Familiares de desaparecidos ven pocos avances para lograr justicia por crímenes de la dictadura y apuestan a involucrar a los jóvenes

La creación de la Comisión para la Paz durante el gobierno colorado de Jorge Batlle y el encuentro de restos de desaparecidos en los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, son algunos de los hitos en estos años.

Olivera se mostró optimista respecto al involucramiento de las nuevas generaciones. Contó que hace pocas semanas un grupo de unos 20 estudiantes de un colegio privado los visitaron. “Fue una reunión maravillosa; al terminar nos dijeron: ‘¿Qué podemos hacer para ayudar al observatorio?’ Nos gustaría que esto se diera a todos los niveles”. También han realizado actividades en algunos gremios para concientizar sobre el tema.

Zaffaroni también tiene esperanza en los más jóvenes. Destacó que a la marcha que se hace cada 20 de mayo van muchos. Y agregó que el “miedo” a las fuerzas represivas en las actuales generaciones “quedó atrás”.

Tirar para adelante.

El trayecto hasta hoy ha sido muy duro, coinciden Zaffaroni y Olivera. “Hay una etapa muy oscura y muy difícil que son los primeros años de la democracia con la negativa total de los gobiernos al tema”, repasó Zaffaroni.

Familiares se fue conformando a partir de la segunda mitad de los años 70, a raíz de las denuncias y las primeras investigaciones sobre lo que sucedía en la dictadura. En 1983 se unen tres vertientes de familiares de desaparecidos para conformar la actual organización. Recién en el año 2000, con la asunción de Jorge Batlle como presidente, se concretó la primera entrevista con un mandatario.

Batlle creó la Comisión para la Paz, que tuvo a su cargo recabar información que permitiera aclarar la situación y el destino de los detenidos desaparecidos.

“Por primera vez un órgano oficial reconocía la existencia de personas desaparecidas, entre ellas, niños nacidos en cautiverio, y denunciaba que se trataba de delitos de lesa humanidad”, recuerda Familiares en su página web.

Con la llegada del Frente Amplio al gobierno en marzo de 2005, se reanudaron las investigaciones y se logró ubicar restos de detenidos desaparecidos­ en Uruguay. A la vez, el Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios exrepresores militares y policiales.

Pero pese a estos avances, la evaluación no es positiva. No se alcanzó la justicia, dicen. “Se ha avanzado en investigación, en conocimiento de que acá pasó lo que pasó, que hubo dictadura, que hubo terrorismo de Estado, que no es un delito cualquiera; pero si no tenés justicia en el sentido de que es un reconocimiento que esto no puede suceder, ¿qué futuro le depara al Uruguay?”, se preguntó Zaffaroni. “La sensación que tengo es que en esto está perdido el Uruguay. Ojalá no suceda nunca” algo como lo que sucedió en los 70, agregó.

Zaffaroni opinó que el Estado “ha aprendido poco” de lo que pasó.

Olivera afirmó que hay que “incorporar la legislación internacional en la cabeza de los jueces” para atender este tipo de casos.

Tanto Olivera como Zaffaroni sintieron como un duro golpe la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró que los delitos de la dictadura prescribieron. El pasado 25 de setiembre, en una votación dividida (3 a 2), la Corte reiteró el criterio que expresó en una sentencia de 2013 y dijo que la Ley 18.831 —que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, y por tanto no prescriben— es inconstitucional.

Con este panorama, para Olivera los dos años próximos “son decisivos” para la causa, por dos razones. Una es el cambio de gobierno. Olivera criticó lo hecho por el Frente Amplio pese a tener mayoría parlamentaria y se mostró escéptico con lo que puede suceder en un eventual nuevo gobierno de la izquierda en el que deba negociar con la oposición. La segunda razón es biológica: “Se están muriendo los denunciantes y sobre todo los imputados”.

