Para un país como Brasil, el pulso por el Código Forestal que vetó parcialmente la presidenta Dilma Rousseff el viernes 25 es más que un asunto donde está en juego su imagen ambientalista o la vegetación de un área hasta cuatro veces y media mayor que la superficie de Uruguay, según cálculos oficiales. Se trata también de establecer hacia el futuro un equilibrio entre desarrollo agrícola y protección ecológica en una nación que acaba de convertirse en sexta economía del mundo, mientras alberga cerca de 40% de la selva tropical que resta en la Tierra. Y las tensiones políticas que este desafío provoca son enormes.
La decisión de Rousseff de vetar 12 de los 84 artículos del Código Forestal sancionado por el Congreso en abril y establecerle 32 modificaciones estuvo lejos de poner punto final a la disputa, que es seguida de cerca dentro y fuera del país. La jefa de Estado rechazó el viernes 25 la amnistía que la ley daba a quienes deforestaron ilegalmente tierras en el pasado y la reducción de las áreas que deben mantenerse reforestadas obligatoriamente. El mensaje enviado por el gobierno al Congreso el lunes aludió al “interés público” para justificar el veto.
Pero el paso dado por Rousseff fue criticado por grupos ambientalistas, que aspiraban a que la presidenta vetase la totalidad del texto legal, y puso en guardia al poderoso lobby de productores rurales de Brasil, que controla cerca de un cuarto de los votos de la Cámara de Diputados y ahora se apresta a dar batalla para derribar las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo.
La controversia toca fibras muy sensibles en este país, que en los últimos años tuvo en la producción agrícola uno de los pilares de su despegue económico y que se apresta a recibir en Río de Janeiro en junio la conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre desarrollo sustentable, con cientos de gobernantes y activistas ambientales invitados. Todo esto hace de Brasil hoy un escenario particular de la tradicional batalla de crecimiento económico versus cuidado del medioambiente, y el desenlace de esta disputa podría tener repercusiones a escala regional y global.
“Está (planteada) esa contradicción entre desarrollo económico y preservación de la naturaleza”, evaluó Pedro Cezar Dutra Fonseca, un economista brasileño ex vicerrector de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, consultado por Búsqueda. “En los últimos años afloró mucho eso porque una de las posibilidades fuertes de Brasil es el agronegocio, que comenzó a fortalecerse con la demanda china. En el pasado Brasil crecía más industrialmente y la agricultura estaba muy volcada al mercado interno. Pero con el agronegocio y el carácter exportador de la agricultura, la situación cambió”, agregó el académico, que preside el foro brasileño de profesores de desarrollo económico.
“Una mediación”
El Código Forestal brasileño data de 1965 y es una columna vertebral de la política ambiental de Brasil. La ley define los límites para la explotación de tierras en el país, qué áreas deben mantener su vegetación nativa, dónde la deforestación es permitida y dónde es castigada. Su actualización es considerada necesaria para que los propietarios de tierras tengan incentivos para recuperar zonas deforestadas y Brasil pueda adaptarse a su condición actual de peso pesado en las exportaciones mundiales de soja, café, algodón, naranja, azúcar y etanol derivado de la caña de azúcar.
En base a sus normas ambientales, a un mayor control policial y una fuerte presión internacional, Brasil ha tenido logros recientes en la protección de la Amazonia, donde la tasa de deforestación se redujo 80% el último sexenio, según organizaciones ambientalistas. Sin embargo, estos mismos grupos temen que la situación se revierta si entra en vigencia un nuevo Código Forestal como el que aprobó la Cámara de Diputados a fines de abril.
La ley concedía una amnistía a quienes talaron árboles ilegalmente antes de 2008, perdonándoles multas por un total de más de U$S 5.500 millones, según cálculos oficiales. También reducía el espacio de 30 metros de ambas márgenes de los ríos que los propietarios de tierras deben reforestar obligatoriamente en el marco de las denominadas Áreas de Protección Ambiental (APP), creadas en 1989 para evitar la llegada de productos contaminantes a las cuencas fluviales y evitar la erosión de la tierra.
Estos son dos de los principales puntos de la ley vetados por Rousseff. La presidenta rechazó la amnistía para los deforestadores y decidió establecer en las APP franjas de recuperación al borde de ríos de acuerdo al tamaño de la tierras, obligando a plantar más a los dueños de haciendas más grandes. “Todos están obligados a recuperar, inclusive los pequeños (productores) que van a recuperar el mínimo”, dijo la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, al anunciar el veto el viernes 25. Asimismo, Rousseff mantuvo requisitos mínimos de reserva forestal que debe haber en diferentes zonas del país, que varían desde 20% de cada hacienda en la región sureste hasta 80% en la Amazonia (donde la ley aprobada por el Congreso bajaba esa exigencia a 50%).
