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Docentes, municipales, trabajadores de la salud, policías, militares. En ese orden, así se distribuyen, en general, los empleos para el Estado en los distintos departamentos. Se trata de una fuente laboral relevante, y esos vínculos llegan a representar en algunos casos casi uno de cada cuatro o cinco de los ocupados.
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Así surge de los datos al 31 de diciembre de 2019 relevados por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) entre todos los incisos de la administración central y los gobiernos departamentales. Contabilizó en total 312.878 relaciones de trabajo —en calidad de funcionarios y no funcionarios, bajo distintas modalidades de contratación—, lo que equivale a 8,9% de la población total del país y a 19,2% de los ocupados. Algunas personas tienen más de un vínculo.
Las estadísticas de la ONSC solo detallan el departamento en que se sitúan 309.900 vínculos laborales con el Estado; el resto eran posiciones en el exterior (287), itinerantes (1.703) y sin clasificar (988). Sin sorpresa, prácticamente la mitad de las relaciones de trabajo estaban localizadas en Montevideo. Sus 155.496 vínculos representaban 20% de los ocupados.
En algunos departamentos del interior, el empleo público tiene mayor importancia como fuente laboral. En Tacuarembó significaba 24,4% del total de ocupados, y en Durazno poco menos que eso (24,1%). En, por ejemplo, Treinta y Tres, Rivera, Soriano, Rivera, Paysandú, Cerro Largo y Artigas los vínculos con el Estado eran, como en la capital, más de uno de cada cinco de las personas ocupadas.
Tamaño.
Grande, chico. Gordo, flaco. La discusión sobre el tamaño y el “peso” del Estado es recurrente en Uruguay, y casi insoslayablemente termina girando en torno a la cantidad de servidores públicos. El asunto no faltó en la última campaña electoral y acabaron imponiéndose en las urnas aquellos que ven un gasto estatal excesivo e ineficiente. Pocos días después de instalado, el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció por decreto que solo podrá cubrirse una de cada tres vacantes originadas. La medida está inspirada en el entendimiento de que es necesario reequilibrar las finanzas públicas, lo que además debería permitir “aflojar la cincha” de los impuestos al sector privado.
Según los datos contenidos en la Rendición de Cuentas de 2019 enviada al Parlamento la semana pasada, el gasto en el rubro “costos del personal” —retribuciones, cargas legales y prestaciones sociales— en los incisos de la administración abarcados por el Presupuesto Nacional fue equivalente a unos US$ 5.000 millones, algo menos de un tercio de los egresos totales.
Una dimensión del tamaño del sector público de los países la da cuánto representa el gasto total en términos de la producción de bienes y servicios —el Producto Bruto Interno (PBI)— generado en sus economías en un año. Según datos recopilados por el Banco Mundial, en Uruguay significó 35% del PBI en 2018, una magnitud comparable a la del promedio de la Unión Europea (35,8%), pero por encima del promedio de América Latina y el Caribe (28,4%).
