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    En un esfuerzo “contra reloj”, el Parlamento busca aprobar una ley sobre terrorismo para evitar caer en una lista gris

    Esa medida es necesaria, pero no garantiza superar la evaluación internacional que enfrenta Uruguay, dice el gobierno

    El lunes 6 un grupo de expertos designados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) comenzará una visita de 11 días para evaluar el cumplimiento que da Uruguay a las recomendaciones internacionales en materia de combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para el gobierno es fundamental que antes de que los evaluadores se tomen el avión el 17 de mayo, el Parlamento apruebe cambios a la legislación sobre terrorismo; de lo contrario, la probabilidad de que el país entre en una lista gris crecería de manera exponencial.

    Y si bien en la oposición hay molestia con el hecho de que se tenga que votar una norma “bajo presión” y “contra reloj”, en el Senado hay acuerdo para aprobar lo indispensable antes de que se vaya la misión del Gafilat, según consta en la versión taquigráfica de la reunión del martes 30 de abril de la Comisión de Asuntos Internacionales. Aunque esa buena disposición, aclaró el director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, no asegura que al país le vaya bien en la evaluación.

    Espinosa encabezó la primera delegación que visitó la comisión parlamentaria el martes y les transmitió el sentido de urgencia. El jerarca dijo que un primer análisis de los evaluadores incluyó observaciones sobre el incumplimiento de tres recomendaciones del GAFI, dos de ellas vinculadas a la definición y financiamiento del terrorismo y la tercera relacionada con las armas de destrucción masiva.

    Espinosa recordó que el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto sobre terrorismo en 2016, pero nunca logró su sanción. Sobre la mesa ahora hay una propuesta alternativa presentada por la bancada del Frente Amplio que contempla algunos aspectos del proyecto original del gobierno, pero no es tan exhaustivo.

    “Es muy importante la aprobación del proyecto simplificado porque, además, nos dará más elementos para discutir con argumentos la evaluación”, sostuvo.

    El titular de la secretaría antilavado llevaba meses reclamando al Parlamento que aprobara una norma de ese tipo. En una carta que envió a la vicepresidenta Lucía Topolansky a fines del 2018, le transmitió que Uruguay corría el riesgo de caer en una lista gris, lo que tendría efectos “devastadores” para la economía uruguaya.

    En la sesión de la comisión, Espinosa aclaró que si bien sancionar la ley que tipifica el delito de terrorismo y su financiamiento es necesaria para tener una evaluación positiva del Gafilat, no asegura un resultado favorable, ya que el organismo mide también otras cosas.

    “Bajo presión”

    Pese a que todavía no está clara su redacción final, el oficialismo y la oposición expresaron su acuerdo con la idea de aprobar el proyecto antes del 17 de mayo, para que el punto sea tenido en cuenta por los evaluadores. El senador Pablo Mieres (Partido Independiente) dejó constancia de que estaban trabajando en una condición “no deseable”, porque iban a votar “bajo presión y contra reloj” un tema complejo.

    En la sesión el especialista Leonardo Costa dijo que en 2001, 2004 y 2009 el gobierno y el Parlamento habían trabajado a las apuradas para evitar que Uruguay fuera sancionado.

    Costa sugirió cambios al proyecto presentado por el Frente Amplio. La comisión del Senado tiene previsto incorporar esas propuestas.

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