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Ya hoy, el gasto público en seguridad social en Uruguay es alto. En 2015 equivalió a aproximadamente ocho puntos del Producto Bruto Interno (PBI), frente a 3,6% promedio en América Latina y 4,5% en todas las economías emergentes. Eso plantea desafíos fiscales que, con una población que envejece rápidamente, se irán agravando con el paso de los años.
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Tal diagnóstico fue elaborado por técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto con algunas posibles recomendaciones para enfrentar el problema. Por un lado, elevar gradualmente de 60 a 65 años la edad de retiro. Por otro, hacer que las pasividades dejen de estar indexadas al salario medio y que ajusten en función de la evolución de la inflación. Todo eso está planteado en uno de los análisis que consideró el Directorio Ejecutivo del organismo al aprobar, el miércoles 1º, la revisión anual obligatoria sobre la marcha de la economía uruguaya (ver Búsqueda Nº 1.904).
“La mayor tasa de dependencia de la vejez y la cobertura” del sistema puede explicar por qué Uruguay tiene un gasto público más elevado que América Latina y otros países emergentes, en promedio, indica el autor, Frederic Lambert, del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI.
Según los cálculos incluidos en el análisis, el gasto público en pasividades de los dos pilares —de solidaridad y contributivo— disminuirán ligeramente hasta 2030, pero luego aumentarán y llegarán a representar 10,3% del PBI en 2065 (superando al de las economías avanzadas) y 12,9% en 2100. Esta estimación no incluye los regímenes previsionales especiales, en particular para los policías y los militares.
Lambert indica que la reforma de 1996, que introdujo un pilar financiado individualmente administrado por las AFAP, “explica el aumento de gasto limitado proyectado en los próximos 50 años. Sin embargo, esto puede ocurrir a costa de menores prestaciones de jubilación”, si por ejemplo, las contribuciones a dicho pilar son insuficientes o si las tasas de rendimiento de las inversiones realizadas por las administradoras previsionales resultan demasiado bajas.
Posibles acciones.
Para algunos jerarcas del gobierno, el sistema previsional uruguayo deberá tener ajustes a mediano y largo plazo. El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustaunau, piensa por ejemplo, que se puede ir aumentando “un año o dos años la edad de retiro. Y por supuesto va a llevar implícito una discusión sobre la tasa de reemplazo”, el porcentaje de suelo que se cobrará durante la jubilación (hoy es 45%), según dijo a Búsqueda en marzo de 2016.
Algunos aspectos concretos del sistema están actualmente bajo revisión y el Poder Ejecutivo prepara un proyecto que permita bajar el déficit de la llamada “caja militar”. El desequilibrio tiene un costo fiscal estimado por las autoridades en unos U$S 400 millones anuales.
Para el FMI, las reformas futuras “deberán abordar el creciente gasto fiscal requerido para mantener las tasas de reemplazo constantes. Las tasas de reemplazo teóricas proyectadas para Uruguay están muy por debajo de las tasas de reemplazo pasadas, que prevalecieron en el antiguo sistema de reparto único. En 2010, la OCDE estimó la tasa media de sustitución neta en 66,3%”, se señala en el análisis.
Por otro lado, apunta que las tasas de contribución general “son altas” en comparación con otros países de la región “y no dejan mucho margen para un aumento. Lo que aportan los trabajadores y los empleadores alcanza a 22,5% en Uruguay, contra 13,6% en promedio en la región”.
El aumento de la edad de jubilación a los 65 años “podría ser una opción para mejorar tanto la sostenibilidad como la adecuación presupuestaria. La edad legal de jubilación sigue siendo relativamente baja en Uruguay y, por lo general, muy por debajo de la de las economías avanzadas que se enfrentan a desafíos similares del envejecimiento. Las simulaciones sugieren que un aumento gradual de la edad de jubilación a 65 años, junto con el correspondiente cambio en el cálculo de los beneficios, impediría que el gasto en pensiones del pilar de reparto aumentara por encima de su nivel actual al menos hasta 2065. También conduce a un aumento de las cuentas individuales de ahorro, ya que los trabajadores contribuirían durante más años”, plantea el experto del FMI.
Una mejora similar en la sostenibilidad fiscal podría obtenerse mediante un cambio en la fórmula de indexación de las jubilaciones y pensiones, pasando de un ajuste por inflación en lugar de por el Índice Medio de Salario, añade. Esto, al mismo tiempo, “reduciría los riesgos que corren las compañías de seguros (actualmente solo el Banco de Seguros del Estado)” que pagan por las pólizas de renta vitalicia por el régimen de AFAP, cuya tasa nominal depende de la inflación de precios. Sin embargo —reconoce el autor—, tal cambio requeriría una reforma constitucional y “no ayudaría a elevar las tasas de reemplazo”.
Por otro lado, considera que enfrentar los “importantes déficits” que están sufriendo algunos de los regímenes especiales es también “crucial” para la sostenibilidad fiscal. Las estimaciones presentadas en este documento no tuvieron en cuenta los regímenes especiales. “Si no se abordan, aumentarían considerablemente los desafíos fiscales proyectados”, advierte.
