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Es “oportuno” ofrecer nuevos estímulos para atraer extranjeros, pero se podrían mitigar “riesgos reputacionales” que acarrean
“Es muy claro que quienes deseen ampararse en el sistema fiscal uruguayo deberán radicarse efectivamente” en el país, si no, la oficina recaudadora argentina “difícilmente los libere”, advierte el especialista en tributación David Eibe
Las medidas de flexibilización en el acceso a la residencia fiscal a extranjeros y el proyecto de ley que extiende el plazo del “tax holiday” van en la dirección correcta y, además, resultan algo “particularmente oportuno” en un contexto en el que Uruguay “ha ganado visibilidad y está siendo ampliamente reconocido a nivel internacional” por la gestión del nuevo coronavirus, opinó David Eibe, consultor en impuestos y profesor de la Universidad de Montevideo (UM).
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“En la actualidad muchos países, incluyendo a actores tan relevantes como el Reino Unido, Irlanda o Portugal, otorgan incentivos tributarios destinados a atraer residentes, ya sea para que realicen inversiones inmobiliarias, desarrollen emprendimientos o simplemente disfruten de su retiro. Uruguay no ha sido ajeno a esta tendencia: desde 2011 está vigente el régimen de ‘tax holiday’ por el que los nuevos residentes no tributan por sus rendimientos de capital en el exterior durante un período y desde 2016 se otorga la residencia fiscal a cambio de la realización de inversiones en inmuebles o participaciones en empresas”, explicó. A su juicio, reducir el monto mínimo de las inversiones necesarias para obtener la residencia —una medida adoptada por el Poder Ejecutivo en junio— y extender de cinco a 10 años el período de vacación fiscal— “profundiza esa política de incentivos, lo que resulta particularmente oportuno en un contexto en el que nuestro país ha ganado visibilidad y está siendo ampliamente reconocido a nivel internacional”.
Para Eibe, estos incentivos “no deberían verse como antagónicos a los que se otorgan a las actividades empresariales. Muy por el contrario, se trata de regímenes complementarios y ello se ve con claridad en el caso de la radicación de emprendedores, los que junto con su familia traen consigo su conocimiento y capacidad económica, creando nuevas oportunidades de trabajo y bienestar. Abundan ejemplos en ese sentido”.
El experto —que dirigió la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2002 y 2009— matizó: “Sin perjuicio de la convicción sobre la conveniencia y oportunidad de estas medidas, hay algunos aspectos instrumentales que deberían ser mejorados a efectos de evitar riesgos reputacionales. En los últimos años, nuestro país ha consolidado una muy buena imagen en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que debe ser preservada, ya que ha permitido —entre otros logros— transitar con éxito todo el proceso de adecuación a los estándares internacionales de los regímenes de zonas francas y de producción de software, manteniendo en lo esencial sus sistemas de incentivos”.
En el caso del acceso a la residencia fiscal por la vía de la realización de inversiones, consideró que se podría plantear algún problema vinculado al intercambio automático de información financiera. “Este sistema incluye en una lista de alto riesgo a determinadas jurisdicciones que otorgan residencias por la realización de inversiones y que además requieren de la persona una permanencia en el país inferior a 90 días. Si bien nuestro régimen está vigente desde 2016 y hasta el presente no ha sido objeto de observaciones, la amplia difusión de las nuevas medidas y el eventual reclamo de países que pudiesen sentirse afectados por ellas podrían incrementar el riesgo de inclusión (en esa nómina), lo que naturalmente no es deseable”. Para mitigar ese riesgo —agregó— sugirió como opciones ampliar el período mínimo de permanencia del residente hasta los 90 días (hoy es de 60) o bien eliminar el plazo y exigir en su lugar que la persona tenga a su disposición una vivienda en el país que permita suponer su intención de utilizarla como residencia habitual”, la solución adoptada por Portugal en su régimen de residentes no habituales, y que en la práctica determina la constatación de ese requisito al 31 de diciembre de cada año.
Eibe sostuvo que una cuestión no vinculada a las obligaciones internacionales, pero que ha sido objeto de críticas, es la extensión del plazo de la exoneración a aquellas personas provenientes del exterior que adquirieron la condición de residentes en el pasado. “Si bien se comparte la idea de que puedan ampararse en la mejora —dado que se les está otorgando un beneficio sobre el que no tenían expectativa alguna—, quizás una solución razonable podría consistir en solicitarles algún tipo de contrapartida, como la realización de una nueva inversión por un monto menor, aunque en todo caso se trata de un tema de menor relevancia”, propuso.
Argentinos
Como varios de sus colegas y otros actores que mantienen contacto con argentinos, Eibe percibe que más argentinos están mirando a Uruguay como una opción de radicación fiscal. “Las consultas reflejan el interés de muchas personas que se sienten agobiadas por una situación extremadamente compleja (en Argentina) y que ven en nuestro país ciertos atributos de seguridad jurídica, fortaleza institucional y políticas macroeconómicas estables, bastante alejadas de sus experiencias cotidianas”, observó el especialista, quien es profesor de Beneficios Tributarios a la Inversión de la Maestría de Tributación de la UM.
En ese sentido, dijo que la flexibilización en las condiciones de acceso a la residencia fiscal aprobada por el gobierno uruguayo constituye una “buena noticia para ellos. Pero, como en el fútbol, los rivales también juegan y a esta altura es muy claro que quienes deseen ampararse en el sistema fiscal uruguayo deberán radicarse efectivamente en nuestro país, ya que en caso contrario la Administración Federal de Ingresos Públicos difícilmente los libere. Una reciente resolución de ese organismo que incrementa los requisitos para darse de baja es ilustrativa en ese sentido”.
Pero, como algunos otros expertos, Eibe es cauto al proyectar el posible efecto de atracción que tendrán las modificaciones al régimen de residencia fiscal recientemente aprobadas y la medida propuesta en torno al “tax holiday”, a consideración del Parlamento. “Aunque resulta muy difícil realizar una estimación, si las consultas —que son muchas— se materializan efectivamente en un flujo importante de nuevos residentes, los beneficios en términos de inversión, consumo y empleo serán seguramente muy relevantes”, señaló.
