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Un informe del estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal en los ámbitos laborales advierte que los caminos elegidos para otorgar mejores herramientas de seguridad y salud a la vida de los trabajadores es “altamente inconveniente” porque afecta “principios esenciales del Derecho Penal”.
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Para los técnicos el gobierno debería “incrementar sus esfuerzos” para un “mayor y más efectivo control de las empresas”, según el documento al que accedió Búsqueda.
La iniciativa legislativa que está a estudio de la Cámara de Diputados consagra la responsabilidad penal del empleador en los casos en que incumpla las normas de seguridad y salud en el lugar de trabajo y eso derive en la muerte o lesión grave o gravísima del trabajador.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, un empresario puede llegar a ir preso por el hecho de ocupar un puesto de dirección y decisión dentro de una la empresa, como ser el de administrador o encargado de un área tercerizada.
El informe concluye que el proyecto es “innecesario” ya que “con la legislación actual alcanza para penalizar las conductas dignas de reproche”. A su vez, remarca que con la creación de una nueva figura penal “se está yendo en contra del principio que consagra al Derecho Penal”.
El estudio jurídico plantea que se pueden seguir otros caminos alternativos para atender el tema de fondo y reducir los accidentes laborales en las empresas.
“A nuestro modo de ver, empresarios, trabajadores y el Estado deberían reforzar y profundizar las políticas de prevención mediante la promoción e incentivo de entendimientos en materia de Seguridad y Salud Laboral, tanto en el ámbito bipartito, como en el tripartito, tomando como ejemplo lo realizado hasta ahora en las áreas de la construcción, forestación y otras ramas de actividad”, dice el informe.
Los técnicos del estudio opinan que el gobierno tiene a su cargo la “fiscalización del cumplimiento de las normas” laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por eso 'debería incrementar sus esfuerzos —con personal y políticas— tendientes a un mayor y más efectivo control de las empresas; así como promover políticas de incentivo del cumplimiento de las disposiciones legales mediante el otorgamiento de beneficios a aquellos empleadores que cumplan las normas y promuevan políticas de prevención”.
El proyecto esta a discusión de la Comisión de Legislación del Trabajo. Los representantes de la oposición manifestaron su decisión de no acompañar la propuesta por considerarla “altamente inconveniente”, a pesar de estar de acuerdo en que hay que buscar herramientas para reducir los accidentes laborales. Ante esto, la bancada del Frente Amplio —que tiene la mayoría parlamentaria y decidió votarlo— trabaja en correcciones del texto que no cambian la cuestión de fondo.
Cuando sus representantes fueron citados al Parlamento, el sector empresarial manifestó su oposición al proyecto.
Ayer en el acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, el tema no ocupó las primeras líneas de la plataforma de reivindicaciones. No obstante, Richard Read, uno de los oradores, recordó el reclamo del gremio de la Construcción (Sunca). “Están peleando por la vida, no por guita”, aclaró.
