En Montevideo hay cerca de 200 pensiones irregulares, algunas en “estado lamentable”; la intendencia comenzará a aplicar sanciones

Según informó el intendente Christian Di Candia en una conferencia de prensa días atrás, debido al impacto económico provocado por la pandemia, muchas personas que viven en pensiones o en casas de inquilinato no han podido cumplir con los pagos mensuales. Por lo tanto, la comuna comenzará a evaluar la concesión de un subsidio de $ 11.000 a quienes estén en situaciones de mayor urgencia.

El 39% (1.243) de quienes viven en pensiones son extranjeros. La nacionalidad de origen es variada, pero predominan los países caribeños como Cuba (741 personas), Venezuela (220) y República Dominicana (126). Les siguen Colombia (30 personas), Perú (24) y Argentina (22), además de ciudadanos de Bangladesh, Bolivia, Camerún, Ecuador, Egipto, Francia, Haití, Honduras, India, Italia, Líbano, República Checa, entre otros.

En inspecciones realizadas entre marzo y abril la IM detectó el surgimiento de más de 100 pensiones y casas de inquilinato irregulares, que no cuentan con permiso municipal para funcionar y se encuentran en situaciones precarias, informó a Búsqueda el director de Convivencia Departamental de la comuna, Facundo Pérez. La intendencia estima que en total funcionan entre 150 y 200 locales sin autorización.

“Inspeccionamos todos los alojamientos temporales —pensiones, hoteles, casas de inquilinato, prostíbulos— al menos una vez al mes. Alrededor de un 30% está más o menos en condiciones, la mayoría son aceptables. Pero las que surgieron en los últimos dos meses son intolerables, en un estado lamentable. La semana pasada, sin ir más lejos, encontramos uno que había montado un cuarto en una cámara de frío. Se están viendo cosas complicadas”, afirmó el director.

Sin embargo, a veces es eso o la calle, añadió. Y las personas terminan pagando precios que rondan los $ 4.000 por habitaciones en sótanos, sin luz ni ventilación.

Nueva regulación

Con el fin de fortalecer los controles y mejorar las condiciones de estos establecimientos, la IM elaboró un decreto la semana pasada que modifica la reglamentación sobre las pensiones en Montevideo.

Entre otras cosas, el documento aprobado ayer miércoles 13 establece que a partir de ahora estos locales deberán contar con un mínimo de tres habitaciones, en vez de 10. Esto se debe a que la exigencia de 10 habitaciones implica que el edificio deba ser muy grande y por lo tanto antiguo. Y eso a su vez, ocasiona gastos muy altos al propietario.

“Con este nuevo sistema pensamos que pueden adherir muchas viviendas más modernas y que la cuenta dé mejor para la persona que quiera poner ese negocio”, explicó Pérez.

Otro elemento que incorpora la nueva normativa es lo relativo a las sanciones, hasta ahora inexistentes. Es que, según el jerarca, cuando se detectaba una irregularidad las autoridades disponían la clausura del local y comenzaba un largo proceso mediante denuncias policiales y penales.

Pero ahora el decreto establece multas económicas en caso de comprobarse el funcionamiento de una pensión clandestina. Las sanciones van desde 5 unidades reajustables (UR) por “falta de persona encargada” o “apertura de habitaciones extra”, 10 UR por funcionar sin permiso, hasta 35 UR por “impedimento a la inspección o violación de clausura”.

Por último, la normativa también especifica las medidas mínimas que deben tener los espacios destinados a habitaciones (entre siete y 10 metros cuadrados), un baño colectivo cada seis habitaciones, cocinas colectivas de al menos cuatro metros cuadrados y comedores diarios de una superficie mayor a 10 metros cuadrados. A su vez, los ambientes deben ser iluminados y contar con ventilación adecuada, por lo que se prohíbe utilizar depósitos como habitaciones.

No tan temporales

Según los datos del Servicio de Convivencia de la comuna, actualmente hay 180 pensiones registradas en Montevideo, la mayoría en el municipio B (Cordón, Parque Rodó, Tres Cruces, Ciudad Vieja, Centro), a las que se suman entre 150 y 200 irregulares.

Otro aspecto que reveló el censo es que las pensiones no son para muchas personas viviendas transitorias, sino que viven allí por años. Esto se debe, dijo Pérez, a que generalmente no logran tener garantías que les permita acceder a otro tipo de vivienda.

En ese sentido, 1.271 encuestados dijeron haber pasado menos de un año en una pensión, 917 entre uno y cinco años y 634 más de cinco. Incluso, 30 dijeron haber vivido en pensiones por dos décadas, y hay casos puntuales en los que llegaron a vivir más de 50 años en casas de inquilinato.