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La rescisión del contrato entre Gas Sayago, la sociedad anónima formada por UTE y Ancap, y GNLS, el consorcio entre las multinacionales GDF Suez y Marubeni, fue celebrada por el gobierno como una “excelente noticia para el Uruguay”. El Estado cobró una garantía de más de U$S 100 millones por el incumplimiento del contrato para construir la planta regasificadora en Punta Sayago y el tema parecía terminar allí.
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En ese entonces, el diputado nacionalista Pablo Abdala fue uno de los pocos que advirtieron que lejos de terminar con los problemas, la caída del proyecto traería otro tipo de consecuencias para el Estado. “Ya habíamos avisado que las empresas iban a empezar a reclamar lo que les deben por sus trabajos”, dijo a Búsqueda el legislador.
La lista de afectados incluye a más de 380 empresarios. Entre ellos hay barracas, transportistas, personas particulares, imprentas, mutualistas, constructoras locales, consultoras, hormigoneras, laboratorios, agencias de viajes, seguros, frigoríficos y telefónicas como Antel y Movistar.
El pronóstico de Abdala se cumplió, ya que, según informaron a Búsqueda los empresarios, ya iniciaron al menos cinco demandas contra el Estado.
Nautimill SA reclama U$S 1,3 millones adeudados por el alquiler de tres barcos a GNLS que nunca se pagaron. Su dueño Rubén Varela explicó que su demanda es contra el consorcio, Gas Sayago, la constructora brasileña OAS, UTE y Ancap, porque “son todos lo mismo”.
Varela dijo que pidió un préstamo en el Banco República para comprar uno de los tres barcos “confiando en que el Estado si dice que hace una obra la completa”, pero que ahora no cuenta con el pago de GNLS para cancelar la deuda. “Es espantoso ver al gobierno regocijándose con que hizo un buen negocio con la garantía y dejaron a las empresas uruguayas sin cobrar por su trabajo”, afirmó.
Las empresas Marabierto, que brinda servicios de lanchas, y Rossmar, que transportó personal tanto por mar como por tierra, también iniciaron una demanda contra los mismos involucrados. Y la empresa Costa Fortuna, una constructora uruguaya contratada para realizar obras de la regasificadora, tiene en curso dos demandas.
Semanas atrás, 17 trabajadores presentaron un reclamo laboral por salarios sin pagar, licencias no gozadas y despidos no cobrados. Los trabajadores reclaman un monto cercano a U$S 1,5 millones correspondiente al total de salarios, horas extras, indemnización por despidos y licencias no gozadas de todo el contrato.
Antes, los directivos de la empresa Costa Fortuna denunciaron en la Justicia penal por estafa a las sociedades GNLS y OAS por “crear la imagen” de que el proyecto seguiría. Les reclaman cerca de U$S 10 millones acusándola de saber que la obra se paralizaría y “engañar durante meses” a las subcontratadas para que continuaran sus trabajos (Búsqueda Nº 1.837).
En el escrito los denunciantes aseguran que “con la finalidad de procurarse un provecho injusto, los representantes de GNLS incitaron, promovieron y obligaron (contractualmente) a los representantes de Costa Fortuna a la continuación de los servicios de construcción a sabiendas de que los mismos no iban a ser pagados”.
La maniobra, según los denunciantes, le generó a la compañía un perjuicio de más de U$S 4 millones por las obras realizadas y no pagas, así como más de U$S 5 millones por la indemnización que debería abonar OAS al rescindir unilateralmente su contrato.
La instalación de una planta regasificadora involucra tres grandes obras: la terminal regasificadora y la escollera aguas adentro del Río de la Plata, el dragado del nuevo canal de acceso al río y un gasoducto que conecte el que ya existe con la terminal.
Gas Sayago eligió a GDF Suez para encargarle la obra a un costo para el Estado de U$S 2.610 millones. Tras firmar el contrato con Gas Sayago, el consorcio GNLS contrató a la constructora brasileña OAS para ejecutar la obra. En diciembre de 2013, OAS contrató a la uruguaya Costa Fortuna para construir los pilotes de la obra por un costo de U$S 23 millones. Pese a que OAS contrató a Costa Fortuna, el pago de sus servicios lo hizo directamente GNLS.
A partir de marzo la constructora uruguaya recibió notificaciones de OAS informando sobre la rescisión abrupta del contrato con GNLS, quien al mismo tiempo informó que interrumpía el contrato porque OAS incumplió su obligación de elaborar el proyecto ejecutivo de la obra. Más adelante terminaría con el cobro de la garantía de U$S 126 millones.
El diputado Abdala interpeló dos veces a la ministra de Industria Carolina Cosse sobre el proyecto de la regasificadora. En la primera oportunidad, en setiembre de 2015, Cosse celebró el cobro de la garantía por parte del Estado. Hoy, Abdala considera que fue una “valoración totalmente inexacta” y que las demandas que inician las empresas confirman la responsabilidad “notoria y evidente del Estado en las garantías que extendió”. “La garantía soberana le genera responsabilidad con GNLS y también con los terceros. Estos empresarios uruguayos son los terceros que hoy están reclamando que ni GNLS ni OAS les pagaron un peso”, agregó. “Alguien tiene que hacerse cargo”.
