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“En su opinión, ¿cuáles son las (cinco) principales dificultades que enfrenta la implementación de la política pública en la cual usted trabaja?”. La insuficiencia de recursos presupuestales, seguida de cerca por la falta de personal, emergieron como las respuestas más mencionadas en una encuesta hecha por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).
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Aspectos como la ausencia o mal uso de herramientas de gestión y las pocas oportunidades de capacitación continuaron en la lista de dificultades identificadas por quienes están en el día a día dentro de la burocracia estatal. Y con porcentajes de mención menores al 30% aparecieron cuestiones como el “bajo conocimiento o habilidades de parte de las autoridades y otros mandos de conducción” sobre las políticas públicas en ejecución y, relacionado con esto, los “cambios frecuentes de jerarcas que afectan la continuidad” en los lineamientos. También fueron mencionados aspectos como el hecho de contar en sus reparticiones con recursos tecnológicos “insuficientes e inadecuados”, la “falta de cultura del uso de datos y evidencia para la toma de decisiones” o la “baja prioridad de la política en la agenda de la organización o del gobierno”. Por su parte, factores externos, como la “interferencia” del Poder Judicial, la Fiscalía o de los organismos de contralor, no fueron visualizados como dificultades relevantes por parte de los funcionarios que contestaron el sondeo, cuyos resultados fueron publicados el jueves 20.
Valoración
Si 1 es “nada” y 10 “mucho”, los funcionarios sienten que la valoración que se tiene sobre ellos alcanza un 5.
Ante la pregunta de si creen que la sociedad valora el trabajo de los empleados públicos en general, el puntaje promedio resultante fue 3,6 (y con la mitad de las respuestas con un rango de 1 a 3). Por otro lado, piensan que el sistema político tiene respecto de ellos un reconocimiento mayor (4,4 promedio) que el de la sociedad en general.
La encuesta —de carácter anónimo y respuesta voluntaria— fue enviada por mail en octubre y noviembre de 2020 a 18.378 funcionarios civiles, de los cuales contestaron 4.766 (una tasa de respuesta de 26% que los técnicos de la ONSC consideran representativa).
La percepción de la valoración social y de parte del sistema político del trabajo de los empleados públicos es “baja”, resume el documento. Del mismo modo, agrega, las perspectivas de carrera funcional también lo son. “Esto es consistente con que la motivación de los funcionarios no se vincule a las características propias de su puesto de trabajo, sino al impacto social del mismo. Esta motivación no parece verse afectada por la baja valoración social del trabajo de los funcionarios”.
Política
“Algunas personas piensan que los funcionarios no entienden de política, ¿está de acuerdo con eso?”. Frente a esa pregunta, casi dos terceras partes (64%) expresó una opinión discrepante. Otra interrogante estuvo dirigida a saber si creen que administrar desde el Estado es una forma de “hacer política”, frente a lo cual el 70% estuvo de acuerdo y una proporción todavía mayor (81%) consideró que los servidores públicos deberían estar más involucrados en las decisiones que se toman al respecto.
Esta percepción convive con la que tienen sobre su participación real en esas cuestiones. El 67% de los funcionarios piensa que los conocimientos que tienen son tomados en cuenta por sus superiores siempre o la mayoría de las veces. Algo más de una cuarta parte entiende que son atendidos la menor parte de las veces, y el restante 7%, nunca.
Frente a la pregunta de qué harían si sus superiores políticos elaboran una propuesta de medida que consideran desaconsejable, el 60% aseguró que expresaría su desacuerdo, el 27% que intentaría convencer a los jerarcas y el 10% acataría la decisión de todos modos.
Casi la totalidad de los encuestados compartió la idea de que los funcionarios deberían ser capaces de trabajar con igual compromiso independientemente de la tendencia política del gobierno.
Habilidades
Un propósito central de la encuesta fue analizar las capacidades y habilidades de los funcionarios públicos civiles; como parte de un plan de reforma, la ONSC está trabajando en una definición de las ocupaciones dentro de la administración pública, como paso previo a asignarle un “valor” a cada una y posteriormente un nivel salarial. Será la base para el rediseño de la carrera funcional (Búsqueda N° 2.088).
El modelo analítico utilizado en la encuesta define las capacidades para las políticas públicas como “el conjunto de habilidades y recursos (o competencias y capacidades) necesarios para el desempeño de las funciones de política pública”, reconociendo tres dimensiones (analítica, operativa y política). La ONSC destaca en el documento que en Uruguay no existen antecedentes de sondeos sobre esta temática.
De los encuestados, la edad promedio es de 47 años y tienen un alto nivel de formación, con predominancia (52%) en ciencias humanas y sociales. La antigüedad media se sitúa en 17,6 años. Algo más de la mitad aseguró que nunca logró un ascenso durante su carrera en el Estado, mientras que aproximadamente el 20% tuvo uno y una proporción similar dos o más.
Para conocer con detalle el trabajo que realizan, se les dio una lista de funciones de política pública solicitando que señalaran las tres ejercidas con más frecuencia. La aplicación de instrumentos y herramientas de apoyo (normativa, fiscalización, convenios, licitaciones, contratos, términos de referencia, créditos, seguros, sistemas de información, etc.) fue la más indicada (35%). Ese dato es consistente con la alta proporción de empleados públicos cuya tarea principal es el soporte administrativo y de gestión.
En segundo lugar, el 28% señaló que cumple funciones vinculadas a la entrega de servicios públicos, atención a usuarios o beneficiarios de política pública.
Entre una lista de tareas, a los encuestados se les pidió indicar, en una escala del 1 (muy difícil) al 10 (muy fácil), qué grado de complejidad tendrían para ejecutarlas. En promedio, las tareas se sitúan entre 7 y 8. Las excepciones son “defender posiciones institucionales en espacios externos” y “obtener apoyo y movilizar actores externos”, para las que señalaron una dificultad promedio más elevada (de 6,7 y 5,9, respectivamente).
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