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El actual conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno ha sido la manifestación última de los problemas que, tarde o temprano, era previsible que podían generar algunas políticas y decisiones de gobierno —del actual y también de anteriores— que fueron cargando al país de costos explícitos e implícitos.
Es cierto que la economía, con estabilidad en la mayoría de sus principales indicadores, ha crecido con algunas mejoras sociales en los últimos años (y que probablemente vuelva a hacerlo en 2018), pero de forma despareja por sectores y con tensiones en la rentabilidad en varios rubros productivos. En esta edición, Búsqueda informa que el año pasado se recaudó 5,6% más, en términos reales, de impuesto a la renta empresarial, aunque eso obedece en parte al mejor desempeño de ciertos entes públicos. No a todo el sector privado le ha ido bien y, de hecho, la Liga de Defensa Comercial computó 112 concursos el año pasado, la mayor cantidad bajo la nueva ley de reorganización frente a crisis de empresas que entró en vigor en 2008. Las razones de los problemas pueden ser múltiples y estrictamente ligadas a la propia actividad de los negocios, pero parece evidente que también están jugando factores en los que los gobernantes tienen responsabilidad.
La lista de “contribuciones” del gobierno —por acción u omisión— al lastre que debe arrastrar el barco de la economía es extensa. El aumento de casi 70.000 nuevos empleados públicos a la plantilla estatal (docentes y personal de la salud, pero también en otras actividades); el no haber invertido en infraestructura física a pesar de haber dispuesto de recursos como no tuvo ninguna administración al menos desde la recuperación de la democracia; las ineficiencias en la educación pública y el deterioro en la formación de capital humano (aun con los cuantiosos recursos que se destinaron a esta área); la flexibilización de las condiciones para acceder a una jubilación durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez así como la reciente “solución” al tema de los “cincuentones”; los muchos cientos de millones de dólares que se diluyeron con Ancap, Pluna y el Fondes; el haber mantenido el “encierro” del país en el Mercosur (lo que obliga al sector productivo a utilizar insumos más caros y bienes de capital de inferior calidad por el “desvío de comercio” que se genera, profundizando además la dependencia que ya de por sí nos genera la geografía con una región sumamente inestable); y las rigideces en el mercado laboral que aumentan los costos implícitos y explícitos percibidos por los empresarios a la hora de decidir contratar mano de obra. Son algunos componentes de un “costo país” que se ha ido inflando, ya que todo eso debe ser pagado o con impuestos explícitos o con tarifas públicas, ahora o en el futuro (si es que transitoriamente se recurre al endeudamiento público a corto plazo).
Por más que hoy el problema aparece focalizado en el agro, en realidad es mucho más generalizado y trasciende el enfrentamiento “campo-ciudad”, “Montevideo-Interior” o “gobierno-oposición”. Y debería ser encarado sin demora, ya que la situación actual puede comprometer las perspectivas de inversión y, por lo tanto, de crecimiento económico futuro y de continuidad para la mejoras en el bienestar general a mediano y largo plazo.
Independientemente de cómo terminen las actuales protestas que están llevando a cabo los productores, parece evidente que hay una grieta amplia y profunda entre la realidad que está enfrentando en general el sector privado, y la “realidad” del “Uruguay productivo” que ve el gobierno. Sobrellevar los próximos dos años luce muy difícil para los empresarios —y para todos los que dependen de su actividad, incluidos los asalariados—, salvo que vuelva a llover “maná del cielo”, como ocurrió hasta 2013 o 2014. Y si no mejora sustancialmente la relación de precios de lo que Uruguay exporta e importa, una deteriorada realidad productiva puede incluso transformarse en un problema para quien gane las elecciones el año que viene y deba hacerse cargo del país.
