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Una de las dificultades que ha generado el nuevo Código del Proceso Penal, que entró en vigencia el pasado noviembre, es la relación entre policías y fiscales. Es que los policías se quejan de que tienen menos libertad para actuar y que los fiscales demoran en darles autorización, lo que afecta la eficiencia del trabajo: “Estamos de manos atadas”, repiten en las comisarías.
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A raíz de esas dificultades, y para asegurar que todos los delitos tengan un fiscal responsable que habilite la actuación de la Policía, la Fiscalía General aprobó el martes 8 una resolución que modifica y agiliza la asignación del trabajo.
La resolución, a la que accedió Búsqueda, dice que es necesario “ajustar los procedimientos de comunicación entre la autoridad policial competente y la Fiscalía” en lo que refiere a las “noticias criminales” que no se tratan de flagrancias (cuando el delito se detecta in fraganti) o urgencias. Los delitos urgentes tienen respuesta inmediata, pero las restantes denuncias pueden tardar en ser asignadas a un fiscal.
Para dar más “flexibilidad y dinamismo”, a partir del 21 de mayo cada noticia criminal será de inmediato preasignada a una Fiscalía, según un régimen que tendrá en cuenta la especialización de las sedes, las competencias y el turno.
En caso de que la Policía “advierta que existen elementos probatorios suficientes o la posibilidad cierta de obtenerlos que ameriten la rápida activación de la investigación con el fin de aclarar el hecho”, podrá comunicarse vía telefónica con el fiscal asignado.
Deberá informar los detalles del hecho al fiscal y explicar “las razones que a su juicio justifican iniciar rápidamente la investigación”. Esa comunicación podrá darse únicamente en días hábiles, en horario de 10:00 a 18:00.
El fiscal dictará las órdenes que entienda pertinentes, y decidirá si se continúan las indagatorias o si se archiva.
Fuentes de la Fiscalía dijeron a Búsqueda que la medida busca eliminar el “pretexto” de la Policía de que no actúa porque no tiene “un fiscal asignado”. Es un “primer paso fuerte” en la dirección de ajustar un funcionamiento que ha generado cortocircuitos en los primeros meses de la reforma, afirmaron.