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Confiado en que la Suprema Corte de Justicia revea la sentencia del Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno que revocó el procesamiento del ex presidente de Banco República Fernando Calloia, el fiscal de crimen organizado Juan Gómez presentó esta semana un escrito de casación para que el máximo órgano judicial del país se expida sobre el punto.
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Calloia fue procesado en abril por la jueza Adriana de los Santos a solicitud de Gómez, por el delito de “abuso de funciones” por su intervención en el aval que la desconocida empresa española Cosmo obtuvo en el BROU para poder presentarse a la subasta de los aviones de Pluna.
Empero, el tribunal, con la mayoría de votos de los ministros Rolando Vomero y Alberto Reyes, revocó ese procesamiento. El ministro Sergio Torres, en cambio, votó por confirmar el fallo de la jueza De los Santos.
En esencia, la sala argumentó que se violentó el “principio de congruencia” debido a que la magistrada incorporó elementos en el auto de procesamiento que no habían sido tenidos en cuenta por el fiscal a la hora de pedir el enjuiciamiento. Según los ministros del Tribunal, eso aparejó la “indefensión” de Calloia.
Según supo Búsqueda, la casación del fiscal Gómez es extensa y en lo medular hace hincapié en que no se violó ese principio del proceso penal. El representante del Ministerio Público señala que mal puede haberse producido discordancia entre el dictamen fiscal y el procesamiento dictado por la magistrada, desde el momento que él solicitó el enjuiciamiento por el delito de “abuso innominado de funciones” y la jueza lo terminó procesando por esa misma figura penal.
En apoyo a su postura, Gómez cita abundantes trabajos de doctrina y fallos jurisprudenciales. Entre ellos menciona trabajos del procesalista Gabriel Valentín, uno de cuyos libros estuvo leyendo en las últimas semanas.
El representante del Ministerio Público recuerda que el procesamiento es un estado provisorio y modificable en cualquier etapa, ya que supone únicamente el sometimiento a un proceso en el que se diligenciará abundante prueba pedida tanto por él como por la defensa. En esa línea, a su juicio no puede hablarse tampoco de “indefensión”, porque Calloia estuvo siempre asistido por el prestigioso abogado catedrático en Derecho Penal Gonzalo Fernández, quien controló las actuaciones y pidió pruebas que el juzgado tramitó.
Gómez también presentó un recurso de casación contra la sentencia del tribunal que revocó el procesamiento sin prisión del escribano Pablo Seitún por su participación como profesional en la subasta de los aviones. Para el fiscal, constituye delito el hecho de que el notario haya inscripto mal el nombre de Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien deliberadamente quería aparecer con otra identidad para que no se lo vinculara con Buquebús. El escribano también registró en el acta que hubo puja entre los oferentes cuando en verdad eso no ocurrió. Según el tribunal, eso fue un error involuntario de Seitún.
La situación procesal de Fernando Lorenzo, quien fue procesado sin prisión junto con Calloia, no se vio modificada porque el ex ministro de Economía no apeló la decisión de la jueza De los Santos.
Lorenzo fue electo diputado en las elecciones celebradas el 26 de octubre y la Corte Electoral lo habilitó para asumir la banca luego de que su candidatura fuera impugnada por el legislador colorado Ope Pasquet.
