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    Es “absurdo” que hechos delictivos sean denunciados por el presidente

    El juez penal Marcelo Souto rechazó el pedido de reanudar la investigación al presidente Tabaré Vázquez por supuestamente omitir denunciar en la Justicia las confesiones del militar retirado José Nino Gavazzo. La decisión de Souto se dio tras una audiencia, realizada el martes 15, entre el fiscal Rodrigo Morosoli, quien estuvo a cargo de la investigación, y el abogado y candidato presidencial Gustavo Salle, quien denunció a Vázquez por su actuación en los hechos.

    En la audiencia, Morosoli defendió su decisión de exonerar de responsabilidad a Vázquez y al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, por cómo se condujeron tras enterarse de que Gavazzo dijo a un Tribunal de Honor que había hecho desaparecer el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973.

    “Hace pocos días se presentó una denuncia penal por un hecho muy grave que ocurrió en el seno del Ejército Nacional. Estamos hablando de torturas a cadetes en la Escuela Militar. ¿Quién hizo la denuncia penal en este caso? ¿El presidente de la República? ¿Los funcionarios de Presidencia? ¿El ministro de Defensa Nacional? No, la hizo el comandante en jefe del Ejército”, argumentó.

    “Es razonable que si ocurriera un hurto en un hospital del interior del país no va a ir el presidente de la República a plantear por sí y ante sí la denuncia penal correspondiente. Lo hará el director del hospital, lo hará el ministro de Salud Pública, lo hará ASSE. Si partimos del absurdo de que todos los hechos con apariencia delictiva en toda la administración central tendrían que ser denunciados por Presidencia de la República, llegaríamos a un agotamiento de la función presidencial”, agregó.

    Tras su investigación, Morosoli imputó únicamente a Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y actual candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, por un delito de omisión por no haber denunciado penalmente las confesiones de Gavazzo. Su decisión fue criticada por Manini Ríos, Salle y otros dirigentes políticos, que lo acusan de operar para el Poder Ejecutivo.

    “Es difícil pensar en una crítica fundada de una resolución sin haber analizado todas y cada una de las evidencias recolectadas y fundar el planteo del reexamen en la sola discrepancia. Entiendo afecta la fuerza cognitiva del planteo”, argumentó Souto al desestimar el pedido de Salle.