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    Entre recortes a la educación y un ajuste fiscal el Frente Amplio acordó aprobar la Rendición de Cuentas y evitó una crisis interna

    Las llamadas telefónicas del presidente Tabaré Vázquez a legisladores, el cambio de postura del Movimiento de Participación Popular (MPP) para “evitar una crisis política” con el Poder Ejecutivo y el agónico acuerdo entre la bancada oficialista, el Secretariado del Frente Amplio y el gobierno para seguir buscando que la educación no tenga recortes, permitieron destrabar la aprobación de ley de Rendición de Cuentas. La solución fue alcanzada después de que la tensión entre los sectores de la coalición de izquierda llegara al límite y algunos auguran que se trata de una salida que da “paz” solo en el corto plazo.

    Desde que el proyecto de ley entró al Parlamento la mayoría de la bancada oficialista lo rechazó por un único tema: los recursos para la educación. El Poder Ejecutivo propuso diferir para después del año 2017 cerca de $ 1.500 millones destinados a diferentes organismos de la enseñanza. Rápidamente se presentaron al menos tres propuestas sustitutivas a esa idea —el artículo 6º del proyecto— que solo contaba con el respaldo del Frente Líber Seregni (FLS), el sector del ministro de Economía, Danilo Astori.

    Una buscaba obtener recursos mediante el aumento de otros impuestos como el de Patrimonio. Otra, impulsada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), definía que el Poder Ejecutivo tomara el dinero de diversos rubros pero que no podía suspender los recursos a la educación. Luego el propio MPP desistió. Legisladores del sector dijeron a Búsqueda que luego de “tanto tire y afloje” primó el “no generar una crisis política” con el Poder Ejecutivo.

    Dos fuentes de Presidencia dijeron a Búsqueda que desde el entorno del presidente Vázquez se comunicaron la semana pasada con el diputado del MPP Alejandro Sánchez para que “alineara” a los legisladores de su sector. La delicada situación llevó al presidente Vázquez a llamar a la secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier, para solicitarle que conversara con su sector e hiciera entender a los legisladores “rebeldes” de su sector la importancia de acordar. Los socialistas apoyaban la propuesta inicial del MPP.

    La solución a la que llegó finalmente el oficialismo implica que la postergación de recursos de la enseñanza es menor a la que pretendía el Poder Ejecutivo. La propuesta reparte de otros sectores del presupuesto unos $ 860 millones para Universidad de la República, Hospital de Clínicas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y una parte para Administración Nacional de Educación Pública. Además se recurre a dinero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (al que aporta el sector privado) y una parte de la Agencia Nacional para el Desarrollo. Y así se aprobó el sábado 30 en la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto.

    Pese al acuerdo mayoritario, los diputados Darío Pérez y Sergio Mier (Liga Federal Frenteamplista), el comunista Gerardo Núñez y Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) se negaron a votar y desarmaron los planes del gobierno y la coalición de izquierda.

    Una vez más, el presidente hizo una llamada telefónica para intentar convencerlos. El domingo 31 se comunicó con Darío Pérez, le pidió que prestara su voto y le dio el “compromiso de trabajar para encontrar una solución”.

    Mortales y dioses. 

    El comienzo del debate en el plenario de Diputados, el lunes 1º, se convirtió en dos sesiones paralelas. Una era la discusión general del proyecto en la sala; otra la negociación en el Frente Amplio para intentar alinear a los díscolos. El Secretariado del Frente Amplio tuvo contactos con Presidencia de la República para encontrar una solución y acordaron la posibilidad de obligar a votar. Incluso, se redactó un comunicado del Secretariado que resolvía “reafirmar y exhortar” a cumplir el reglamento frenteamplista para “preservar la imprescindible unidad de acción”.

    Durante el día los legisladores oficialistas salían y entraban sin parar del plenario. Tenían reuniones entre sectores. Mientras, en sala el oficialista César Groba justificaba los ajustes económicos “como resultado del impacto de la desaceleración económica” que “deterioró más de lo previsto el resultado fiscal”.

    El nacionalista Jorge Gandini respondió que el gobierno conocía la situación económica que se venía, pero que “no tuvo margen político para hacer el ajuste en un plan quinquenal”. Hizo énfasis en que el ajuste se hace “con el sacrificio de la gente y no del Estado”, porque se recorta el gasto en U$S 100 millones y se prevé recaudar U$S 360 millones con el aumento de la carga tributaria. Y advirtió que la propuesta global no alcanza para bajar ni medio punto del déficit fiscal. “En enero volverán a aumentar las tarifas, habrá ajustes de caja o si no puede pasar lo mismo que con el IRPF: que no digan lo que realmente recaudan”.

    Luego el colorado Germán Cardoso dijo que el ajuste es prueba de que el Frente Amplio mintió en la campaña electoral. “Falsearon la realidad porque venía la votación. No hay otra explicación. No cambió en cuatro meses el mundo ni las cuentas del Estado”, agregó. Y reiteró que el “mazazo” caerá en la nuca de los trabajadores y jubilados en lugar de que el recorte corra por cuenta del Estado.

    Fuera del Palacio Legislativo una delegación de la bancada oficialista integrada por su coordinadora, Orquídea Minetti, y el socialista Gonzalo Civila se reunió con representantes del Secretariado del Frente Amplio en su sede.

    Minetti y Civila explicaron cuál era la situación. Cuatro diputados consideraban insuficiente la propuesta con respaldo mayoritario y le pidieron a la fuerza política que “ayudara” a instalar un espacio de diálogo porque veían “margen para acordar” y que se votara el artículo 6°, informaron a Búsqueda fuentes políticas.

