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Una disputa por los servicios de cable en La Paz y Las Piedras, que se arrastra desde hace más de una década, expone al Estado a posibles juicios millonarios y deja abierta la puerta para que autoridades del gobierno sean acusadas por abuso de funciones. Es que la empresa Cable Video Uruguay estudia tomar acciones por la “omisión” del Poder Ejecutivo de revocar la licencia de su competidora Visión Canaria, y esto puede incluir una demanda penal por abuso de funciones, tal como recomendó su abogado, el ex fiscal general Jorge Díaz.
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“Habiendo una vez más advertido a las autoridades sobre los enormes perjuicios que se están ocasionando, concomitantemente con la consulta del doctor Díaz, la empresa espera que las autoridades actúen en consecuencia. En caso de que ello no ocurra, la empresa evaluará la situación”, dijo a Búsqueda un vocero de la compañía.
El abogado de Cable Video, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que recomendó a sus clientes que presenten una denuncia penal por abuso de funciones. El ex fiscal general dijo que la conducta de las autoridades es particularmente cuestionable después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en octubre de 2019, en el que le daba la razón al reclamo de Cable Video. Recordó que los responsables últimos de las licencias de cableoperadores son el presidente y el ministro de Industria, Omar Paganini.
Por esta situación, que se remonta a 2004, el Estado ya tuvo que pagarle a Cable Video $ 155.210.499, unos US$ 4,12 millones, según informó El País el miércoles 26. Pero esta cifra se limita únicamente a los perjuicios causados a la empresa entre abril de 2012 y diciembre de 2013.
Proceso
Visión Canaria (Val SRL) obtuvo en agosto de 2004 —durante el gobierno del colorado Jorge Batlle— una licencia para ofrecer servicios de TV por cable en las ciudades de La Paz y Las Piedras, donde desde hacía una década operaba Cable Video bajo el nombre Telecable. Las bases del llamado decían que la compañía ganadora debía iniciar el servicio en los siguientes 12 meses, de lo contrario se revocaba el permiso. Sin embargo, según el escrito presentado por Cable Video Uruguay, esto fue incumplido y el cableado recién comenzó a hacerse a mediados de 2011, ya durante la administración de José Mujica, del Frente Amplio.
Cable Video protestó por esta situación y, ante lo que señalaron una inacción de las autoridades, inició una demanda contra el Estado. La Justicia falló en su favor en primera instancia en noviembre de 2013 y en segunda en junio de 2014. Entre ambas, una resolución del gobierno de Mujica había confirmado a Visión Canaria como titular del permiso.
Finalmente la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a Cable Video, el 20 de mayo de 2015, ya durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En esa misma administración, el 17 de octubre de 2019, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) determinó que se debía revocar la licencia de Visión Canaria.
En julio de 2022, ya durante el gobierno del nacionalista Luis Lacalle Pou, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) revocó la licencia de Visión Canaria. Sin embargo, le otorgó una “autorización provisoria” hasta que se hiciera efectivo un nuevo llamado para ofrecer este servicio en ambas ciudades.
El titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, había dicho el 22 de agosto de 2022 a El Observador que la decisión se tomó para no dejar a los vecinos de esas localidades “con una sola opción de cable” y que esa situación había sido “heredada” del gobierno anterior. En ese mismo artículo se indicó que el Poder Ejecutivo había dado un plazo máximo de 120 días para efectivizar una nueva concesión. Ese plazo se extendió largamente.
En el documento que presentó a la Ursec, firmado por sus representantes Clarence y Tomás Romay, Cable Video alega que esa autorización provisoria “no está prevista en la actual ley de medios”. El escrito estaba acompañado de un informe jurídico de Díaz, que integra el estudio Brum & Costa, que dice que las conductas de las autoridades podrían ser tipificadas con el delito de abuso de funciones.
Este viernes 28 vence el plazo para presentación de propuestas en ese llamado para ofrecer servicio de televisión por cable —licencia clase D— en La Paz y Las Piedras. Según pudo saber Búsqueda, ya se presentaron dos interesados.
En su escrito, Cable Video pidió a la Ursec que “suspenda o deje sin efecto” esta instancia, hasta la revocación definitiva de la autorización a Visión Canaria. En su defecto, la firma demandante solicitará “autorización” para su propio cierre, “debido a la situación insostenible en que se encuentra, producto de las constantes acciones y omisiones de las autoridades, todas ellas conducentes a beneficiar a una empresa competidora ilegalmente instalada”.
Acciones civiles
En el área de la Justicia civil, la empresa tiene previsto avanzar con dos reclamos: “la pérdida de abonados sufrida desde enero de 2014” hasta el momento y los perjuicios ocasionados después de la “autorización provisoria” otorgada a su competencia en 2022. Sobre el primer tema, Cable Video y la Ursec no llegaron a un acuerdo en la instancia de conciliación, por lo que la empresa prepara una demanda millonaria contra el Estado.
Según publicó en un hilo de Twitter el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, y confirmó Búsqueda con fuentes del sector, Visión Canaria está vinculada a Canal 10 y, con ello, a Equital.
