Expertos discrepan sobre efectos de bajar edad de imputabilidad penal

La Suprema Corte de Justicia no escapa a esa realidad, ya que existen dos posiciones nítidamente marcadas sobre el tema: el ministro Jorge Chediak está a favor de la iniciativa y el ministro Ricardo Pérez Manrique, en contra.

“Es obvio que la rebaja no soluciona el problema, pero es un paso en la dirección correcta”, enfatizó. Aunque precisó que el mayor tiempo de reclusión “debe ser aprovechado para la rehabilitación”.

“Incólume”.

En contraposición con su colega, Pérez Manrique está en contra de la medida impulsada por el Partido Colorado y algunos sectores del Partido Nacional porque a su juicio ampliar el número de personas alcanzadas por la ley penal no es la solución para los problemas de seguridad que vive el país.

“En el plano estrictamente técnico entiendo que desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño se ha afianzado un modelo de responsabilidad penal de los adolescentes a quienes se les aplica un derecho penal mínimo en relación a los adultos”, dijo a Búsqueda el magistrado, quien añadió que esa franja etaria de responsabilidad mínima es de 12 o 13 años en Uruguay hasta los 18 años.

“La experiencia internacional indica que no es ampliando el ámbito de personas alcanzadas por el derecho penal de adultos que se mejora la seguridad”, reflexionó. “Tenemos 9.500 adultos privados de libertad y la demanda de seguridad se mantiene incólume”, subrayó. El magistrado, quien se desempeñó durante muchos años como ministro de un Tribunal de Apelaciones de Familia antes de llegar a la Corte, recordó que según datos oficiales del Poder Judicial los delitos cometidos por adolescentes en 2012 fueron apenas el 8% de todas las causas criminales iniciadas en el país. “Es con prevención y medidas efectivas socioeducativas de los infractores que se mejora la convivencia ciudadana”, concluyó.

En este contexto, el catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Martín Risso dijo a Búsqueda que “desde el punto de vista formal” no existe ningún inconveniente con una reforma que rebaje la edad de imputabilidad penal plena de 18 a 16 años. Si bien afirmó que el tema en principio no es materia constitucional, sostuvo que “no hay duda que la reforma es posible y no hay obstáculo constitucional alguno”.

No obstante, señaló que puede presentarse algún problema con algunas normas internacionales que definen al “niño” como menor de 18 años. “El problema es que en materia de derechos humanos, ante diversa regulación, hay que aplicar la norma más beneficiosa para el derecho, en este caso, de los menores de 18 años”, apuntó. Pero de inmediato agregó: “Habría que identificar estas normas y eso requeriría más estudio”.

“Científico y práctico”.

A nivel académico predomina la postura contraria a la reforma. Así lo manifestó el profesor grado 4 de Derecho Penal de la estatal Facultad de Derecho Germán Aller. Si bien señaló que no hay una postura oficial del Instituto de Derecho Penal, sostuvo que “la tendencia es a no compartir la idea” ya que “desde el punto de vista científico” no se observan beneficios.

Aller, quien también preside la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, indicó que preparó un informe para esa gremial en el que opina en contra de la idea que no fue rebatido. A juicio de este especialista existen elementos de orden prácticos y científicos que se oponen a la baja de la edad de imputabilidad penal plena por debajo de los 18 años de edad.

Los países que bajaron la edad “no lograron” disminuir las conductas delictivas de los menores.“ No hay una relación directa entre ambos factores por lo que no se va a lograr ese fin, por lo menos en forma sensible”, destacó.

A su juicio lo que se lograría bajando la edad de imputabilidad penal es “colocar a los chicos en un sistema tremendo, similar a los penitenciarios de adultos”.

“Más allá de las mejoras que se han experimentado el sistema carcelario es claramente deficitario. Si funciona mal con los adultos sabemos que va a funcionar mal con los adolescentes”, dijo Aller, quien aclaró que su opinión es “técnica” y no “política”.

“Delincuente inseguro”.

Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuesta (afín a Vamos Uruguay), tiene otra opinión. “La propuesta apunta a un grupo de adolescentes en particular y está sustentada en elementos técnicos, no se trata de un capricho”, señaló. “La única verdad es la realidad y no se puede ocultar que a la gente le preocupa este tema”.

El abogado, quien se desempeñó como director de Secretaría del Ministerio del Interior durante los gobiernos colorados, destacó que el proyecto comprende tres aspectos que habitualmente no se mencionan “de modo intencional” por parte de quienes se oponen a la iniciativa.

Además de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años para la comisión de delitos “graves” como homicidio, rapiña, copamiento o violación, dota al juez de “cierta discrecionalidad” a la hora de decidir la madurez del joven. “En tercer lugar se prevé la creación de un servicio descentralizado fuera del INAU para la internación y rehabilitación”, mencionó.

“Se ha faltado a la verdad en este tema”, se quejó. “Hay remeras que dicen: ‘Ser joven no es delito’. Nosotros compartimos eso, nadie va a ir preso por ser joven pero sí por rapiñar, asesinar o robar”, argumentó.

Para fundamentar su postura citó un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) que —según dijo— concluye que de aplicarse la rebaja de la edad de imputabilidad penal se reduciría en 35% la delincuencia juvenil.

“Hay que dar una señal clara frente al delito. Se tiene que sentir inseguro el delincuente y no el ciudadano”, insistió.