Estudio encargado por el gobierno no halló prácticas anticompetitivas en alimentos

En febrero de 2016, cuando la inflación superó el 10% anual, el Ministerio de Economía anunció medidas para intentar frenarla. Por un lado, exigió a las cadenas de supermercados y otros comercios información diaria de los precios de una canasta de productos, lo que se puso en práctica de inmediato. Por otro, encomendó a la Comisión de Defensa de la Competencia que analizara posibles prácticas anticompetitivas, pero esta acción llevó mucho más tiempo. Esa investigación en cuatro rubros descartó indicios de posibles infracciones a las normas de competencia, aunque algunos registran una alta concentración, a la vez que los vínculos y contratos entre proveedores y comerciantes están en general poco claros.