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    Ética y política

    N° 1923 - 22 al 28 de Junio de 2017

    En Uruguay parecería que los errores o desvíos en la conducción de los asuntos públicos por parte de jerarcas gubernamentales no merecen, para los involucrados y sus partidos, reproche alguno, excepto que intervenga el Poder Judicial.

    Cuando alguien se equivoca, mete la pata o conscientemente roba, en general, el funcionario o dirigente implicado recibe el respaldo de sus correligionarios, en el marco de una especie de blindaje automático que se pone por delante, en lugar de pedir explicaciones en primer lugar, como debería ser.

    El caso del vicepresidente Raúl Sendic es el último, aunque por cierto no el único. Tampoco es monopolio del Frente Amplio esta conducta política según la cual primero se defiende al compañero, este se victimiza y, al final, si algún fiscal o algún juez decide intervenir, quizá se le pregunte qué hizo.

    Esta costumbre, de la que no escapa ningún partido político de los tres que han ocupado el poder desde que terminó la dictadura militar en 1985, es una mala señal para la democracia porque, inevitablemente, alienta la peligrosa posibilidad de que la ciudadanía comience a sentir la necesidad de expresar ese horrible reclamo de “que se vayan todos”, como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina y en Brasil.

    Cuando no hay alternativas porque todos los partidos aparecen ante la opinión pública “en el mismo lodo” y “todos manoseaos”, como escribiera Discépolo, la gente empieza a descreer del sistema, de las instituciones, de “los políticos” (como “clase”) y, al final, del destino de la sociedad. Eso es terrible para la democracia.

    ¿Por qué casi nadie renuncia en el Uruguay de hoy? ¿Por qué casi todos se aferran al poder o a los cargos como si en ello les fuera la vida? Antes de la dictadura, por ejemplo, cuando Wilson Ferreira Aldunate interpelaba a ministros en el Senado por irregularidades diversas, estos sentían el imperativo ético de dar un paso al costado. Y renunciaban. No precisaban que hubiera un pronunciamiento judicial para apartarse del poder. Lo hacían antes.

    En los últimos años, tenemos dos ejemplos bien contradictorios dentro del mismo partido. Cuando un fiscal pidió a un juez el procesamiento del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, por su actuación en el “caso Pluna”, este renunció al cargo antes de ir a declarar. En cambio, Sendic sigue atribuyendo a “campañas” inexistentes la revelación de sus múltiples equivocaciones en su actuación pública.

    Reflejos éticos en baja es, siempre, una mala noticia para la fortaleza de la república. Sea quien sea el que gobierne.