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“Apruébase”, se escuchó en el Parlamento y los aplausos taparon todo lo demás. Congregados en las barras y afuera, ya en la noche, cientos de personas festejaban la creación del primer mercado de marihuana regulado y estatal del mundo. A dos años de la aprobación de la ley 19.172, Uruguay sigue afinando los detalles de un “experimento” que espera que sea ejemplo para otros países.
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A las farmacias, que serán los puntos de distribución de la droga, les preocupan los costos de seguridad que les supondrá el stock del producto. Mientras aguardan por definiciones del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), en el Centro de Farmacias del Uruguay (CFU) estiman que necesitarán una habilitación del Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Estado (Renaemse) como las que tienen los centros con sistemas de pagos o servicios del Correo.
Según un sondeo del gremio, de las 1.000 farmacias que hay en el país solo entre 100 y 150 “en un principio, como un plan piloto” venderían cannabis. Hoy cerca de 30 tienen una licencia de Renaemse por dar servicios al Correo, y otras tantas por operar con Redpagos. “Son una minoría”, dijo Jorge Suárez, presidente del CFU, en diálogo con la prensa.
El gremio espera que exista una “subvención” o “algún tipo de mecanismo” que asegure que ese costo no lo absorba el farmaceuta, ya que entienden que se trata de un negocio que “casi no deja” margen de ganancia y se hace “como para brindar un servicio”.
La ley que habilita el consumo de hasta 40 gramos de marihuana por mes establece tres vías —excluyentes entre sí— para adquirir la droga: el registro como autocultivador, la pertenencia a un club cannábico o el registro como consumidor a través de las farmacias, que aún falta implementar.
En julio el gobierno entregó al CFU un borrador que propone exigir a las farmacias que tengan “un mueble con el tamaño adecuado para el almacenamiento de hasta 2 kilogramos de cannabis, amurado a la pared” (Búsqueda Nº 1.823). Allí se fijaba un precio de U$S 0,90 para el gramo de cannabis, con una ganancia para las farmacias de 30% sobre el costo final.
“Todo paso que demos hacia la legalización va a ser positivo. Era muy injusto que una persona por ley podía consumir un producto, pero si lo adquiría cometía un delito. Vamos a acompañar la experiencia y esperemos que cuanto antes se pueda implementar”, dijo Suárez durante el seminario “Nuevos enfoques en políticas de drogas en el siglo XXI”, realizado el miércoles 19 y jueves 20.
Un procedimiento “lento”.
Durante el evento también se habló sobre la lentitud del proceso para adjudicar las entre dos y cinco licencias que se darán para la plantación de marihuana. El director de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz, afirmó que el gobierno “no puede permitirse” la entrada de personas vinculadas con el narcotráfico y por eso los controles sobre las 11 empresas que compiten por las habilitaciones “son estrictos”.
“Quizás esto haya generado un procedimiento lento, pero lo que realmente nos importa es que sea seguro para nosotros, el país y nuestra sociedad”, dijo.
El presidente del Ircca, Augusto Vitale, apuntó que no pudieron detenerse “ni un minuto” desde que se aprobó la norma y reivindicó que, aunque se “puede ver como un proceso más largo de lo esperado, el 90% de la ley, administrativamente hablando, está en pleno funcionamiento”. También recordó que esto se hizo “sin recursos propios, con los apoyos de las instituciones que integran la junta directiva” del organismo, que aún no tiene presupuesto.
“Tuvimos que dar dos prórrogas para que (las empresas) pudieran presentar toda la documentación para cumplir con el análisis de origen de los fondos y composición de las sociedades”, dijo.
Tras la aprobación de los decretos que regulan el cannabis medicinal, la producción de cáñamo y la marihuana recreativa, el Ircca puso en funcionamiento los registros para clubes cannábicos (17 inscriptos) y autocultivadores (se registraron 2.743). También creó el registro de operadores del cannabis y dio tres licencias para la producción de cáñamo.
El viernes 21 el Ministerio del Interior hizo público el protocolo policial que aclara, por ejemplo, que la tenencia de más de seis plantas no constituye presunción de delito mientras sean machos o no tengan flor. De esa forma se recogen algunas de las preocupaciones de los consumidores.
El gremio médico dijo que espera concretar en 2016 un curso para formar a su colectivo en marihuana medicinal, algo que hasta ahora se retrasó por “problemas de financiación”. Las organizaciones sociales propusieron “licencias temporales” que habiliten la compra a turistas e instalar clubes cannábicos en barrios periféricos para “hacer más accesible” la ley.
Durante el evento “Trabajo y el consumo de cannabis”, organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas el jueves 20, representantes del mundo laboral se preguntaron cómo conjugar la libertad de comprar la droga con las responsabilidades del trabajo.
“El problema que tenemos es que el trabajador no tiene conciencia de que tiene un problema ni de las consecuencias que pueden tener sus actos. Los muchachos no entienden que en la media hora (de descanso) no pueden prender un porro”, dijo Cecilia Miller, del PIT-CNT.
