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Las leyes deben cumplirse sean o no del agrado de los involucrados. Menos aún puede desconocerse su aplicación con interesados argumentos y especulaciones político-electorales en contra de la esencia y el objetivo de la ley. Si se discrepa con la ley hay que cambiarla, algo que no parece difícil con mayorías parlamentarias. Claro que también hay que fundamentarlo y someterlo a un debate democrático. No alcanza con ocasionales discursetes vacíos de contenido.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, actuó ajustado a Derecho al aplicar el artículo 6º de la ley 12.227. La norma regula con claridad meridiana la prestación de las asignaciones familiares.
El literal “C” dice que para recibir la asignación será necesario acreditar “la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, (a) excepción de los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado”. Terminante. Esta ley, que sustituyó a otras luego de un minucioso análisis parlamentario, se basa en la elemental filosofía de la obligación del Estado de velar por las necesidades de los ciudadanos, pero también de controlar que estos cumplan la obligación asumida con el Estado.
En aplicación de esa norma, el BPS decidió suspender desde el 1º de julio el pago de 32.558 asignaciones familiares. Esa decisión basada en la ley sacudió a algunos gobernantes que la leyeron como la posible pérdida de similar número de votos o de más aún si se contabiliza a los familiares de los irresponsables que no cumplen con la obligación de darles a sus hijos la educación que les corresponde. Pero como van las cosas y con los mensajes que esas personas reciben del gobierno, les basta con extender la mano, meter en el bolsillo el dinero generosamente entregado y a otra cosa, mariposa.
Los ministros Eduardo Brenta (Trabajo) y Daniel Olesker (Desarrollo Social) plantearon una solución de espaldas a la ley: dar a las familias un plazo para que tengan una “segunda oportunidad”. Si esto lo plantearan en un foro académico de políticas sociales el razonamiento sería motivo para carcajadas. Lo dicho: si la ley no les conforma, que la cambien.
Estoy seguro de que los ciudadanos se lamentan de que los hogares de esos niños y adolescentes queden sin ese ingreso. Pero la ley es la ley y no hay vuelta que darle.
Cuando esto tomó estado público intervino el presidente José Mujica y Murro decidió abrir un plazo de 30 días para revisar eventuales errores en la lista. Por ahora, nada más, salvo que quienes se queden sin el beneficio se sumen a otras hordas y asalten el edificio del BPS. Total, hay impunidad mientras jueces y fiscales miran para el costado.
¿Qué pasó desde 2008 cuando se implementó esta ley? ¿Existió omisión en los controles? ¿Se hizo la vista gorda por razones políticas o electorales? ¿Se aplicó a sabiendas la política del avestruz? ¿Nadie se dio cuenta de que esto podía pasar? ¿Las autoridades competentes no advirtieron a los beneficiarios sobre su obligación de cumplir con la ley?
En 2007, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los partidos acordaron en esta ley el destino de las asignaciones familiares y las obligaciones de los beneficiarios. Nadie la objetó.
Desde entonces, los contribuyentes que ponemos el dinero para sostener el sistema de asignaciones familiares somos considerados por los omisos y por algunos gobernantes como los “paganini” con la obligación de mantenerlos.
En este caso, como en muchos otros, los contribuyentes han sido sometidos por el Estado a una estafa. Probablemente, no en el sentido del delito, pero sí en la filosofía que lo inspira: la inducción al error.
Ahora hay que averiguar desde cuándo esos beneficiarios han incumplido la ley y cuánto han cobrado indebidamente. Una vez verificado, los funcionarios públicos deberán cumplir con su obligación de hacer una denuncia penal, además de buscar un camino para que a ese dinero que sustrajeron, consciente e indebidamente, a la Administración, no se lo lleve el viento y se sientan impunes.
El dinero involucrado no es poco. El gasto anual es mayor a 200 millones de dólares por el pago de 528.000 prestaciones.
No es solo una cuestión de dinero. Se trata, además, de una estafa de los padres a los niños y adolescentes a quienes privan de una educación que, eventualmente, les permitiría desempeñarse en mejores condiciones sociales y poder competir en el mercado laboral.
Muchos hacen gárgaras con la integración social, con el pluralismo, con la protección de los más desprotegidos, con la obligación de que los que tienen más sostengan con sus impuestos a quienes tengan menos. Para todo eso es necesario que desde el Estado se den señales claras y despojadas de intereses partidarios.
