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La aplicación de plaguicidas y distintos productos químicos en la producción agrícola es una práctica común y en incremento desde hace décadas en Uruguay. La preocupación por las consecuencias que esto puede tener en el ambiente y en la salud de las personas también crece, con especial atención en los cursos de agua. A pesar de estas inquietudes, el país no cuenta con información certera del estado de sus cuencas.
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“Hay muy poca información sobre la presencia de plaguicidas en las cuencas”, dijo a Búsqueda Marisol Mallo, gerenta del Área de Información, Planificación y Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente.
Tiempo atrás la cartera encargó un estudio para monitorear la permanencia de pesticidas “heredados y usados actualmente” en la laguna del Cisne, donde OSE toma agua para abastecer a más de 100.000 habitantes de la Costa de Oro. El análisis fue elaborado por investigadores del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este (CURE), el Grupo de Análisis de Compuestos Traza del Centro Universitario Regional Norte y la Facultad de Química, todos de la Universidad de la República (Udelar).
Según informó la diaria en abril, al buscar plaguicidas en muestreos mensuales del agua superficial y de peces en el lugar durante un año, los científicos identificaron la presencia de 25 residuos de pesticidas, seis fungicidas, ocho herbicidas y 11 insecticidas, tanto de uso actual como de seis cuya venta fue prohibida en el país. De esos pesticidas, incluso, restos de cinco fueron encontrados en los músculos de peces sabalito.
“Que haya detecciones no quiere decir que exista un riesgo”, dijo Mallo cuando fue consultada sobre esos datos. En su opinión, los resultados del estudio “eran esperables”.
La gerenta consideró que “las concentraciones que se encontraron” no son una “señal de alarma” que los obligue a tomar medidas de mitigación. “Si hubiéramos detectado un valor que generara un riesgo para el ambiente o para la toma de agua obviamente hubiéramos implementado alguna medida en forma urgente”, amplió.
Al mismo tiempo, sostuvo que Uruguay tampoco debe quedarse “tranquilo”, que la presencia de plaguicidas en cualquier medio siempre debe ser un tema a atender y que se debe tratar de llevar al nivel “mínimo posible”.
Fortalecimiento.
El trabajo en la laguna del Cisne fue el primer estudio diagnóstico en profundidad que se hizo en Uruguay sobre plaguicidas y responde a la intención del Ministerio de Ambiente de fortalecer el control de este tipo de sustancias.
Si bien desde hace años el Estado impulsa un programa de monitoreo y evaluación de la calidad del agua, estos análisis eran débiles en cuanto a “compuestos orgánicos”, afirmó Mallo. Por eso al analizar los datos abiertos es posible encontrar diferentes parámetros fisicoquímicos en las cuencas, pero casi nada sobre plaguicidas.
Ante ese contexto, desde el Ministerio de Ambiente se propusieron mejorar el programa al entender que la información “es crítica para la toma de decisiones y la gestión de cada cuenca”, dijo la gerenta. Para ello se buscó impulsar tres líneas de acción: se instalaron estaciones de monitoreo continuas para algunas variables que permitirán tener una mayor cobertura en el tiempo; se incorporó tecnología vinculada al procesamiento de imágenes satelitales; y, como tercer punto, se buscó incorporar el monitoreo de plaguicidas dentro del análisis, algo que hasta el momento era un debe. Incluir este parámetro involucraba, además, estudiar la presencia de plaguicidas en toda la biota, es decir, en todo el conjunto de organismos vivos.
“Los plaguicidas son una cantidad enorme de sustancias y todas son peligrosas. Tenemos que buscar los que se usan ahora y los que pudieron haberse usado en el pasado y hoy están prohibidos por persistir en el ambiente”, dijo Mallo.
Esto representaba dos problemas para el ministerio. El primero era cómo introducir en la metodología del programa de monitoreo y evaluación de la calidad de agua los componentes plaguicida y biota, porque no necesariamente la estacionalidad con la que la cartera realizaba los muestreos aseguraba encontrar en efecto los compuestos.
El segundo problema se vinculaba a en qué muestra ambiental buscar los plaguicidas: si hacerlo en el agua, en sedimentos o en biota. Esto implicaba saber, por ejemplo, qué especies muestrear, con qué frecuencia o en qué momento, o si era necesario analizar los mismos principios activos en todas las cuencas o si aplicar monitoreos especializados.
“Todas esas interrogantes” llevaron “a la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a plantear al CURE en 2017 la posibilidad de hacer este trabajo diagnóstico para elaborar un desarrollo metodológico para incorporar el estudio de plaguicidas en sus programas de evaluación”, dijo Mallo. El trabajo “piloto” en la laguna del Cisne comenzó al año siguiente, al ser una cuenca pequeña que se adaptaba a las necesidades del estudio.
La experiencia fue tan positiva que el Ministerio de Ambiente encargó un nuevo trabajo al equipo de científicos para analizar la situación de la cuenca con más intensidad agrícola del país, que es la del río San Salvador. El informe —que estudia además cómo impacta en los polinizadores la aplicación de plaguicidas— prevé cerrarse este mes y los resultados serán presentados oficialmente en agosto o setiembre. Para Mallo es esperable que “en los análisis aparezca más cantidad de plaguicidas y en valores mayores” que los detectados en la laguna del Cisne.
Analizar la presencia de plaguicidas en el ambiente no es una tarea sencilla ni económica. Hay más de 400 tipos diferentes y son compuestos difíciles de monitorear, dijo la gerenta.
En esa línea, Mallo opinó que es “necesario un fortalecimiento del registro para incorporar con más fuerza la evaluación de riesgo ambiental de cada sustancia”, un trabajo que, si bien está planteado, todavía no se concretó.
