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Aunque su determinación política es bajar el déficit fiscal, las autoridades económicas del gobierno se están chocando con la dificultad de hallar dónde recortar gastos. Esa elaboración del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal se viene procesando al mismo tiempo que la coalición multicolor exhibe algunas divergencias internas, y mientras lidia con nuevos brotes de Covid-19.
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La preparación de la ley presupuestal se encuentra en una fase intermedia, en las rondas de intercambio con distintos incisos. Una fuente oficial dijo a Búsqueda que está resultando “difícil” encontrar “dónde cortar” y que “mueva la aguja” del gasto global, una situación que tiene preocupados a los jerarcas del Ministerio de Economía (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Otra acotó que se trata de una tarea que siempre “lleva tiempo y trabajo”, y agregó: “Una cosa es encontrar la oportunidad de ahorro y otra implementarla”.
El proyecto presupuestal que fijará partidas de recursos para los años 2021 al 2025 debe ser enviado al Parlamento antes de setiembre.
Tensiones. La salida del gabinete ministerial del colorado Ernesto Talvi marcó un pico de tensión en la coalición que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia de la República. Pero los problemas internos no se zanjaron del todo con la asunción de Francisco Bustillo al frente de la Cancillería; en sus primeros días el nuevo jerarca marcó una clara distancia con varias decisiones y designaciones resueltas por Talvi. No es posible “dar rienda suelta a la alegría y a las estructuras paralelas”, dijo Bustillo a la prensa, en referencia a algunos proyectos de su antecesor.
Por otro lado, en la Torre Ejecutiva causó malestar que la bancada parlamentaria del sector liderado por Talvi cuestionara algunas medidas anunciadas —y promocionadas por el presidente Lacalle Pou en los últimos días en medios de comunicación argentinos— para facilitar la obtención de la residencia fiscal en el país por parte de extranjeros, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales. En una exposición por escrito remitida al Poder Ejecutivo, los legisladores de Ciudadanos advirtieron que Uruguay “podría no cumplir con estándares internacionales” si aplica esos cambios. Fuentes del sector señalaron que el planteo se hizo “con la mejor intención de proteger los intereses del país”.
Otra polémica surgió en torno a la figura del fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Cabildo Abierto (CA) pidió al mandatario remover al jerarca, quien instruyó una investigación administrativa a la fiscal de Colonia Natalia Charquero luego de enterarse —a raíz de una investigación del periodista Carlos Peláez— que integró el equipo de campaña de Lacalle Pou en 2014. Charquero también integró la lista 404 del Partido Nacional en Paysandú, y fotografías la muestran participando en actividades de esa colectividad a principios de 2019.
Esa y otra fiscal evaluaron que no ameritaba reabrir el caso de supuestos favores sexuales a cambio de empleos en la Intendencia de ese departamento por parte del jefe comunal, el blanco Carlos Moreira, que había sido archivado.
Charquero ingresó a la Fiscalía en junio de 2019, y desde esa fecha no hay por el momento evidencia de que haya continuado participando en actividades de militancia. Fuentes de la Fiscalía explicaron a Búsqueda que ese es el propósito de la investigación: averiguar si en la actualidad mantiene algún vínculo que la inhibiera de actuar en el caso, ya que los fiscales tienen prohibido hacer militancia política. No obstante, su actividad pasada o los vínculos de sus familiares con el gobierno “no son relevantes” para la investigación, dijo la fuente. La investigación aún no culminó.
El diputado cabildante Eduardo Lust, uno de los promotores de la remoción de Díaz, se plantó firme en un primer momento, aunque luego aclaró que no transmitió una “amenaza” respecto a un eventual abandono de la coalición.
Por su parte, en declaraciones a distintos medios, el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, respaldó el planteo señalando la “total disconformidad” con la “presión indebida” que a su entender ejerce Díaz sobre los fiscales y que “hace dudar de la verdadera objetividad”. Pero, al mismo tiempo, ratificó su visión de que la coalición es la “herramienta” para buscar soluciones a los problemas de la gente.
Cuando el martes 21 un periodista le preguntó a Lacalle Pou, a partir del pedido de destitución de Díaz, si el fiscal de Corte “cuenta con la confianza del Poder Ejecutivo”, el presidente no respondió directamente: “Cuando el gobierno se tenga que expedir u opinar sobre un funcionario, si es que le corresponde, lo va a hacer cuando lo estime conveniente”.
