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El empresario argentino Daniel Hadad suspendió el pedido que había realizado a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en enero, para que le otorgue la titularidad de las frecuencias de Radio Colonia AM 550 y de FM Mágica 93.5, según confirmó a Búsqueda el presidente de ese organismo regulador, Gabriel Lombide.
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La suspensión implica que se congela su pedido. Para operar legalmente las emisoras, necesitaba la aprobación del Poder Ejecutivo, con un informe previo del organismo.
Hadad había concretado la compra de las emisoras con sus antiguos propietarios y comenzó a tomar decisiones sobre el futuro de las radios sin la previa autorización de las autoridades (Búsqueda Nº 1.806), por lo que la Asociación de la Prensa Uruguaya y (APU) la Coalición por una Comunicación Democrática (Cainfo) presentaron una denuncia ante la Ursec el miércoles 25 (Búsqueda Nº 1.809).
En el análisis de la solicitud de Hadad para ponerse al frente de las emisoras, la Ursec hizo algunas “observaciones” respecto a la documentación exigida para poder ejercer la titularidad de las frecuencias. El organismo otorgó un plazo de 10 días para que subsanara la situación, a las que el interesado no respondió.
En los hechos, Hadad ejerce el control de las radios e incluso llegó a decidir despidos y cambios en la programación.
El artículo 109 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sostiene que “a efectos de transferir, ceder, vender, donar o realizar cualquier otro negocio jurídico que implique, directa o indirectamente, un cambio total o parcial de la titularidad de las autorizaciones o licencias, se requerirá aprobación del Poder Ejecutivo, previo informe del Consejo de Comunicación Audiovisual”. Uno de los puntos del artículo 104 de la ley indica que para poder ser titular de una radio uruguaya, además de ser ciudadano, se deberá tener domicilio real y permanente en el país. Si no se cumple con las normas establecidas, la ley habilita la “revocación” de la licencia.
Esos fueron algunos de los argumentos utilizados por APU y Cainfo para denunciar la situación de “ilegalidad” y para solicitar la revocación del permiso de las radios prevista por la ley. En un comunicado difundido ayer miércoles 15, además de pedir la revocación del permiso a los titulares oficiales de las emisoras —que según los organismo son “testaferros”—, solicitan “rechazar la solicitud de transferencia, por incumplimiento de la normativa vigente”, en caso de que Hadad reinicie los trámites ante la Ursec.