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En medio de un fuerte deterioro del mercado de trabajo y de una caída pronunciada de la actividad en varios —la mayoría— de los sectores productivos, ayer miércoles los uruguayos gozamos de un asueto obligado impuesto por el PIT-CNT, en el marco de un paro general en el que, como es tradicional, a partir de afectar en forma casi absoluta el transporte público y las oficinas públicas en general (además de escuelas, liceos y bancos), se asegura que nadie, ni los que quieran, puedan trabajar o desarrollar sus actividades normales. En un solo día, como si acaso sobraran, se quemaron y perdieron millones de dólares.
Poco importa que en el país se viva una gravísima situación, que los costos uruguayos sean extremadamente altos, que nuestra competividad con la región y otros mercados competidores sea pésima, que las empresas estén postradas por una carga tributaria y laboral que ha subido en forma constante mientras no suben —en realidad bajan— los ingresos y que en el país se sigan perdiendo por mes miles de puestos de trabajo. Para los jerarcas sindicales, la consigna y la batalla sigue siendo la misma: más recursos en la Rendición de Cuentas y aumentos reales de los salarios y otros beneficios en los Consejos de Salarios. La realidad económica no cuenta ni existe; no solo los concursos de empresas presentados en el primer semestre de este año llegan a 50 (fueron 56 en todo el año 2017), sino que son varias las empresas que ya bajaron la cortina, mientras sube el desempleo (la media del semestre estuvo por encima del 8%) y baja la tasa de empleo (56%). La sensación generalizada es de pesimismo y se esperan años muy duros, en los que no será posible mantener la suba permanente de los costos con la productividad y la competitividad gravemente afectadas.
Los sindicatos, sin embargo, parecen vivir en otra realidad y no entender, como bien señala Richard Read, que “el mejor sindicato no es el que hace más paros”. Creen supuestamente que se puede seguir tirando de la piola y aumentado costos reales, como si el mero voluntarismo alcanzara para superar realidades objetivas incontrastables. No quieren aparentemente aceptar que, a pesar de una década excepcional, con la soja arriba de los 600 dólares la tonelada, con la tasa de interés internacional por el piso y con el consiguiente flujo de recursos financieros hacia estas tierras, un conjunto siniestro de factores, asociados al clientelismo, el despilfarro, la ineficiencia y hasta la corrupción, hizo que se desperdiciara una bonanza excepcional, no se invirtiera en infraestructura ni educación como era necesario y se regalaran recursos en planes asistencialistas que generan dependientes políticos pero no cultura de trabajo y sacrificio, lo que determina que ahora, cuando los vientos a favor desaparecen, sea inexorable asumir un ajuste doloroso pero inevitable. Los sindicatos demuestran, en realidad, poca solidaridad y sensibilidad social, en la medida que hoy sus actitudes, a quienes más afectan, es a quienes menos tienen y más necesitan, que son, inexorablemente, los que más indefensos quedan en épocas de crisis y poco empleo.
Es cierto que los gobiernos del Frente Amplio pudieron y debieron actuar con otro criterio en los años de vacas gordas para sentar las bases de un desarrollo sostenido y sustentable, que nos preparara adecuadamente para enfrentar las inevitables fluctuaciones que siempre ocurren cada tanto y que nadie podía ignorar, pero se jugó con fuego, se gastó permanentemente de más a “cuenta del espacio fiscal esperable”, se mal administraron los recursos públicos y se desfondó sin remedio a varias empresas públicas (la abanderada fue Ancap) que tienen —paradójicamente— el privilegio de actuar en forma monopólica, dejándonos exhaustos, endeudados y sin resto para aguantar el inevitable cambio de tendencia. Como si eso fuera poco, además, desde el propio gobierno, atrapados en la “lucha de clases” que impulsan sus sectores más radicales, pareciendo ignorar que sin empresas e inversión no hay empleo ni desarrollo posible, se alentó y apoyó el desborde y la prepotencia sindical, generando un terrible combo que hoy tiene postrada a buena parte de la actividad empresarial. Una torpeza sin límite y, sobre todo, una irresponsabilidad enorme.
Para ilustrar con un ejemplo de esa tortuosa realidad que condena en la actualidad a varios sectores productivos, se puede recurrir a un sector emblemático, con décadas de sostenido y responsable desarrollo, como es el sector lechero, que se debate hoy al borde de la muerte frente a costos insoportables y crecientes demandas sindicales. Hace pocos días todos fuimos testigos del salvataje legal de la empresa Pili, a partir de un préstamo votado por el propio Parlamento que poco podrá solucionar frente a números que no cierran, pero —en realidad— son casi todas las empresas de sector, e incluso la legendaria Conaprole, las que enfrentan condiciones extremas. Esta empresa, que paga salarios promedios a sus trabajadores de 57.000 pesos por mes, tiene más de mil productores remitentes de leche que facturan 30.000 pesos por mes (con lo que deben cubrir todos sus costos de producción, mantenimiento, reinversión y además mantener a sus familias) y 400 remitentes en rojo (o sea que no cubren sus costos), en el marco de un sector donde, en los últimos cinco años, el salario de los obreros ha subido 34% mientras que los productores siguen cobrando el mismo precio por litro de leche. A pesar de esa realidad, Conaprole enfrenta hace meses un durísimo conflicto sindical con sus trabajadores, que trabajan a reglamento y sin cumplir horas extras por reclamos varios, lo que ha dejado en evidencia, conforme palabras del diputado Goñi, que la empresa realizó graves denuncias sobre excesos y desbordes del sindicato que fueron notificadas al ministerio, señalando que “la actitud del ministerio fue más grave aún”, ya que tuvo una actitud de “permisividad excesiva” que ambientó los excesos denunciados.
Otro ejemplo, sin duda, de una situación empresarial límite y angustiante, lo dan las cámaras empresariales que se retiraron de las mesas de negociación en la actual ronda de Consejos de Salarios disconformes con criterios del Poder Ejecutivo, o aquellas que pretenden no pagar los correctivos por inflación que vienen del convenio anterior, o aquellas que no aceptan ubicarse en ninguno de los tres grupos (dinámico, medio y en problemas) previstos para el actual diálogo tripartito, por entender que sus respectivas propuestas no son adecuadas.
Sin duda los empresarios, cansados de un gobierno que no los escucha ni respeta y de gremios que piden y reclaman sin pausa sin advertir que se viven circunstancias especiales y extremas, parecen estar dispuestos a exigir racionalidad y criterio frente a graves factores negativos que nadie puede desconocer. No se pretende cargar el peso de la crisis sobre los trabajadores, pero sí tener de estos la comprensión para asumir, por ahora, que deben moderar sus pretensiones y luchar juntos para salvar las fuentes de trabajo que hoy están comprometidas.
