• Cotizaciones
    domingo 23 de junio de 2024

    En respuesta a Montecon

    Sr. Director:

    Hace unas semanas expresé mi preocupación por el daño que demandas internacionales pendientes o en ciernes sobre el Estado uruguayo pudiesen causar al país. Refiriéndome a los dos casos actuales: la demanda planteada por el principal de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, con motivo del fracaso del proyecto de explotación de hierro de Valentines, y la planteada por la portuaria Montecon, derivada de sus disputas con un competidor. Esto provocó una fuerte reacción del gerente de esta última empresa.

    Esto obliga a centrar el foco sobre Montecon, entonces. Hay que decir que la réplica del Sr. González poco tuvo que ver con la preocupación central de mi texto original: el hecho de que, llevado el Estado uruguayo a un litigio internacional de proporciones, las consecuencias de un fallo desfavorable para Uruguay deberán ser soportadas, dólar a dólar y vía impuestos, por el ciudadano uruguayo. Luego se invierten largos párrafos en describir el contencioso con su competencia, que desemboca en esa demanda internacional por presuntos daños sufridos. Y también en describir la virtuosa conducta social de esa empresa y del conglomerado al que pertenece.

    Muy importante es entonces describir la estructura internacional en la que se inserta Montecon. No se trata de una empresa aislada. Lo manifiesta correctamente el Sr. González en su réplica, aunque se queda corto en describir las ramificaciones internacionales de la organización que dirige. Montecon es una empresa inserta en un enorme complejo multinacional de origen chileno gestionado, en principio, por el holding Ultramar desde su sede en Las Condes, en Santiago de Chile. Un conglomerado propiedad desde hace tres generaciones de la familia Von Appen.

    El grupo esa constituido por tres ramas: la portuaria Neltume Ports, la de “agenciamiento y soluciones integrales”, que incluye numerosas navieras, DAIS, y la de logística industrial Kaptan. Cada una de estas ramas despliega docenas de empresas localizadas en 16 países, lo que permite infinidad de concatenaciones verticales y horizontales. Calificar a este entramado de gran grupo multinacional es la comprobación de un hecho poco conocido en Uruguay.

    Pero profundizando mediante otras fuentes alrededor de esa descripción “oficial” –—descripción definida como oficial por ser extraída de distintas páginas web del grupo— se tropieza con otra organización “paralela” de sociedades formadas en Panamá, vinculadas estrechamente al grupo. Se trata de una gran cantidad de sociedades constituidas bajo la legislación panameña, cuya existencia no se menciona en ninguna publicación del grupo dirigido por la familia Von Appen. Se trata, a todas luces, de una omisión importante.

    Este proceso de formación de empresas panameñas comienza a fines de la década del 70 del siglo pasado y continúa hasta muy recientemente, con un pico de formación entre 2011 y 2015. Se han podido contabilizar unas 113 empresas vinculadas de alguna forma al grupo Von Appen e incorporadas en Panamá durante ese período, de las cuales unas 70 están aún vigentes en la actualidad. Muchas de ellas caen en la definición de las llamadas offshore o extraterritoriales.

    Panamá es considerado por varias organizaciones internacionales como paraíso fiscal. Una definición corriente de “paraíso fiscal” es “un país en el que la imposición a extranjeros o a compañías extranjeras se utiliza en términos favorables para reducir la carga fiscal en el país sede real de la empresa en cuestión”.

    Existen distintas listas de países que así se consideran, listas que están siendo constantemente modificadas. Panamá está incluido en la lista de la Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) y de la Unión Europea y ocupa la posición 15 en el Financial Secrecy Index —FSI— (List of the world’s most notorious tax havens, worlddata.info).

    La FATF es una asociación de la Unión Europea, el ConSejo de Cooperación del Golfo y de 38 países individuales —que incluyen a China, Rusia y los Estados Unidos—. Su listado de “paraísos” es uno de los más reconocidos internacionalmente, junto con el de la Unión Europea. Esta, luego de muchas vacilaciones, redactó una lista de 23 “paraísos”, que fue cortada por la mitad en 2020 pero modificándose una y otra vez.

    El Financial Secrecy Index mide la efectividad del sistema legal de un país para esconder dinero. Panamá ocupa una posición privilegiada. El 18 sobre un total de 112 países en 2022 (Financial Secrecy Index, Tax Justice Network). La oferta de “secretismo” de la legislación panameña es muy alta, pero se capta un volumen relativamente modesto de servicios a extranjeros, lo que hace que el país baje en el ranking. El índice considera esos dos aspectos.

    Se han localizado, entonces, decenas de empresas vinculadas al grupo Von Appen incorporadas en Panamá. Activas o canceladas en las últimas décadas. Y allí el trato fiscal a empresas en propiedad de extranjeros es más que benévolo. En realidad, si las operaciones de esas empresas se desarrollan fuera de las fronteras panameñas, no pagan impuestos sobre estas. De ahí lo de offshore. Se trata de un lugar muy cómodo donde realizar transacciones.

    ¿Significa todo esto que este conglomerado ha estado durante décadas realizando acciones ilegales al amparo de la generosa legislación fiscal de la nación caribeña? De ninguna forma puede eso afirmarse. Registrar una empresa en Panamá u otro país de fiscalización favorable es legal. La ilegalidad surge del uso que se haga o no de esas sociedades.

    Pero lo que sí cabe es realizar preguntas sobre la finalidad de todo esto. Un grupo multinacional poderoso, con filiales en numerosos países, y contando con numerosas sociedades offshore como las indicadas, tiene enormes posibilidades de reducir su carga fiscal. Otra vez, nada ilegal, pero sí es cuestionable. Perjudicando así a los ciudadanos de los países donde desarrollan sus actividades, a quienes trasladan en peso fiscal que de otra forma les correspondería, o a sus competidores locales, que no disponen de esas escapatorias.

    Montecon es un operador que se beneficia de considerables concesiones estatales, sin las cuales no podría funcionar. Se encuentra, además, en el proceso de llevar al Estado uruguayo frente a tribunales internacionales, demandando onerosísimas indemnizaciones.

    Si efectivamente el grupo multinacional al cual pertenece obtiene ventajas competitivas importantes mediante el discreto manejo de la fiscalidad de estructuras offshore, esto es de interés para las ciudadanías de los países donde operan algunas de sus filiales. Una explicación es necesaria.

    Dr. Miguel Merino-Pacheco

    CI 1.237.218-0

    Cartas al director
    2022-10-19T21:17:44