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    Fiscales se asesoran sobre sus “derechos” frente a los “sumamente frecuentes” pedidos de información del jerarca del organismo

    El 2016 fue un año agitado en la Asociación de Fiscales. En junio Juan Gómez renunció a la Presidencia del gremio, molesto por acusaciones de que era demasiado cercano al jefe de la Fiscalía, Jorge Díaz. Por esos días se discutía en el Parlamento una nueva ley orgánica para el organismo —que fue aprobada en diciembre— y algunas de sus disposiciones molestaban a un sector de la asociación, que quería una oposición más firme a los cambios.

    Luego de la salida de Gómez ocupó el cargo de forma temporal el fiscal Gustavo Zubía, con un estilo más confrontativo y crítico de las políticas de Díaz. Ese perfil se mantuvo en la nueva Directiva de la asociación, cuando en las elecciones de diciembre ganó la Lista 7 —la única que se presentó porque los opositores a esa corriente no consiguieron definir una estrategia común— presidida por Dora Domenech y con Zubía en la vicepresidencia.

    “Antes la actitud de la Directiva de la asociación era algo diferente, o al menos los fiscales lo veíamos así. Muchos se habían apartado porque no se sentían identificados, y criticaban que aparentemente la asociación aceptaba absolutamente todas las propuestas de reforma sin manifestar discrepancias y sin defender los intereses de los fiscales”, dijo Domenech a Búsqueda. “Nosotros tenemos una actitud de asumir posturas tendientes a defender esos intereses”, sintetizó.

    Esa impronta parece reflejarse en las primeras actividades que organizó la Directiva. A comienzos de año, por ejemplo, la asociación decidió asesorarse sobre los “derechos” de los fiscales frente a los pedidos de información del jerarca de la institución. Para eso organizó una jornada con su asesor jurídico, el abogado constitucionalista Daniel Ochs, quién redactará un protocolo sobre cómo actuar ante esas situaciones.

    “Muy mal parados”.

    El fiscal de Corte tiene la potestad de solicitar a los fiscales información sobre el estado de las causas o sobre las razones por las que tomaron determinadas decisiones. El año pasado, por ejemplo, Díaz pidió un informe al fiscal Ricardo Chiechi luego de que “Subrayado” informara que la Justicia había archivado dos veces una denuncia contra un padre que dejó embarazada a su hija. Tras analizar el informe, Díaz dijo en conferencia de prensa que se habían cometido “horrores inexcusables”.

    La severidad del anuncio molestó a algunos fiscales, que sintieron que su jefe estaba exponiendo al colega frente a las cámaras de televisión y se quejaron de la falta de respaldo del jerarca.

    Otros casos que trascendieron públicamente fueron el pedido de información a la fiscal Ana María Tellechea luego de que Búsqueda informara sobre el archivo de una denuncia contra un cuidacoches que tuvo relaciones sexuales con una menor de edad, y el informe solicitado a la fiscal María del Huerto Martínez sobre un robo que generó polémica entre las autoridades de la Justicia y el Ministerio del Interior.

    Según Domenech, “los pedidos de informes son sumamente frecuentes”, y se dan “fundamentalmente” en temas de violencia doméstica. Con los anteriores fiscales de Corte las solicitudes de información no eran tan asiduas y “no trascendían del ámbito institucional”, aseguró. “No estábamos acostumbrados a este tipo de reprimenda pública. Y discrepo frontalmente con que se trata de barrer abajo de la alfombra. Se puede ejercer la autoridad y controlar haciéndolo en el ámbito privado de la institución, con la discreción que siempre caracterizó a ese tipo de procedimientos”, dijo.

    “No es bueno para la imagen del fiscal que ese tipo de observaciones se haga por los medios de prensa”, afirmó. “No nos han hecho bien psicológicamente esas situaciones que se dieron con algunos colegas. Nos ha dejado muy mal parados en la sociedad”, añadió.

    Con ese mar de fondo, y tras recibir “inquietudes de varios socios referentes a las solicitudes de información que provienen de la Fiscalía General”, la asociación decidió asesorarse, explicó Zubía a Búsqueda. “Varios fiscales tienen la preocupación de cómo contestar, sobre todo en casos de presumarios (la investigación previa a iniciar el juicio) y cuando la información se pide de forma urgente”, afirmó.

    Durante la jornada, realizada en febrero, Ochs sugirió a los fiscales considerar el estado procesal de la causa, porque si se trata de un presumario hay una reserva impuesta por la misma ley, que el fiscal debe tener en cuenta, relató Domenech. “Entendemos que en esos casos el jerarca no puede exigir que explique cuáles son las particularidades de la causa o las decisiones que el fiscal está tomando”, afirmó.

    “Ochs llegó a manifestar, con muy buen tino, que cualquier interés, por pequeño que sea, de la jerarquía en la tramitación de un asunto, tiene una incidencia en los hechos” —añadió Zubía— y “más que nada en los presumarios, porque el administrado observa que el jerarca tiene interés en el tema”.

    A su vez, hubo acuerdo entre los presentes en que no corresponde que el jerarca solicite información “de forma inmediata”, dijo Domenech. “Se entendió que el fiscal puede tomarse un plazo mayor de esas pocas horas que generalmente establece la resolución del fiscal de Corte”.

    Zubía explicó que debido a “la alta posibilidad de autoincriminación” que conllevan esos informes, el constitucionalista manifestó que tienen derecho a contar con plazos más extensos para responder. Ochs dijo también que en esas situaciones los fiscales tienen derecho a tener asistencia letrada.

    Domenech señaló que la ley orgánica de la Fiscalía aprobada en diciembre consagra la independencia técnica de los fiscales, que consiste “en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca”. Al mismo tiempo, “el fiscal de Corte tiene derecho a controlar el desempeño de los fiscales”, añadió. Por eso, “necesitábamos tener una posición general en cuanto a cómo equilibrar esos dos principios”, dijo.

    “Concluimos que sería muy interesante hacer un protocolo de actuación, que esté por escrito, que no será preceptivo, pero sí de orientación en la actuación de los fiscales”.