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El cambio de autoridades en los organismos públicos es un proceso natural al inicio de cada período de gobierno. Sin embargo, hay dependencias que tienen particularidades que alteran ese proceso, y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) es una de ellas. Allí, utilizando como argumento la ley que creó al órgano de contralor, su presidente saliente decidió recurrir la resolución por la que fue cesado en marzo.
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El artículo 4 de la Ley 17.598 establece que los integrantes del Directorio de la Ursea “durarán seis años en el ejercicio de sus cargos”. El espíritu de esa disposición es el de desfasar las designaciones de sus directores, que se supone que deben tener un perfil técnico, de los cambios políticos. El artículo 6, por su parte, detalla que para cesarlos es necesaria una “resolución fundada” del presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros.
Luis Lacalle Pou echó mano a ese mecanismo apenas unos días después de asumir. Primero, a través de la resolución 278/2020 fechada el 11 de marzo, designó a Silvana Romero como nueva presidenta. Luego, otra resolución fechada el mismo día dispuso el cese de César Falcón. El presidente saliente llevaba cuatro años y medio en su cargo, ya que había sido designado en setiembre de 2015.
Falcón considera que su proceso de relevo tuvo “un montón de desprolijidades”. Como ejemplo, contó a Búsqueda que la resolución de su cese, aunque está fechada el 11 de marzo, fue emitida en realidad casi una semana después. Durante esos días, la Ursea tuvo dos presidentes. Falcón llegó incluso a firmar en calidad de presidente el pago de los sueldos a los funcionarios el 18 de marzo. Pero no son esas desprolijidades las que le resultan más preocupantes.
En su opinión, las resoluciones del nuevo gobierno “violentan” la Ley 17.598, que da marco al desempeño de la Ursea. En particular, considera que no se respeta lo establecido en el artículo 6, ya que no hay una “resolución fundada” para su cese.
La resolución de Lacalle Pou actuando en Consejo de Ministros solo tiene dos considerandos. El primero cita el artículo 6 de la ley y el segundo la resolución por la que previamente se había designado a Silvana Romero como nueva presidenta.
“O sea que el único fundamento para el cese fue que habían nombrado antes otra presidenta. Evidentemente, el gobierno violó la ley. No puede ser esa una razón fundada”, dijo el exjerarca a Búsqueda. Por ese motivo, informó que ya presentó un recurso contra la resolución en la división de Jurídica de Presidencia de la República. De acuerdo con la respuesta que obtenga, evaluará la posibilidad de iniciar un reclamo económico.
¿Qué independencia técnica?
Lacalle Pou hizo énfasis en el rol de las unidades reguladoras, tanto durante la campaña electoral como al entrar en funciones. La impronta de su discurso, y el de varios de sus ministros, es la de fortalecer esas dependencias y darles más potestades para que puedan efectivamente controlar y regular los servicios que abarcan.
El proyecto de ley de urgente consideración contiene varios artículos referentes al desempeño de la Ursea. Algunos de ellos sufrieron cambios en su redacción original antes de ingresar al Parlamento, luego de que el borrador del proyecto se sometiera a debate en febrero.
La versión inicial, por ejemplo, eliminaba del artículo 4 la duración de seis años para los cargos del Directorio. El texto nuevo, en cambio, ratifica ese período de ejercicio.
Falcón ve en el episodio de su cese un mensaje contradictorio del nuevo gobierno: al mismo tiempo que reivindica el período de seis años lo “está violentando” al decidir cesar al presidente. La contradicción, acorde a su visión, se ve acentuada por el discurso de autoridades como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini, que suelen resaltar la importancia de la “independencia técnica” de las unidades reguladoras, pero terminaron incumpliendo la ley para “poner a una persona de su confianza política para que diga lo que quieren que diga”.
“¿De qué independencia técnica estamos hablando cuando a los pocos días de asumir cesan al presidente de la Ursea?”, criticó.
Falcón defiende la gestión de la Ursea durante los últimos años. Asegura que el Directorio trabajó con “total independencia” y destaca que impusieron sanciones importantes. Como ejemplo recuerda que en 2019 obligaron a OSE a exonerar de los cargos fijos y variables a los clientes de una serie de localidades de Canelones por fallas en la usina de laguna del Cisne. La medida rondó los US$ 200.000 y, además, le aplicaron una multa de 50.000 unidades indexadas por las demoras en la comunicación del evento a los usuarios.
De todas formas, Falcón reconoció que las herramientas de Ursea para cumplir su rol de regulación y control “son acotadas”.
Antecedentes
Cristina Vázquez fue la única presidenta de Ursea que llegó a cumplir los seis años en el cargo. Había sido designada en 2003 por Jorge Batlle y Tabaré Vázquez decidió sustituirla en 2009, una vez cumplido el plazo dispuesto en la ley. Su sucesor fue Eduardo Sellanes, a quien José Mujica le pidió la renuncia apenas un año después. Durante ese período la presidencia de URSEA estuvo ocupada por Daniel Greif, que renunció en febrero de 2015 para pasar a encabezar la Dirección Nacional de Aguas. Su sucesor fue Falcón, quien se convirtió ahora en el primer presidente cesado desde la promulgación en 2002 de la Ley 17.598.
Lacalle Pou expresó en más de una oportunidad su disconformidad con el manejo de las unidades reguladoras. En febrero dijo en una conferencia de prensa que durante el 2019 esas dependencias habían sido “absorbidas por el gobierno” del Frente Amplio. “Ustedes saben lo que pasó este año con las unidades reguladoras, ¿verdad? Las absorbió el gobierno, les sacó de alguna manera las potestades y entonces no se podía controlar y regular independientemente”, declaró.
Los últimos ajustes de tarifas de las empresas públicas fueron motivo de polémica entre el Frente Amplio y los partidos que integran la coalición multicolor. En enero, El País dio cuenta de un “choque” en el Directorio de URSEA entre el director en representación del Partido Nacional, Fernando Menéndez, con el presidente Falcón y el vicepresidente, Gerardo Triunfo.
Menéndez entendía que se había “desvirtuado” el rol asesor de la Ursea para determinar el aumento de la tarifa de UTE. Además, criticó que las tarifas no reflejaban los costos de servicio.
