El empresario Francisco Casal, autoproclamado como el hombre más rico del Uruguay, ofreció U$S 805 millones hasta 2020 a la Confederación Sudamericana de Fútbol para adquirir los derechos de televisación de los torneos que esa entidad organiza, contra los U$S 381 millones que actualmente paga la firma T&T.
Ese es uno de los principales argumentos que maneja la denuncia penal, a la que accedió Búsqueda, presentada en uno de los juzgados especializados en crimen organizado por siete clubes de primera división y por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, para que el fiscal Juan Gomez y la jueza Adriana de los Santos investiguen si existió delito de “estafa”, “asociación para delinquir” y “lavado de activos” entre otras figuras penales, por parte de las autoridades de la Conmebol. Los clubes que originalmente presentaron la denuncia fueron: Peñarol, Miramar Misiones, El Tanque Sisley, Racing, Cerro, Cerro Largo y Rentistas. Finalmente los clubes desistieron y la denuncia fue ratificada la semana pasada únicamente por el gremio de los jugadores.
Consultado por Búsqueda, el abogado de la Conmebol en Uruguay, Gustavo Bordes, se excusó de hacer declaraciones, porque en los próximos días presentará ante la sede judicial un escrito con los argumentos de la Confederación, que rebaten “uno a uno” los de la denuncia, según dijo.
“Alguien se podrá preguntar por qué no le dan los derechos a Global Sport si la diferencia es tan importante”, manifestó el letrado. “Eso va a quedar claro en el escrito que vamos a presentar. Y que se juzgue si se trata de una oferta económica y jurídicamente viable”, aseveró.
“Perjuicios”.
En la denuncia dice que “los clubes uruguayos se han visto perjudicados directamente por las maniobras que se denuncian, así como los jugadores que participaron en esos torneos y todo su entorno”.
Agrega que las empresas Gol TV y Global (ambas de Casal) “vienen ofreciendo desde el año 2006 importantes negocios a la Conmebol, como ser, primero la creación de la Copa de Campeones de Libertadores y, a partir del año 2008, la compra de los derechos de televisación de las copas Libertadores y Sudamericana”.
Según un cuadro que acompaña la denuncia, la Conmebol vendió los derechos de televisación de esos torneos a la empresa T&T en U$S 202 millones en un plazo que va del 2011 al 2014. A su vez T&T luego vende esos derechos a Fox Sports, que transmite los partidos. Sin embargo —según la denuncia— la empresa Gol ofreció por ese mismo material U$S 270 millones, es decir una diferencia de U$S 68 millones con su competidor.
“Dicha situación se estará agravando a partir del año 2015, puesto que la Conmebol ha rechazado una propuesta de Global Sports para adquirir los derechos de TV correspondientes a los años 2015 a 2020 por U$S 805 millones, aceptando otra sensiblemente inferior de la empresa T&T”, que ofreció en el mismo período U$S 381 millones, es decir U$S 433 millones menos.
“T&T Sports es una empresa dirigida por el señor Alejandro Burzaco y en la que tiene un rol importante el señor Eladio Rodríguez, que desde el año 1999 adquiere los derechos a un precio muy por debajo que el que correspondería y luego los cede a otra, principalmente Fox Sports LA y Rede Globo, a un precio notoriamente superior, por lo cual la diferencia millonaria queda en poder de T&T y la gente que se beneficia ilegítimamente de esta situación, como son los directivos de la Conmebol señores Julio Grondona y Eugenio Figueredo”, apunta el texto de la denuncia presentada por los penalistas Jorge Barrera y Víctor Della Valle en representación de los clubes y de los jugadores.
De acuerdo con el escrito judicial, esa información que hasta el momento se había “escondido” demuestra que los miembros del Comité Ejecutivo de la Conmebol “han venido ocultando a las federaciones y, por ende, a los clubes y jugadores, la existencia de las propuestas de Global Sports así como la importante diferencia existente entre lo que se cobra y se podría cobrar, en beneficio de algunos pocos”.
Los denunciantes señalan que resolvieron recurrir a la vía penal porque “en estos últimos tiempos era manifiesto el descontento de las instituciones que competían por las copas Libertadores y Sudamericana por lo reducido de los premios que se les pagaba por su participación en estos torneos, ya que a las instituciones pequeñas los gastos de traslado, alojamiento y demás hacía que salieran más endeudados que cuando empezaban”.
“A pesar de existir una propuesta sensiblemente superior, el 20 de diciembre de 2012 las autoridades de la Conmebol suscribieron un contrato con T&C y T&T Sports (empresas relacionadas) cediéndoles los derechos de TV de las copas Libertadores, Sudamericana y Recopa desde el año 2019 al 2022 por U$S 72 millones anuales, menos de la mitad de lo que nosotros ofrecimos”, dice el texto.
“Información falsa”.
Pero los denunciantes no solo afirman que perdieron de ganar dinero sino que acusan a los directivos de la Conmebol de “estafa” por fraguar los balances. “Los clubes hemos intentado conocer qué sucede con el dinero de la Conmebol y en el mes de junio hicimos un planteo al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (en ese entonces Sebastián Bauzá) para que se requiriera de la Conmebol una serie de información sobre sus finanzas”, señalan.
“El primero de agosto de 2013 el Congreso de la Conmebol aprobó un balance con información falsa, ocultando importantísimos ingresos y omitiendo egresos de manera engañosa a los auténticos titulares de esos derechos, como son los clubes de toda América”, agregan.
“La maniobra es consecuencia del accionar de un conjunto de personas que, desde sus distintos roles y posiciones, organizaron una maniobra fraudulenta en perjuicio de distintas instituciones y personas (...) y en su directo beneficio”, prosigue.
Los balances presentan “graves inconsistencias” desde el punto de vista formal, un “indicio” de la existencia de “irregularidades”, aseguran los denunciantes.
“Lamentablemente la respuesta que recibimos de los directivos consultados es que todos conocen que en la Conmebol existe malversación de fondos”, apunta.
De acuerdo con los denunciantes, solo por concepto de derechos de televisión, estática y patrocinio ingresaron a la Conmebol entre 2011 y 2012 U$S 90 millones y fueron informados solo U$S 17.280.000 por lo que hay una diferencia de más de U$S 72 millones.
Estos elementos indican para los clubes y la Mutual la existencia de un presunto delito de “lavado de dinero”, por lo que piden al juzgado seguir la ruta de la plata que entra y sale de la Conmebol.
“El seguimiento de la ruta del dinero, partiendo desde las cuentas de T&T, permitirá determinar quiénes fueron los que se beneficiaron indebidamente, así como la configuración de la prueba de actos de lavado”, sostienen.
“Las multimillonarias cuentas del señor Julio Grondona, familiares y allegados que se han denunciado en otros procesos (...) permiten suponer que este directivo junto con otros que con él han colaborado en mantener estos contratos con T&T (...) han generado y mantenido un esquema de corrupción”, agrega.
Esta denuncia penal estuvo acompañada de consultas a todos los catedráticos de Derecho Penal del país. Así argumentan a favor de Casal y en contra de la Conmebol los penalistas Gonzalo Fernández, Milton Cairoli, Miguel Langón y Amadeo Ottati. También se contrató una consulta a Laura Robatto, profesora de Derecho Penal y esposa del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero (Búsqueda Nº 1.761).
