice, fue acusado por la Fiscalía de lavado de dinero, malversación de fondos, peculado, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.
Funes está radicado desde el año pasado con su familia en Nicaragua, cuyo gobierno le concedió asilo político el año pasado.
En Venezuela.
El actual vice de Maduro, Tarek El Aissami, integrante de una familia de origen sirio-libanés, militante del régimen chavista desde la primera hora, ha ocupado importantes cargos legislativos y ejecutivos en la última década. Investigaciones realizadas en Estados Unidos lo vinculan a acciones del narcotráfico, al caso de los “narcosobrinos” de Maduro detenidos en 2015 en Haití acusados de intentar introducir en Honduras, con destino final Estados Unidos, 800 kilos de cocaína procedentes de Venezuela. El fiscal de distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, lo acusa, además, de haber proporcionado pasaportes venezolanos a miembros de Hamas y Hezbollah. No es el único personaje del régimen al que acusan de aprovecharse de un régimen concebido para controlar todos los resortes del poder y perpetuar esa situación.
Vice de Dilma Rousseff durante sus seis años en el Planalto, el hoy presidente Michel Temer, está involucrado en la investigación del Lava Jato, red de compra de voluntades políticas mediante el pago de sobornos por el que decenas de políticos y empresarios están encarcelados.
El fiscal general, Rodrigo Janot, ha anunciado que negocia nuevas “delaciones premiadas” para probar que el mandatario opera desde la presidencia para obstruir la investigación judicial y evitar su destitución.
El caso de Amado Boudou, vice de Cristina Kirchner, es más conocido.
Enfrenta una sucesión de procesos judiciales que refieren a enriquecimiento ilícito, por haber efectuado gestiones “incompatibles con la función pública”, por “malversación de fondos” durante su gestión en Anses (prestaciones sociales) y haber recibido a través de un testaferro un soborno para, desde la Secretaría de Hacienda antes de llegar a la vicepresidencia, refinanciar una deuda de la provincia de Formosa.
La semana pasada Boudou tuvo un leve respiro, un Tribunal Federal lo sobreseyó en el caso de la venta de un auto de su expareja (estaba acusado de “falsedad ideológica de documento público”) por considerar que el delito había prescripto. La fiscal, no obstante, anunció que apelará el fallo e insistió en que “toda la documentación que presentó para acreditar la adquisición del vehículo había sido falsificada”.
Mientras, Lula y Cristina Kirchner tampoco tienen paz. Ambos tienen causas abiertas y cada tanto deben comparecer ante magistrados que los investigan en casos de corrupción o de abuso de funciones.
Otros dos personajes del progresismo regional han enfrentado acusaciones que no refieren a cuestiones políticas, pero que revelan su doblez moral.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, logró ser sobreseído de la acusación de su hijastra Zoilamérica Narvaez Murillo, hija de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, de haberla violado siendo menor de edad y de haberla sometido a acoso sexual.
Estando en ejercicio de la presidencia, en abril de 2009 Fernando Lugo debió reconocer públicamente que siendo obispo católico había tenido dos hijos concebidos con mujeres distintas (una era menor) de la Diócesis que administraba.
¿Campaña de la derecha?
