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El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) tiene bajo su órbita a cerca de 260 jóvenes que están cumpliendo condena bajo la modalidad de medidas no privativas. Esto implica que la Justicia ordena a estos adolescentes que, como pena, brinden por ejemplo un “servicio a la comunidad”. En algunos casos colaboran con la Red de Alimentos Compartidos, seleccionando y clasificando frutas y verduras para que luego sean distribuidas, o con el Ministerio de Desarrollo Social, embalando insumos y materiales, entre otras tareas.
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El Programa de Medidas Socioeducativas Comunitarias (Promesec) del Inisa se encarga de hacer el seguimiento de unos 70 de estos jóvenes y evalúa su cumplimiento para luego informar a la Justicia. Este trabajo no puede hacerlo cualquier funcionario, sino que la normativa establece la necesidad de que esté monitoreado por profesionales en trabajo social.
Sin embargo, de acuerdo a lo que denunciaron los funcionarios de Promesec ante el Directorio del Inisa, esta exigencia no se cumple. El viernes 13 los trabajadores enviaron una nota a las autoridades, a la que tuvo acceso Búsqueda, en la que aseguran que el Inisa está elevando a la Justicia informes psicosociales firmados por funcionarios “que no tienen título habilitante, lo cual claramente es una violación a lo dispuesto”.
En el documento del gremio se indica en el cuarto punto que ya se notificó varias veces que el programa cuenta con una única licenciada en Trabajo Social y piden más profesionales, ya que consideran “fundamental” para los trabajadores y para los derechos de los adolescentes “contar con dichos recursos para la efectiva ejecución de las medidas socioeducativas impuestas”.
Formalmente, si los informes están firmados por la licenciada en Trabajo Social cumplen con las exigencias. Sin embargo, cuando la funcionaria no está disponible, sea por vacaciones o certificación médica, Promesec no cumple con el reglamento, ya que o deja de enviar los informes o lo hace sin el aval idóneo.
“Nos encontramos ejecutando medidas judiciales que requieren informes psicosociales solicitados por Juzgados Letrados Adolescentes correspondientes según el CNA (artículo 76 literal C)”, indica la misiva. Y agrega que, “como establece la normativa referida vigente, dichos informes no deben ni pueden ser realizados por personal no profesional, sino que deben realizarse por las/os profesionales correspondientes a lo que allí se solicita”. La Ley 19.778, que reglamenta la labor profesional del trabajo social, “establece la exclusividad de dichas/os profesionales para realizar los informes que corresponden a su profesión”. Y en el artículo 6 indica que “serán competencias exclusivas del ejercicio profesional del trabajo social” cualquier “informe social y estudio” sobre “la situación social de individuos y familias con el objetivo de efectivizar derechos, dar cuenta de intervenciones sociales realizadas en procesos institucionales, obtener prestaciones y beneficios en el marco de políticas sociales y a los efectos de emitir opinión fundada en actividades periciales a requerimiento de juzgados y fiscalías”.
“En cuanto a los informes técnicos-psicosocial, los problemas con los recursos humanos afectan la elaboración” de estos. “Se ha creado por la dirección de Promesec un área social, la cual pretende realizar las tareas de los trabajadores sociales, se ha dispuesto que las coordinadoras o por la dirección, que no tienen título habilitante, lo realicen, lo cual claramente es una violación a lo dispuesto”, afirman los trabajadores en su carta.
Y concluyen diciendo que “no hay control idóneo de los informes técnicos” porque “antes de ser enviados a la Justicia carecen de supervisión profesional” y en su lugar “esta función la hace la subdirección, que no tiene título habilitante para hacerlo”.
En diálogo con Búsqueda, la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, dijo que este problema se resolvió en las últimas horas luego de que el directorio nombrara una nueva licenciada en Trabajo Social a cargo del área que cuenta con el aval idóneo para firmar las evaluaciones. Según De Olivera, anteriormente esa función la ocupaba otra licenciada que está desde hace un tiempo certificada por problemas de salud y eso generó la situación de que Promesec no contara con una profesional en trabajo social.
La presidenta del Inisa agregó que por el momento no existen recursos para reforzar el equipo con más licenciados en Trabajo Social, aunque advirtió que no recibió ningún planteo de que fuera necesario contar con más profesionales.