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Si bien la aplicación de plaguicidas en la producción agrícola es una práctica común y en incremento desde hace décadas, la preocupación por las consecuencias que esto puede tener en el ambiente también ha aumentado, especialmente en lo que refiere a los impactos en los cursos de agua. Sin embargo, Uruguay no contaba con información certera acerca del estado de sus cuencas, algo que el Ministerio de Ambiente (MA) ha logrado revertir recientemente.
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Es que la cartera viene trabajando en el fortalecimiento del control de los impactos ambientales causados por el uso de plaguicidas en el país, al desarrollar una metodología para incorporar esos químicos en los programas de monitoreo y evaluación de los recursos hídricos realizados por la División de Calidad Ambiental. Así lo explicó a Búsqueda Marisol Mallo, gerenta del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental del MA.
Para respaldar estos esfuerzos, se llevaron a cabo dos estudios diagnósticos, uno en la laguna del Cisne en 2018 como un trabajo piloto, que en su momento mostró la presencia de al menos 27 plaguicidas en el ambiente, y otro en la cuenca del San Salvador a partir de 2021, cuyos resultados serán presentados el próximo martes 31 y que también dan cuenta de un panorama crítico respecto a la contaminación del ambiente debido al uso de este tipo de compuestos.
Trabajo colaborativo
Con el objetivo de fortalecer los controles, la cartera abordó diferentes aspectos, como la identificación de principios activos que se deben incluir en los programas de monitoreo, la frecuencia de los análisis en las diferentes matrices ambientales y la decisión sobre si estos monitoreos deben formar parte de la evaluación de la calidad del agua, dijo la experta. Además, se consideró la variabilidad de las aplicaciones, el comportamiento ambiental de los principios activos presentes en los distintos plaguicidas y las matrices principales que deben incorporarse en los monitoreos de campo.
La gerenta se refirió así al segundo estudio llevado adelante en el marco de esa iniciativa, que se concentró en la cuenca del San Salvador en el departamento de Soriano, seleccionada por ser la que tiene mayor intensidad agrícola de Uruguay. El estudio fue llevado adelante por el MA en conjunto con el Centro Universitario Regional del Este y las facultades de Ciencias y de Química de la Universidad de la República, y se centró, por un lado, en el fortalecimiento de los programas de evaluación y diagnóstico de la calidad de agua y, por otro, en el fortalecimiento nacional de las capacidades analíticas de los principios activos de los plaguicidas que se usan en Uruguay en las muestras ambientales.
“Este segundo estudio diagnóstico se hizo en las matrices agua, sedimento y biota. Y se agregó además por primera vez un estudio particular en los polinizadores de la cuenca para incorporar con mucha más fuerza la evaluación de riesgo ambiental para esta población”, dijo Mallo.
Entre los principales resultados, a los que accedió Búsqueda, el estudio afirma que al analizar el agua de la cuenca se cuantificaron 41 plaguicidas en 52 muestras: entre ellos, se identificó el compuesto atrazina, prohibido desde 2016 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en todos los sitios y todos los meses analizados. También se encontraron otros cinco plaguicidas con restricciones de uso o venta con receta (etión, permetrina, clorpirifos, imidacloprid y tiametoxan), y la presencia de otros 17 “considerados plaguicidas altamente peligrosos” (PAP), debido al “peligro agudo o crónico para la salud o el medio ambiente”.
Por otro lado, el estudio señala que algunas muestras cercanas a las nacientes de San Salvador indicaron la presencia de 25 plaguicidas, que glifosato y AMPA (principal metabolito del glifosato) fueron los plaguicidas con mayor concentración media en todo el año y que hubo un conjunto de 16 plaguicidas presentes en todos los muestreos, siendo la mayoría herbicidas.
Así, el informe sostiene que la evaluación de riesgo ecotoxicológico (que mide la relación entre la exposición y las toxicidad del principio activo) “determinó un riesgo ambiental muy alto en toda la cuenca”, al considerar la situación de algas, invertebrados y peces en los cursos de agua. Por otro lado, que los compuestos que presentan mayor riesgo son los insecticidas y los piretroides.
En cuanto a la matriz “peces”, el informe indica que en 158 muestras provenientes de 32 especies se cuantificaron 30 plaguicidas: estos compuestos se identificaron en 84% de las muestras, además de que se determinó la presencia de un conjunto de cuatro plaguicidas en todos los muestreos (dos de ellos PAP). Sin embargo, “no hay riesgo ecotoxicológico significativo” en los diferentes sitios estudiados, señala el estudio.
Otras de las matrices evaluadas fueron los bivaldos (más conocidos como mejillones), en los cuales se detectaron 13 plaguicidas en 146 muestras provenientes de tres especies, y los polinizadores (miel, cera y abejas), en los que se encontraron entre cinco y 12 tipos de plaguicidas en 20 muestras.
“No nos sorprenden los resultados, dada la intensidad agrícola de la zona. En la matriz agua se encontraron una cantidad importante de principios activos y si bien los valores no son alarmantes, sí hay una presencia que marca que efectivamente los plaguicidas están llegando al ambiente”, explicó Mallo. Los niveles de riesgo detectados en la biota, en tanto, “son muchísimo más bajos”, agregó.
Respecto a los compuestos detectados que ya fueron prohibidos, la experta indicó que “no es raro” que se encuentren, ya que la preocupación que motivó la suspensión de su uso fue su persistencia en el ambiente. Sin embargo, la vida media de este producto en el agua y el suelo es de unos 80 días, “lo que sugeriría un uso actual y es por tanto otro indicador de manejos inadecuados de plaguicidas en la cuenca”, menciona el estudio.
Lo importante para Mallo es que finalmente se desarrollaron las capacidades a nivel nacional para tener un programa de evaluación ambiental sobre el impacto de la aplicación de plaguicidas en Uruguay, a través de un trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sector público que no existía.
“El resultado ha sido muy exitoso, porque las capacidades quedaron montadas desde el punto de vista analítico y metodológico, y las dudas sobre cómo incorporar el universo de principios activos que involucra el uso de plaguicidas en los programas de monitoreo quedaron resueltas”, celebró. Es que hasta ahora no se buscaba determinar la mayoría de este tipo de compuestos, por lo que esperan que esto permita obtener mejores herramientas para la toma de decisiones futuras en el sector.
“Todos los plaguicidas son sustancias tóxicas, porque justamente el plaguicida tiene la función de combatir una plaga. Pero la evaluación de riesgo lo que hace es prender señales de alerta acerca de que efectivamente están llegando al ambiente y que hay que trabajar para tratar de reducir ese impacto y exponer a la biota al menor nivel posible”, cerró.
