N° 1973 - 14 al 20 de Junio de 2018
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn 1992, el periodista y comentarista político estadounidense Rush Limbaugh creó el vocablo “feminazi”. Define a las organizaciones feministas ultra que en ese momento irrumpían con una desconocida energía planteando reivindicaciones. Con el transcurso del tiempo ese estilo se hizo universal, al igual que el calificativo.
Hay quienes no se atreven a confrontar la irracionalidad. Temen ser “fusilados” en las redes sociales o convertirse en el blanco de insultos o denuncias en las que el principio de inocencia brilla por su ausencia. Algunos integrantes del sistema político —me consta porque me lo han admitido— evitan la confrontación debido al temor de perder votos femeninos.
Es posible entender que por su dramático significado histórico alguien considere excesivo el uso del vocablo “feminazi”. Bajemos entonces algunos escalones hasta llegar al calificativo de “fascista”. El ejemplo más cercano surge del expresidente Julio María Sanginetti. Calificó de fascistas a los docentes que declararon persona no grata al consejero del Codicen, Robert Silva, porque había solicitado que se investigara la escenificación de un secuestro por parte de estudiantes liceales.
Organizaciones feministas con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social (Instituto Nacional de las Mujeres) y el INAU pretendieron dirigir el resultado de las actuaciones judiciales sobre la restitución de una niña a su padre. Comenzaron por el patotero “María no se va” y luego cuestionaron las sentencias del Juzgado de Familia de 8º turno y del Tribunal de Familia de 1er turno.
Los fallos decidieron que una niña secuestrada por su madre en España en 2016 debía ser restituida a ese país, desde donde la reclama su padre español. No cometí un error, leyó bien: dos organismos del Poder Ejecutivo intervinieron para presionar al Poder Judicial.
Al margen de esa intromisión institucional a la que suelen ser afectos la ministra Marina Arismendi y otros gobernantes, debería ser obvio que un debate judicial no es un partido de fútbol. Cada uno puede defender su ideología (o el curro de personas y organizaciones), pero debe hacerlo con argumentos —en este caso especialmente jurídicos— y no mediante criterios deportivos o melodramas de teleteatro. Tienen, como es obvio, pleno derecho a la libertad de expresión, pero no a mentir e inducir en error al ciudadano y arrastrar con falsedades a quienes honestamente pretenden desterrar el despreciable machismo.
En el caso intervinieron nueve jueces, incluidos los cinco de la Suprema Corte de Justicia. Todos, sin discrepancias, estuvieron de acuerdo en que la niña debía ser reintegrada a España. ¿Acaso las fachas y los fachos (para ser inclusivo) creen que se trató de una conspiración machista? Cinco son mujeres: Elena Martínez, Bernadette Minvielle (Suprema Corte de Justicia), Lilián Bendahan y María del Carmen Díaz (Tribunal de Apelaciones) y Rossana Posse (Juzgado de Familia) ¿Les inventarán intenciones aviesas?
Los argumentos de la madre sobre una presunta violencia doméstica ejercida por el padre (lo que jurídicamente no incide sobre el fondo de la restitución) ni un presunto abuso sexual se han demostrado en el expediente. Ambas cuestiones serán resueltas en España, donde, por decisión judicial uruguaya, el padre tiene prohibido comunicarse con la niña hasta que se resuelvan estas cuestiones. Si la Justicia española decide que el padre es responsable de lo denunciado por la madre habrá que rever la decisión. No antes.
Tanto la insólita e irregular defensa asumida por el Estado como por grupos de militantes son indiscutiblemente fascistas: corporativismo y totalitarismo.
Hace unos años, en una columna que tituló El fascismo uruguayo Claudio Paolillo abordó esta cuestión. Señaló como fascistas contemporáneos a quienes desconocen a las autoridades institucionales, insultan agresivamente, agreden a los periodistas y tienen hordas organizadas que escrachan en forma física o a través de los medios y las redes sociales. “Lo único que vale para los fascistas uruguayos —igual que para los fascistas italianos y para todo fascista que se precie de tal— es su propia opinión, sus ideas…”. (Búsqueda Nº 1.154).
Las reacciones antes y después de las tres sentencias sobre “María” son elocuentes. Si en lugar de emborracharse con varias copas de odio leyeran estos fallos judiciales se mirarían avergonzados ante un espejo. Pero leer da trabajo. Es más sencillo utilizar etiquetas de las que también se hacen eco algunos medios.
Es más, fachas y fachos deberían congratularse con que la Corte haya admitido el recurso de revisión sobre la sentencia del Tribunal. El artículo 24 inc. 3º de la Ley 18.895 establece que “contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá otro recurso”. Sin embargo, la Corte fundamentó la admisión de lo que es cuestionado por el Catedrático grado 5 de Derecho Privado Carlos Álvarez Cozzi en un severo artículo que se publicará a fin de mes en el Anuario de Derecho Civil.
Tengo claro que leer en profundidad dejó de ser una constante para la amplia mayoría de los uruguayos. Prefieren leer los títulos o que les den los hechos digeridos, como en este caso por fachas y fachos. Eso es responsabilidad de todos y entraña riesgos.
La cuestión es que, dice Paolillo: “No hay excusas para no repudiar las prácticas fascistas. La historia enseña que no hacerlo fingiendo distracción o con cualquier argumento (…) supone como mínimo una conducta funcional a los intolerantes. Supone, en fin, abrir un camino hacia el desastre, en el cual, por mirar los árboles y descuidar el bosque, sufrirá la sociedad toda y también los que explicaban a los violentos y los que simulan estar distraídos”.