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El inicio del año nos llevó a repasar los puntos fuertes que tenemos en nuestra vida política para enfrentar lo que se viene. Hablamos de la sólida estructura de los partidos políticos, de la independencia de los poderes del Estado y ahora, coincidentemente, la prestigiosa revista The Economist publica como todos los años su índice sobre la democracia (Democracy Index), en el cual Uruguay mejora su posición (pasa del lugar 18 al 15) como una democracia plena. Única en Latinoamérica hasta el año pasado, ahora acompañada por Costa Rica. Otra buena noticia, aunque también hay margen para mejorar y debilidades estructurales que nos pueden sacar de ese pedestal.
La situación general en el mundo hace que sea especialmente apreciable el desempeño uruguayo. Pero si levantamos la mirada, vemos que el contexto es preocupante: solo 4,5% de la población mundial vive en democracia plena, y 43,2% en democracias con fallas. El 35,6% de los ciudadanos del mundo viven bajo regímenes autoritarios y el 16,7% restante en híbridos donde el respeto por las libertades individuales es cuestionable. Es decir, más de la mitad de los seres humanos viven con libertades mínimas. Viven quizás no sea la palabra: ¿sobreviven?
De acuerdo con los estudiosos de The Economist, Uruguay tiene un 10 perfecto en cuanto a su proceso electoral y pluralismo, está muy bien en libertades civiles (9,71), pero no califica bien en materia de participación política (6,11) y cultura política (7,50). La interpretación que se hace es que la obligatoriedad de participar en las elecciones baja puntos porque es un intento de disimular lo que la cultura política no da.
El tema despertó controversia, especialmente en las redes sociales, donde se consideró injusto aplicar ese criterio. Podemos decir que The Economist y sus analistas no tienen la verdad revelada, pero su prestigio los precede, y para ellos no hay ninguna duda de que la necesidad de obligar al ciudadano a votar refleja una debilidad en la educación general de la población y en especial de la cultura política. Pero la cosa no termina ahí; los países que han elegido el voto voluntario como mecanismo son muchos de los países que el mundo admira por su solidez estructural en la educación, lo social y lo político. Están entre ellos muchos europeos, destacándose Noruega, Suecia, Alemania, Reino Unido. Están también modelos como Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos (aunque este último no sale muy bien parado en el Índice Democrático).
La controversia que se produjo en nuestro país deja claro que el voto obligatorio tiene un fuerte arraigo en la cultura política. No nos debe extrañar por la tendencia al estatismo que impera en el pensamiento de la mayoría de los uruguayos. Aquello que no pudimos darles en materia de responsabilidad cívica a nuestros ciudadanos a partir de la educación y el ejemplo de nuestro funcionamiento político, le pedimos a “papá” Estado que lo esconda detrás de la obligatoriedad.
Nuestra democracia ciertamente es plena, pero el estudio de The Economist revela que también enfrentamos algunos peligros si no intentamos cambios que mejoren esa performance. La responsabilidad ciudadana en la participación política es un índice que se logra con un conjunto de factores que en nuestro país están en decadencia: las fallas en la educación y las ideologías que intentan sustituir el pensamiento independiente pueden poner en riesgo esa posición de privilegio.
Estamos de acuerdo con la publicación inglesa en cuanto a que la obligatoriedad en el voto deja grandes dudas sobre la verdadera cultura ciudadana. La obligatoriedad es un remedio que solo disimula el síntoma, pero nos deja expuestos a la enfermedad. ¡Cuidado!
