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    Equidad de género en compras públicas

    El Poder Ejecutivo envió el martes 22 un proyecto de ley al Parlamento que introduce cambios en las contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas con el objetivo de promover el desarrollo con equidad de género. La iniciativa propone modificaciones para incidir en la participación de las mujeres en el acceso a mercados, en los ámbitos de decisión colectiva y en la producción familiar.

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    Si el Parlamento aprueba el proyecto sin cambios, modificará artículos de la ley 19.292 de Producción Familiar Agropecuaria y Pesca Artesanal, y de la ley de Rendición de Cuentas del año 2007. “Las estadísticas ponen de manifiesto que los ámbitos en los cuales se desarrollan las leyes 19.292 y 18.362 están marcados por una fuerte desigualdad de género, desigualdad sobre la cual es factible operar desde una concepción de las compras públicas como herramienta de desarrollo con equidad”, explica el documento.

    El Poder Ejecutivo califica la primera norma como “ciega al género”, por lo que, entre las modificaciones propuestas, establece que exista una reserva de mercado del 50% para las mujeres dentro del 30% ya reservado para productos de la agricultura familiar. En cuanto a la segunda norma, establece que en el programa de contratación pública para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas “se considerará la perspectiva de género en la formulación de los instrumentos a emplear”.

    La Unión Europea, Estados Unidos y Chile son nombrados como “antecedentes elocuentes” en la materia, pues tienen experiencias similares que impusieron requisitos de admisibilidad e inclusión del género como factores de selección para las compras estatales.

    “Las compras públicas deben imperiosamente apuntar a la eficacia y a la calidad en los rubros de gasto, pero pueden al unísono actuar en aras de las problemáticas sociales y prioridades identificadas en la agenda pública”, dice parte de la exposición de motivos. “La concepción de las compras públicas ha evolucionado hasta llegar a ser entendidas como herramientas de desarrollo, un recurso que permite al Estado tener un rol protagónico en la incorporación de sectores vulnerables de la sociedad en la producción de bienes y servicios”.

    El proyecto de ley apunta especialmente al medio rural, donde afirma que existen claros “sesgos de género”, entre ellos el acceso a la tierra y la propiedad de las empresas agropecuarias. Allí las mujeres cuentan con menos explotaciones, menor promedio de superficie y menor titularidad de compañías: tienen el 19,7% de las explotaciones agropecuarias, el 11,2% de la superficie explotada y en el 32% de las empresas las mujeres son las propietarias.