    En sala la oposición siguió golpeando. El independiente Iván Posada puso en duda que sea suficiente el ajuste para enfrentar la situación económica. El precio de los commodities cae, la economía de China se desacelera, caída en Brasil y Argentina. Ese combo, según Posada, hace que “los impuestos llegaron para quedarse” porque “no es una situación de coyuntura, o en todo caso, la coyuntura se prolongará en el tiempo”.

    Y Eduardo Rubio (Unidad Popular) dijo que este ajuste era el reconocimiento del gobierno de que el país estaba en crisis. “Y lo hace con una lógica muy extraña: cuando el gobierno analiza la bonanza eso obedece a las virtudes del gobierno, pero cuando las cosas no salen bien la culpa es de los demás”, agregó.

    En la sede del Frente Amplio la negociación continuaba. Hubo miembros del Secretariado que plantearon a los diputados la posibilidad de obligar a que se vote el artículo. Tal como lo habían resuelto con referentes de Presidencia horas antes, dijeron los informantes. Sin embargo, la iniciativa se descartó porque Minetti y Civila aseguraron que existía margen para negociar.

    Ya entrada la noche en el Parlamento continuó el ida y vuelta entre oficialismo y oposición. El nacionalista Gustavo Penadés dijo que “se terminaron las épocas de las vacas gordas” y que “siempre fue igual”. “Cuando crecen los commodities nos va bien y cuando caen nos va mal, pero se suma la ineficiencia del gobierno”, afirmó. El frenteamplista Alfredo Asti retrucó que el país “no está en crisis, sino con dificultades” y que las “fortalezas construidas en estos 11 años sirven para capear las tormentas que hay desde 2009”.

    También hubo autocrítica en el Frente Amplio. El diputado José Querejeta (Lista 711) enfatizó que “es un ajuste fiscal” y dijo que “no se puede argumentar que la culpa es de otro”. “Hicimos cosas que estuvieron mal, entre ellas planificar un crecimiento del 2,5% cuando a todas luces no íbamos a crecer”, aseguró.

    El astorista Gonzalo Mujica coincidió en que “se necesita” un ajuste fiscal, pero lo que se aprueba, según él, “es una consolidación fiscal” como consecuencia de la correlación de fuerzas en el oficialismo. Pero advirtió que “la clase media no soporta un gramo más de presión fiscal a partir de este momento”. Y agregó que nada de esto alcanza si no se atacan los problemas de fondo: falta de inversión, de crecimiento, de empleo, de calidad de salarios y el gran problema de la inflación.

    Sobre la medianoche llegó el turno de Darío Pérez. “Tenemos respeto al presidente pero no obediencia”, dijo. Su postura no cambió. Cuestionó duramente la falta de diálogo con el gobierno. “Esta forma de llegar a un acuerdo es distante, ineficiente, poco práctica y me juego a que poco fraterna”, agregó. Incluso definió a la coordinadora Minetti como Hermes “porque es la mensajera entre los mortales y los dioses”.

    Y aseguró que su decisión era meditada y que asumía las consecuencias. Pero “duele que un gobierno de izquierda recorte gasto en educación, difiriendo o como le guste llamarlo a los economistas”, insistió.

    Finalmente, la Rendición se aprobó en general con los 50 votos del Frente Amplio y el articulado se discutió el martes 2.

    La unidad. 

    La negociación en el oficialismo continuaba sin avances. En la mañana del martes se reunieron representantes del Poder Ejecutivo con los llamados “díscolos”, los cuatro diputados que se oponían a votar el artículo 6°. El Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, les transmitió la propuesta del presidente en la que les promete que habrá nuevas reuniones para ver cómo se puede llegar a los $ 1.500 millones para la educación.

    La disposición de Vázquez alcanzó para que los rebeldes acordaran dar su voto. Luego se transmitió el acuerdo en otra reunión entre representantes de la bancada oficialista, del Poder Ejecutivo y del Secretariado del Frente Amplio.

    Integrantes del FLS dijeron a Búsqueda que una posibilidad es aprovechar que la ley de juego se está tratando en la Comisión de Hacienda e incluir impuestos a rubros que no tienen, como la lotería.

    Sobre las 12 horas el plenario continuó el tratamiento de la Rendición de Cuentas. El polémico artículo fue debatido durante cinco horas. Con el acuerdo recién logrado, un legislador de cada sector del Frente Amplio pidió la palabra para defender la decisión tomada. Los dirigentes hicieron pública las dificultades para llegar a un acuerdo.

    El socialista Civila sostuvo que lo aprobado era un “avance” respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo, pero a la vez admitió: “La solución no nos conforma plenamente a ninguno”.

    Martín Couto (IR) dijo que el artículo 6° no era el ideal pero destacó la búsqueda de unidad en el Frente Amplio y como todos los sectores estuvieron dispuestos a ceder. “Cuando no hay unidad en la izquierda perdemos todos por izquierda. Y la derecha se frota las manos para que pase lo peor”.

    Y Darío Pérez dijo que resolvió votar el polémico artículo porque hay un “compromiso del presidente de la República” para trabajar en recursos para la educación una vez que se termine la votación de la Rendición de Cuentas. 

    Desde la oposición, Gandini dijo que no era “creíble” el compromiso de Vázquez.

    Al cierre de esta edición, la Cámara de Representantes seguía votando el articulado del proyecto. Para los legisladores frenteamplistas el acuerdo “descomprimió” la tensión entre los sectores y sirvió para resolver “un problema grande”. Sin embargo, no lo ven como una solución permanente. “Es paz, sí, pero sabemos que dura poco”, dijo un diputado del astorismo.