Feminismo tóxico

La película relata un juicio de 1839 en Estados Unidos contra africanos que asesinaron a traficantes de esclavos. Su abogado intenta salvarlos de la horca y argumenta que son mercancía. Quienes lo contrataron le advierten que debe basar su defensa solo en lo moral. Por el contexto se deduce que si fueran ejecutados resultaría positivo para los intereses de ese grupo: captar más adhesiones. En 1841, el Tribunal Supremo los absolvió.

En abril de 2016, María y su hija viajaron a Uruguay con el permiso del padre, el español Pablo Santos. Tenían que regresar el 26 de mayo pero María decidió quedarse. Argumentó que la niña había sido objeto de abuso sexual por parte del padre. En lo que ahora parece un disfraz para la premeditación del “secuestro”, argumentó que durante el viaje descubrió los abusos por testimonios y dibujos de su hija. Ahora, con las cartas vistas, fue una excusa para separarse y retener a la niña.

Santos reclamó su restitución y se inició un trámite que tuvo tres instancias coincidentes: Juzgado de Familia, Tribunal de Apelaciones de Familia y la Corte. En total nueve jueces: cinco mujeres y cuatro hombres.

Dos pericias psicológico-sexuales de Laura Gandolfo y Rosario Cardoner presentadas por la madre, señalaron indicadores de abuso físico y sexual. Una tercera del Poder Judicial, de Ana Nin, dijo que la niña había observado episodios de violencia doméstica y que veía al padre como hostil.

Para la totalidad de los magistrados no hubo dudas sobre la ilicitud de la retención. La Corte destacó que las denuncias debían dilucidarse ante los tribunales españoles, donde en teoría ocurrieron los hechos denunciados por María.

A mediados de junio, la Corte ordenó que María y su hija regresaran a España. Se le comunicó a la Justicia española que el padre no podía acercarse a menos de 500 metros.

La semana pasada, Telemundo informó que una jueza de Vielha, Cataluña, clausuró la denuncia de abuso y maltrato contra el padre.

Sostuvo que las pruebas en contra de Santos eran insuficientes para acusarlo de cualquiera de los dos delitos y dejó sin efecto las medidas que le prohibían acercarse a la niña.

Solicitó además una investigación para determinar si María cometió un delito de acusación falsa contra Santos. También dijo que hay elementos para investigarla por un delito contra la integridad de la niña.

María enfrenta una situación complicada. En julio, un juzgado penal condenó a la española Juana Rivas a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, le quitó la patria potestad durante seis años y la obligó a indemnizar al padre con 30.000 euros. Rivas había huido de Italia, el domicilio conyugal, y se llevó a los niños. Los ocultó durante un mes. Un tribunal italiano decide esta semana el régimen de custodia.

Antes de decidir, la jueza catalana ordenó entrevistas y tests psicológicos a la niña y a sus padres y analizó los audios y videos del juicio en Uruguay. Para los peritos españoles “el relato de la madre no es compatible con la violencia de género (aunque) sí sería el relato de una relación disfuncional en la pareja donde la responsabilidad del malestar recae en los dos”.

Según el informe, las pericias que solicitó la madre en Uruguay “son fruto de psicoterapia y no respetan los principios básicos de cualquier pericia psicológica: captación y rigor técnico, imparcialidad y honestidad en el planteamiento de diferentes hipótesis”.

Estos hechos desnudan la militancia obtusa parcial de algunas organizaciones. No les interesa la verdad ni la independencia judicial sino aquello que los beneficie. Ahora cuestionan a la jueza de Vielha que falló en favor de Santos. Dicen que es una localidad pequeña y que el padre de la niña vive cerca del juzgado. ¡Por favor!

Asustan las presiones ejercidas por el INAU y el Mides sobre el Poder Judicial. En cualquier país en serio, luego de lo ocurrido, esos gobernantes de moral harapienta habrían renunciado o los habrían cesado.

En la cuestión no hay solo responsabilidad de los dirigentes de esas organizaciones sino, además, de sus secuaces, próximos a las hordas bárbaras. ¿Alguien podrá creerles cuando armen otro guion de teleteatro y enfrenten las cámaras con voz quejumbrosa?

Es que desvirtúan los ideales del feminismo. Le restan credibilidad y en cambio proyectan una toxicidad psicológica. Buscan imponer su pasión irracional. Pretenden mantener adhesiones por la vía que sea para justificarse ante quienes los financian aquí o en el exterior. Curreros de la peor estofa.

¡Si tendrán que ser independientes los jueces y fiscales en tiempos de cólera y acciones patoteriles!

Esos grupos nunca consideraron los argumentos y derechos del padre. Lo declararon culpable y dieron por probados los dichos de María: ¿no es una cuestión de género contra Santos? Ni siquiera consideraron que María pudo utilizar argumentos falsos. O tal vez sí, y pese a ello sometieron a la niña al bombardeo de psicólogos, abogados y jueces. La responsabilidad es exclusiva de María y los patoteros.

Así nos va.