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    Flexibilidad impostergable

    N° 2070 - 07 al 13 de Mayo de 2020

    El dato de inflación de abril, que alcanzó a 2% y a 10,86% en los últimos 12 meses, provocó algo de preocupación por el potencial impacto que podría tener en las negociaciones salariales. Eso se debe a que si ese guarismo llega a alcanzar un 12% en un período de 12 meses, según los convenios laborales vigentes, implicaría la aplicación de la cláusula “gatillo” para compensar la mayor inflación.

    Pero así como las proyecciones de crecimiento, de inflación, de déficit fiscal, de suba del dólar, de creación de empleo y tantas otras quedaron totalmente obsoletas por la llegada del Covid-19, lo mismo debería ocurrir con las pautas de los convenios salariales vigentes, que también tendrían que adaptarse a las realidades poscrisis sanitaria.

    La destrucción de empleo que ya se venía observando desde fines de 2014, se potenciará como resultado de la pandemia del coronavius. Lo mismo ocurrirá con la incipiente reducción de los salarios reales que ya se venía registando en los últimos meses. Empresarios, trabajadores y gobierno lo más que podrán intentar será tratar de minimizar las pérdidas de empleo y de salario real, pero lamentablemente de ninguna manera podrán neutralizar el fenómeno. De la misma manera, tampoco el gobierno y los empresarios podrán evitar que muchas empresas queden por el camino y que la mayoría de las que sobrevivan deban reducir sustancialmente su actividad.

    Plantear la vigencia del “gatillo salarial” en las circunstancias actuales es una quimera. En caso de efectivamente utilizarse, lo único que conseguiría es acentuar la caída de empleo, acelerar todavía más la inflación y causar a la larga una pérdida mayor del salario real y sobre todo de la masa salarial, por el doble impacto de menores puestos de trabajo y un salario real que seguramente caería más fuertemente ante la aceleración de la inflación.

    Ya antes del Covid-19 era evidente que los salarios reales promedio de la economía uruguaya debían bajar, siendo el síntoma más claro de que habían quedado desalineados de la realidad la persistente destrucción de puestos de trabajo. De hecho, si se tomara el salario de los casi 60.000 trabajadores que ya habían perdido sus empleos desde fines de 2014 hasta ahora, es claro que el salario real promedio de la economía ya estuvo cayendo durante todo el período previo a la crisis sanitaria.

    Si es claro que las condiciones actuales no son adecuadas para comenzar una nueva ronda de negociaciones salariales, como lo han reconocido y aceptado tanto empresarios como trabajadores y gobierno, también debería ser muy claro que no tiene ningún sentido plantear la vigencia de la “cláusula gatillo”, que fue pensada para una realidad totalmente diferente a la que nos toca vivir en la actualidad.

    La lógica preocupación por mantener el empleo —en realidad, por intentar que se pierdan la menor cantidad de puestos de trabajo posible— que señalan tanto el gobierno como los empresarios y el PIT-CNT, en ausencia de un brote súbito de productividad, implica aceptar que los salarios reales van a profundizar la caída. Si se va a insistir con la negociación colectiva, quienes participen deberán tener la flexibilidad suficiente como para producir condiciones para que el proceso tenga los menores costos posibles, y se pueda llegar rápidamente al nuevo equilibrio de salario real/empleo que generan las nuevas y deterioradas condiciones globales que tendremos por delante al menos por los próximos dos años.

    Lejos de pautas globales y “cláusulas gatillo”, si realmente se quiere minimizar la pérdida de puestos de trabajo, la situación particular de cada empresa en cada sector de actividad debería ser el criterio básico para fijar los salarios nominales en cada unidad productiva. Esto es debido a que la crisis sanitaria ha acentuado todavía más la dispersión en el valor de la productividad marginal del trabajo entre las diversas firmas y los distintos sectores de actividad. En definitiva, ahora más que nunca la flexibilidad en el mercado de trabajo debería ser impostergable.