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El jueves pasado se han expresado en Búsqueda integrantes de una organización que promueve en nuestro país la legalización de la eutanasia (MADU), pero en lugar de esgrimir argumentos en favor de sus ideas, parten de supuestos equivocados para llegar a conclusiones que harían pensar que es una urgencia social legalizar la eutanasia.
En primer lugar, se acusa a senadores de la Comisión de Salud de no tratar el tema, como si existiera una demora a propósito. Si bien desconozco las razones de los legisladores, puedo deducir fácilmente que, si hay proyectos que fueron aprobados en diputados mucho antes que el de eutanasia y todavía no han sido tratados ni aprobados, no hay razón para sospechar de malas intenciones. Tengo entendido que hay una resolución de la misma comisión de poner en primer lugar el de eutanasia y que está próximo a estudiarse y discutirse, dejando para atrás otros que quedarán en espera por tener menor interés político para algunos legisladores, seguramente, como el de pirotecnia o el proyecto de ley que contempla la situación de los celíacos. Escuché en radio al senador Amin Niffouri explicar con mucha claridad las razones por las que todavía no se ha tratado y parecería que nadie lo hubiera escuchado y se sigue creando una teoría conspirativa.
Por otro lado, lo del sentir mayoritario a favor de la eutanasia es bastante cuestionable, especialmente cuando la mayoría de la población, incluso de legisladores, no distinguen las voluntades anticipadas o la sedación paliativa (prácticas disponibles hoy día) de la eutanasia, o creen que es un derecho. Esto es algo que he comprobado en conversaciones con legisladores o simplemente escuchando sus opiniones. La mayoría suele estar a favor de algo que no entiende bien de qué se trata, porque de lo que la mayoría está a favor es de no morir sufriendo, de tener una muerte digna, de elegir que no se prolongue la vida inútilmente ni se cause sufrimiento. Pero todo eso es posible en Uruguay sin necesidad de que una forma de homicidio en manos del médico y con consentimiento del paciente sufriente se vuelva una prestación de salud, bajo un manto de eufemismos, como si se tratara de un acto de compasión y de respeto por la libertad. No profundizar mucho en el tema hace que todo se quede en slogans que distraen de lo que está en juego para avanzar por el complejo camino de legitimar social y jurídicamente una forma de dar muerte a las personas más vulnerables, aunque sea a su pedido.
La Académica Nacional de Medicina, la FEMI, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud Pública y otras tantas organizaciones han advertido sobre los riesgos del proyecto que se aprobó en Diputados. De hecho, incluso médicos que no se oponen a la eutanasia en algunas excepciones manifestaron con preocupación la falta de garantías del proyecto que quieren apurar para ser discutido en el Senado. No cuenta con nada de garantías para el paciente que sufre: solo unas formalidades administrativas. Por ejemplo, es sumamente irresponsable que se plantee que la comisión de ética que evaluaría los casos de eutanasia lo haga post mortem, y no antes de la eutanasia. De encontrarse alguna irregularidad, el paciente ya habría fallecido. Además, los candidatos no son pacientes moribundos como se repite, sino cualquier persona con una enfermedad crónica, incurable e irreversible que le provoque sufrimientos o tenga condiciones de salud que afecten gravemente su calidad de vida. Bajo esta categoría casi cualquiera que sufra y tenga patologías crónicas tendría “derecho” a pedir la muerte. Se le informa que existen los cuidados paliativos, pero no se le asegura una auténtica experiencia de cuidados que alivien su sufrimiento efectivamente, sino que, estando en pleno sufrimiento, puede ir directo a pedir la muerte, con lo cual muere sufriendo y no aliviado, ni valorado ni acompañado.
No hay psiquiatra, ni psicólogo ni asistente social que pueda evaluar efectivamente la libertad del paciente que puede sentirse una carga para su familia, o simplemente sentirse abandonado y sin ganas de vivir. ¿Solo dos médicos generales van a hacer toda la evaluación del deseo de morir? Parece que sí, lo cual es un escándalo para cualquiera que entienda del diagnóstico y abordaje del Deseo de Adelantar la Muerte (DAM) como síntoma reversible y tratable, por equipos de Cuidados Paliativos.
La lista de falta de garantías es larga y escandalosa, pero insisten en repetir con slogans que es “garantista”. Alcanza con leerlo detenidamente y pensar en la real situación de los pacientes para darse cuenta de que el proyecto da solo garantías a quien provoca la muerte, no a quien está sufriendo. El problema es la magia de las palabras. A quienes no reparan en el tema, les convencen frases sueltas como “es un nuevo derecho”, “es un tema de libertad personal, donde cada uno decide” y espejismos de toda clase, cuando de lo que se trata es de un grave desprecio por las vidas que se consideran menos productivas, menos valiosas y que sería un acto de “compasión” y de “respeto por su libertad” eliminarlas. Y, que quede claro, el paciente ni siquiera decide, solo expresa su voluntad. La decisión de a quién aplicar prevención del suicidio y a quién causar la muerte recae en los médicos o a quien ellos deleguen, con el escándalo y el atentado a los derechos humanos que eso implica.
Una sociedad humanista, que progresa y que piensa en lo mejor para sus ciudadanos, es la que respeta el derecho de cada uno a decidir aceptar o rechazar un tratamiento, y a planificar los cuidados que desea (y los que no) de forma anticipada, para cuando no pueda consentir. Todo esto ya es legal en nuestro país y un imperativo de la ética médica. Además, tenemos una reciente aprobación de una ley que declara el derecho universal a los cuidados paliativos, que garantiza que todos tendremos acceso a una atención que nos ayude a vivir y morir en paz, valorados y bien cuidados.
¿Hay una necesidad real de legalizar la eutanasia con las posibilidades que tiene Uruguay para dar calidad de vida hasta el final? ¿Es una verdadera demanda social? ¿Han hecho una encuesta entre pacientes? Consultando a especialistas en cuidados paliativos, la respuesta es que pocas veces en su vida han tenido pedidos de eutanasia, y, las veces que ha sucedido, cuando son bien atendidos, valorados y aliviados, los pacientes no vuelven a hablar del tema.
Por otra parte, si la eutanasia fuera una opción sin tener garantizados los cuidados paliativos, ¿no estaríamos condenando a muerte a personas que sufren y que no conocen el alivio? Si el sufrimiento físico se puede aliviar al 100%, pero no se puede aliviar todo el sufrimiento existencial, ¿la salida es proponer una forma de suicidio asistido a quien aún aliviado quiera morir? Si es un derecho como predican algunos, ¿no tendría derecho todo ciudadano a pedir que le provoquen la muerte antes de intentarlo por sus propios medios? ¿No es una legitimación cultural del suicidio, pero solo de las vidas que insolidariamente se consideran socialmente prescindibles y de menor valor? ¿No hay otras urgencias que los legisladores deberían tratar antes de tomar un rumbo tan riesgoso para con los que sufren? Si algo implica la responsabilidad política es no decidir por los propios sentimientos u opiniones, sino pensando en el bien común y en el impacto sobre los más vulnerables de la sociedad. La apuesta por mejorar la atención en salud, porque los buenos cuidados lleguen a todos, debería ser la más importante apuesta política por una vida digna hasta el final.
