Expertos plantean limitar el delito fiscal como precedente de lavado

El asunto está en la agenda del gobierno, que prepara un proyecto de ley al respecto.

Al hacer recomendaciones en este campo “se deben ponderar equilibrios entre los loables intereses generales y el respeto de garantías individuales”, señalan los autores. Su postura es a favor del respeto de las garantías “por ser ello inherente a un Estado de derecho con sistema republicano, y porque la larga experiencia histórica y mundial muestra que los costos, a veces ya a corto plazo, pero irremediablemente a mediano y largo plazo, de optar por un camino diferente bajo una doctrina en la que el ‘fin justifica los medios’, han sido sistemáticamente negativos desde todo punto de vista”.

Umbrales.

Para Abadi y García Martínez, en Uruguay la defraudación tributaria, para ser incorporada como precedente del delito de lavado de activos, debería incluir un sistema de umbrales por tributo, por período fiscal y acotarse a los tributos recaudados por la DGI.

Proponen un esquema de umbrales asociado a cada impuesto que sea defraudado por cada período fiscal, sin considerar las multas y recargos involucrados. Sugieren fijarlos en monedas ajustables —como la unidad indexada a la inflación— en una suma no inferior a los U$S 100.000.

También se debería atender la circunstancia de que el delito de defraudación tributaria, en su tipicidad actual, constituye un delito “de peligro”.

Para los autores, no es necesario incluir nuevos agentes obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos en la medida que ya existe un “número importante de sujetos” sobre los que pesa tal requisito.