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Marcelo Sosa fue el último representante de la oposición que se sentó en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Asumió en octubre de 2012 y estuvo en el cargo hasta abril de 2015, cuando al comienzo del gobierno del presidente Tabaré Vázquez se resolvió eliminar la figura de la oposición en ese organismo. Su gestión, aseguró a Búsqueda, se vio “interrumpida” y no llegó a conocer en tiempo y forma los resultados de auditorías y pedidos de informes que inició mientras estuvo en un directorio que atravesó sus turbulencias. Por ejemplo, la del procesamiento judicial del representante de los trabajadores, Alfredo Silva, al que en julio de 2014 se le imputó el delito de conjunción del interés público con el privado luego de constatarse irregularidades con empresas de limpieza contratadas bajo su gestión. Sosa dijo que fue justamente en ese momento en el que reclamó investigar —con auditorías internas y externas— los contratos que mantenían todos los hospitales públicos con empresas tercerizadas. Y que sus resultados son ahora el núcleo de la comisión en el Parlamento que está investigando la gestión de ASSE.
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El lunes 25, Sosa fue uno de los exintegrantes del directorio que compareció ante los legisladores de la comisión. Allí rindió cuentas de su gestión y entre otras cosas dijo que muchas veces transitó su tarea en la “más absoluta soledad”, que tuvo que llevar dos expedientes con presuntas irregularidades en hospitales a Crimen Organizado y que desde la Gerencia de ASSE le “mintieron” o lo “engañaron” en respuestas a pedidos de informes.
En agosto, Búsqueda informó que el Hospital de Melo, en Cerro Largo, dispuso durante los últimos tres años una millonaria partida presupuestal con el objetivo de mejorar su comunicación interna y externa. Se gastó un promedio de $ 1,6 millones anuales, que fueron destinados a una agencia denominada Komunicaci8n, que figura como empresa unipersonal a nombre de Gustavo Rodríguez Pimentel. De acuerdo con los recibos, la agencia le facturaba únicamente al hospital. Sosa fue quien hizo pedidos de informes sobre este tema. Y el lunes en la comisión investigadora se quejó de la respuesta que obtuvo de ASSE. “Yo me vengo a enterar hace poco de algo que desde mi punto de vista, o se me engañó o se me mintió en la contestación del pedido de informes”, dijo, según consta en la versión taquigráfica. Agregó que se le informó que el monto de la contratación era de $ 120.000 más IVA, con plazo de un año. Y dijo que en aquel momento él y sus asesores entendieron que esa era la partida total y no mensual. “Yo no puedo fraccionar el monto de la contratación; en todo caso, si era por un plazo de un año y esto era mensual —según ha surgido ahora por algunas investigaciones que se han llevado a cabo—, debía ser aclarado y el monto debería ser $ 1.400.000 más IVA”, explicó. Aclaró que hizo dos pedidos de informes sobre el tema. “En el primero no se me dice ni el monto ni el plazo, y en el segundo, por lo menos, se nos induce a error”.
Crimen Organizado.
El exrrepresentante de la oposición en ASSE señaló, por otra parte, que muchas de sus iniciativas no encontraron eco en el resto del directorio y que por eso decidió enviar algunas de las investigaciones a la Justicia. Uno de los casos también está vinculado al Hospital de Melo y tiene que ver con sobrefacturación de una empresa tercerizada encargada de la seguridad que ganó una licitación.
“Allí comenzó un proceso de presión para que ASSE incorporara a los funcionarios que quedaban sin trabajo porque eran de la anterior empresa tercerizada. Es algo que hizo la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Como no podían incorporarlos a la planilla de trabajadores que ya tenía la propia empresa que había ganado la licitación, deciden incorporarlos como camilleros, a través de esta empresa tercerizada, violando el pliego de condiciones que era, específicamente, para el rubro seguridad”, explicó en la comisión.