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Reparaciones a ex presos políticos: un infundio. En la edición del 12 de diciembre de Búsqueda apareció una nota del Sr. Raúl Ronzoni titulada “Cárcel y dolor por error judicial”. En esta nota se mencionan las reparaciones que reciben los ex presos políticos de Uruguay, considerándolas como de “primera”. En ediciones posteriores, en “Cartas al Director”, opinan sobre este asunto el mismo Sr. Ronzoni, CRYSOL y la Sra. Graziella Pastorino.
Quien suscribe esta carta estuvo preso durante más de una década por razones políticas. Mi historia laboral contabiliza más de 40 años de trabajo y aportes. Mi edad es superior a los 60 años. Podría jubilarme pero como percibo una pensión reparatoria no puedo hacerlo. La ley 18.033 me obligó a renunciar a mi legítima jubilación. Si muero, también esta ley obliga a renunciar a su jubilación a mi cónyuge, para poder percibir el 66% de pensión de sobrevivencia.
Esta misma ley otorga a los exiliados una jubilación especial de unos 12.000 pesos pero también deben renunciar a su jubilación si optan por percibirla.
Las víctimas de la dictadura financian su propia reparación. En el caso de los exiliados, el Estado no pone un peso y en el caso de los ex presos políticos, el Estado aporta solamente entre 5.000 y 8.000 pesos mensuales, según el caso. El resto del monto para financiar la pensión reparatoria proviene de las jubilaciones conculcadas, que no se pagan.
Aclaro además, que no todos los ex presos políticos pueden cobrar la pensión reparatoria. Omito explicar por qué para no alargar demasiado esta carta.
Yo no sé quiénes y con qué intenciones pusieron a rodar este infundio acerca de que estas reparaciones constituyen una exageración y alguna especie de privilegio. No quiero ser suspicaz.
Se está polemizando acerca de algo que no existe. No hay tal privilegio. No hay ex presos de primera. No hay dispendiosidad alguna.
Por si los lectores consideran que mi opinión es inexacta me remito a recientes pronunciamientos a este respecto de la Institución Nacional de Derechos Humanos y a la del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff.
Recientemente, el Congreso argentino aprobó una ley reparatoria para ex presos políticos, otorgando una pensión que no obliga a los que se acojan a ella a renunciar a sus legítimas jubilaciones. Además concede hasta un aguinaldo anual.
Otro aspecto del que nunca se habla y no fue tenido en cuenta, es el del robo y saqueo sistemático de bienes muebles, inmuebles y pertenencias personales de los detenidos bajo sospecha durante el período dictatorial.
Capítulo aparte merecería la ley reparatoria 18.596 que otorga una indemnización a quienes en la tortura sufrieron lesiones gravísimas. La Ley se aprobó a 30 años de ocasionadas estas lesiones siendo —y es una cosa de mero sentido común— que los que habían experimentado estas lesiones ya estaban muertos hace rato. Los muertos no pueden reclamar ni sus familiares tampoco.
Más del 60% de los ex presos políticos han fallecido sin reparación alguna.
En nuestro país y en todo el globo terráqueo no hay prácticamente nadie que se pronuncie en contra de las reparaciones en caso de violaciones de derechos humanos en un marco de terrorismo de Estado. El Derecho Internacional Humanitario lo consagra universalmente así.
En nuestro país la ley 18.033 fue votada por todos los partidos políticos.
En las décadas del ‘60 y ‘70 se entronizaron dictaduras en casi todo nuestro continente. No conozco ningún historiador serio que, al día de hoy, sostenga que esos golpes de Estado fueron ocasionados por guerrilla alguna. Fueron producto de un plan, de unos intereses perversos.
Cuando el golpe de Estado en nuestro país el movimiento tupamaro estaba ya desarticulado.
La amplia mayoría de los proscriptos y perseguidos por nuestra dictadura no habían tocado un arma en toda su vida, ni para ir de caza. La dictadura fue un desborde de paranoia, de irracionalidad.
Llegaron a vigilar hasta las reuniones de Directiva del Club Peñarol y de la Asociación de Carniceros.
Para terminar esta carta recordaré un caso digno de los Borgia. El intento de asesinato, mediante vino envenenado, de Lacalle, Carlos Julio Pereyra y Mario Heber. Un caso de maldad infinita. Fallece Cecilia, la mamá de Luis Alberto Heber. ¿Acaso estos ciudadanos eran tupamaros, guerrilleros extremistas? (y aunque lo fueran).
Cientos, miles de casos de arbitrariedad y prepotencia.
Ahora recuerdo que este propio semanario padeció más de una vez la censura de prensa.
Espero no haber agraviado a nadie de quienes han participado de este intercambio.
Confío haber aclarado que las reparaciones vigentes para ex presos políticos no son exageradas y no entrañan privilegio alguno. Es más, exhorto a todos los partidos políticos, que votaron la ley 18.033, que accedan a modificarla para corregir sus injusticias.
