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El parque automotor a pesar de los elevados precios de los vehículos —impuestos mediante en nuestro país— se ha expandido.
Ante esta clara evidencia, que ha incrementado las arcas públicas vía impuestos y patentes, ¿nos preguntamos cómo han reaccionado los distintos gobiernos nacionales y municipales?
Se debería haber tomado medidas que permitan evitar accidentes, llevando adelante planes de prevención y poniendo en práctica técnicas que posibiliten que el tránsito en las rutas y calles de nuestro país fluya con la mayor rapidez posible.
Pero, infelizmente, ello no ha ocurrido.
Se han incrementado el valor de las multas, los radares, los autos “cuasi espaciales” que en Montevideo detectan multas por no pagar el estacionamiento, etc.
En las rutas, por ejemplo, en la Interbalnearia, se colocaron numerosos semáforos, controles de velocidad, radares, etc.
A su vez, las velocidades máximas permitidas cambian en múltiples tramos, sin que exista un cartel que indique claramente a partir de dónde se inicia determinada velocidad y dónde culmina y comienza una nueva velocidad máxima.
Ante la ausencia de la mínima cartelería indicadora, resulta imprescindible usar aplicaciones para detectar la velocidad permitida a los efectos de no cometer “presuntas infracciones”.
Tengamos presente que en 90 km de la Ruta Interbalnearia, a pesar de tener semáforos, reducción de velocidad, etc., hay que abonar dos peajes de ida y otros dos de vuelta.
Desconocemos el destino de la recaudación de los peajes —cuyo monto supera ampliamente el de otros países en donde sí hay autopistas y el peaje tiene sentido—, lo que sí es constatable es que no se han dispuesto medidas para utilizar la tecnología a los efectos de canalizar el tránsito dinámicamente, según la cantidad de vehículos y los horarios.
No resulta difícil pensar en soluciones que establezcan en determinados horarios y días un único sentido para determinadas calles, ramblas y rutas, y para anular semáforos que se colocan en las zonas de escuelas que en la noche y los fines de semana no funcionan.
Lo que sí aumenta es la recaudación por concepto de multas, y como ello es “rentable” se invierte en tecnología pero solo para detectar y aplicar penalizaciones.
La prevención y canalización racional del tránsito no reporta ingresos y por tanto se soslaya.
A su vez, la normativa realiza una discriminación entre los particulares y las empresas.
En el vehículo particular hay que usar los cinturones de seguridad y los niños tienen que ir en sillas especiales, todo lo cual es muy razonable.
Pero si se viaja en un ómnibus urbano o interdepartamental, no existe la obligatoriedad del cinturón de seguridad, los pasajeros en Montevideo, adultos y niños, van parados en determinados horarios sin ningún tipo de protección.
Las razones de este dispar tratamiento deben ser modificadas.