Olivera dijo que el sistema político tiene que reaccionar. “Se ha dicho que la gente quiere otra cosa, pero esto ha sido lo que ha ordenado la agenda política, inclusive las grandes discusiones que hubo dentro del gobierno de izquierda. Este es un tema que no han podido neutralizar. Lo que hacen de alguna manera es tratar de hacer realidad lo que dijo Mujica, que es algo en lo que no tiene razón, que es cuando dice que esto se va a terminar el día que nos muéramos todos”. A su juicio eso no va a pasar y puso como ejemplo cómo en otras partes del mundo se sigue investigando pese a que pasaron décadas de los hechos, como es el caso de lo sucedido en la Guerra Civil española (1936-1939).

“La política del gobierno es tirar para adelante para que este tema muera solo. Que sea una mansa agua que avanza lentamente y después se retira; y lo que va a quedar de esta metáfora es una frustración porque las nuevas generaciones algún día van a pedir cuentas respecto a qué se hizo”, agregó.

Sentencia Gelman.

Olivera señala como un hito la sentencia del caso Gelman. El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por la desaparición de María Claudia García de Gelman. En la sentencia estableció que para que la ley de caducidad no vuelva a “representar un obstáculo para la investigación de los hechos” del caso en particular y de “otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”, se debían tomar una serie de medidas. Por ejemplo, el Estado debía conducir la investigación, acelerar las causas y establecer una relación armónica entre el Derecho Internacional y Derecho interno afectado por la ley de caducidad.

“Se supone que la sentencia Gelman instaló un nuevo escenario en el Uruguay que debería haber sido más favorable al proceso de justicia. Pero mirás todos los procesamientos que hubo desde 2002 a partir de (Juan Carlos) Blanco hasta el último de Rodolfo Álvarez, y hubo más procesamientos con la ley de caducidad vigente y sin la sentencia Gelman. Eso es una realidad”, dice Olivera.

Según los datos del Observatorio Luz Ibarburu, de 2002 a 2011 hubo 35 procesamientos. Once de ellos fueron en 2011, pero las causas se habían iniciado antes de la sentencia Gelman. Entre 2012 y 2017 hubo siete procesamientos (dos de ellos revocados).

Este año, el Observatorio entregó un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de las investigaciones. Indicaron que en las aproximadamente 200 causas que se iniciaron se registraron 42 procesamientos. De esos 42 casos, en 15 no se alcanzó sentencia definitiva y en 27 hubo condenas (13 sentencias definitivas).

En el informe se aclaró que, dentro de las 27 condenas, varias de ellas recaen en los mismos imputados, por lo que en realidad son 20 las personas condenadas en Uruguay.

“Solo existe un procesamiento por torturas, y no existen procedimientos por sustracción de niños, o violencia sexual, delitos que sabemos también se cometieron en el Uruguay como parte de los crímenes de la dictadura, incluso a pesar de que existieron recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de enjuiciar y castigar a los autores de violencia a los Derechos Humanos en alguno de estos casos”, dice el informe presentado ante la CIDH.

En el documento se explica que hay 180 causas activas, en etapa presumarial o sumarial. El 90% están en presumario (la investigación inicial), sin haberse imputado a ningún responsable.

“Para cambiar ese paisaje desolador del proceso de justicia en el Uruguay, es un requisito indispensable que el Estado uruguayo cumpla la sentencia en un plazo razonable”, agrega el documento.

“Lo que más se desdibuja son las responsabilidades del Estado, que no las asume y sigue permitiendo un doble discurso. Hacen mucha cosa por acá, ponen dinero para las búsquedas, pero no hay una exigencia a fondo de la información”, evaluó Zaffaroni.

La integrante de Familiares cree que la responsabilidad no es solo del gobierno sino de todos los partidos: “No se entiende qué necesidad de este ocultamiento a 40 años de sucedidos los hechos. ¿Cuánto más fácil sería para el país encontrarlos, conocer, saber y que esto no vuelva a pasar? Y con eso se empuja a la Justicia”.