Según el gobierno, la decisión presidencial procura neutralizar el riesgo de una pérdida importante de la reserva forestal de Brasil latente en el proyecto aprobado por el Congreso. Esa pérdida podía alcanzar hasta 31% de la reserva actual del país, unos 79 millones de hectáreas ubicadas fundamentalmente en la Amazonia, según cálculos del oficial Instituto de Investigación Económica Aplicada. En este sentido, el veto de Rousseff supone un golpe a los intereses de los productores agrícolas que pretendían aumentar la superficie de tierra cultivable en Brasil.
Pero las medidas gubernamentales han sido criticadas por grupos ambientalistas que creen que flexibilizan algunas exigencias del Código Forestal, por ejemplo bajando las exigencias de recuperación en partes de las APP que fueron deforestadas o permitiendo que esa recomposición se haga con “especies exóticas”, ajenas a los ecosistemas.
Dutra Fonseca evaluó que Rousseff intentó así buscar un punto intermedio entre las aspiraciones de los ambientalistas y los productores rurales. “Esa solución que el gobierno encontró de hacer una mediación fue buena, porque por un lado preserva a los pequeños productores, aunque no exime de multa a aquellos que se comprometieron con cosas contrarias a la naturaleza”, dijo. “Pero la solución encontrada no va a ser ideal para cada una de las partes: eso es imposible porque los dos lados son extremamente radicales”.
“Mucho dinero”
La controversia incluye intereses de países del primer mundo que en el pasado permitieron la deforestación de sus propias tierras y ahora exigen a Brasil el cuidado de la suya, “a veces con razón”, afirmó Dutra Fonseca. “Muchos países competidores de Brasil miran a esta situación porque una forma de impedir el desarrollo de la agricultura es plantear la cuestión ecológica”, indicó. “Eso pasa no solo en Brasil sino en América Latina en general, en Argentina, Uruguay, Paraguay, con barreras sanitarias o ambientales. Es una forma sutil (de actuar) y a veces hasta simpática”.
David Fleischer, profesor emérito de ciencia política en la Universidad de Brasilia, explicó que la situación se tornó políticamente más apremiante debido a la cercanía de la conferencia de la ONU sobre desarrollo sustentable en Río. “Si la presidenta Dilma dejaba el Código como fue aprobado en la Cámara por el bloque ruralista, era una vergüenza para Brasil”, dijo en declaraciones a Búsqueda.
Rousseff ya ha enfrentado críticas de ambientalistas por permitir el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y energía en áreas sensibles, como por ejemplo la represa de Belo Monte en la Amazonia. Pero al mismo tiempo esas obras son consideradas necesarias para satisfacer las demandas de consumo de un país en despegue. La economía brasileña se expandió a una tasa promedio de 4,2% desde 2006, pero se ha desacelerado en los últimos tiempos, pasando de un crecimiento de 7,5% en 2010 a sólo 2,7% el año pasado.
Esta coyuntura dificulta las cosas para Rousseff, sus ministros y su bancada legislativa, que deben establecer límites a la expansión de la agricultura al mismo tiempo que anuncian medidas de estímulo para la industria. Muchos productores rurales señalan como un ejemplo a emular lo que ocurrió recientemente en El Cerrado, una gran región de la sabana tropical brasileña que de la nada pasó a estar prácticamente cubierta de cultivos. “Estamos votando para disminuir el área plantada cuando el mundo pasa hambre”, protestó el diputado Moreira Mendes, presidente del Frente Parlamentario de la Agropecuaria, durante el debate del Código Forestal en la Cámara Baja en abril.
El ministro brasileño de Agricultura, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, respondió a estas inquietudes afirmando que “es posible producir conservando el medioambiente”. Pero esto está lejos de convencer a los legisladores ruralistas, que tienen preparado medio centenar de enmiendas contra la medida provisoria enviada por Rousseff. Fleischer consideró que es posible que los plazos ayuden a la presidenta, ya que el Congreso brasileño entrará en receso electoral en julio y recién podría volver a votar sobre el Código Forestal en noviembre, cuando las disposiciones del Ejecutivo ya hayan entrado en vigor por falta de pronunciamiento parlamentario. En cualquier caso, el desenlace de esta disputa dará una pauta de hasta dónde llega el poder de los productores rurales en el Brasil actual. “El bloque ruralista tiene mucha fuerza y mucho dinero”, dijo el analista, y recordó que durante la votación de abril ya consiguió el apoyo clave de legisladores de grupos aliados a Rousseff. “Esto muestra que, dependiendo del asunto o del momento, la coalición de Dilma se deshace”.
