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El nuevo Código del Proceso Penal (CPP) tuvo un comienzo difícil. Tras algunas semanas de implementación, las cifras de delitos subieron, la cantidad de presos cayó y el número de expedientes tramitados por la Justicia se redujo. A eso se sumó un incremento inesperado de las denuncias, que sobrecargó a una ya desbordada Fiscalía.
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Pero algunas estadísticas recientes parecen indicar que las cosas van mejorando. De acuerdo a un estudio elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General, al que accedió Búsqueda, en los primeros cinco meses del nuevo CPP la cantidad de formalizaciones se duplicó.
La semana pasada el Poder Judicial informó en el Parlamento que si se comparaba la cantidad de procesamientos en febrero de 2017, previo a la reforma, con las formalizaciones en el mismo mes de 2018, la cantidad había caído a la mitad. (En el nuevo sistema la formalización implica que se le inicia un juicio a un sospechoso, algo similar al procesamiento en el antiguo código).
De acuerdo al análisis detallado mes a mes de la Fiscalía, la cantidad de formalizaciones creció sostenidamente desde noviembre y los números se acercan cada vez más al viejo sistema.
No obstante, de acuerdo al análisis detallado mes a mes de la Fiscalía, la cantidad de formalizaciones creció sostenidamente desde noviembre y los números se acercan cada vez más al viejo sistema.
El estudio toma como referencia el total de procesamientos de octubre de 2017 (975), mes previo a la reforma. En noviembre el número cayó considerablemente, con 368 formalizaciones. En diciembre subió a 503, en enero casi se mantuvo (505), en febrero ascendió a 586 y en marzo trepó a 732.
Ese mes se alcanzó así un número equivalente al 75% de la cantidad de procesos iniciados en el último mes de aplicación del sistema viejo. “Más allá del punto de partida, se advierte que la eficacia medida en términos de casos formalizados se va recuperando rápidamente en los meses posteriores”, evalúa el informe.
Por otra parte, plantea que la experiencia internacional indica que “un cambio tan radical en el proceso de administración de Justicia exige reacomodos muy sustantivos”, por lo cual recomienda que las evaluaciones acerca de la eficacia “de los nuevos procesos se evalúen pasados al menos dos años de iniciado el cambio”.
El informe concluye que el número de casos formalizados indica que a pesar de las dificultades iniciales, la implementación del CPP “mejora y se va acercando rápidamente a los niveles de eficacia esperados”.